Las excepciones para construir torres u hoteles enfrentan en Maldonado al Partido Nacional con el Frente Amplio. En enero hubo al menos tres votaciones que cruzaron a la bancada blanca con la oposición por la política del intendente fernandino Enrique Antía de impulsar las inversiones. En el primer mes del año, la Junta Departamental de Maldonado aprobó la viabilidad de un proyecto de hotel sobre la playa La Juanita, a pocas cuadras del faro de José Ignacio; habilitó la construcción de una torre en un expredio de Ancap, a metros de Gorlero; y revalidó la excepción para la construcción de una torre de 63 metros de altura en un padrón que tiene habilitados 45 metros, cerca del mar, entre las paradas cinco y seis de la playa Brava de Punta del Este.

En la sesión de la Junta del lunes 29, cuando se aprobó revalidar la excepción para la torre, el edil frenteamplista Joaquín Garlo Alonsopérez cuestionó la política de excepciones y exoneraciones del gobierno departamental. “No todas las excepciones son iguales. Algunos son apartamientos mínimos a la ordenanza y hay otras que son enormes excepciones, que además engrosan los bolsillos de los desarrollistas en detrimento de los intereses del pueblo de Maldonado”, dijo el curul del MPP, quien aseguró que desde 2016 hasta este verano la Junta aprobó más de 130 excepciones. En diálogo con El País, aclaró que se refiere a “las 130 más pesadas, porque de las chicas hay más”.

El edil citó en la sesión de la Junta un estudio publicado en 2018 por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y la Universidad de la República, titulado “Análisis de la política de exoneración tributaria y flexibilización urbana en el departamento de Maldonado”. Allí se toma una muestra de 30 excepciones aprobadas por la Junta y se estima que la Intendencia renunció por concepto de tasas de edificación a $ 75 millones, y por Retorno por Mayor Valor Inmobiliario (RMVI) a $ 38 millones. El edil recordó que a esos montos debe sumarse la exoneración de la contribución inmobiliaria, que no fue calculada.

Para el proyecto de torre que da a la calle Rosa de los Vientos, la Junta aprobó este lunes, además de la habilitación para construir a una altura mayor a la permitida en esa zona, la exoneración del RMVI, un impuesto que se le cobraba a los proyectos beneficiados con alguna excepción.

En 2017 se aprobó inicialmente esta excepción para construir un bloque alto en la manzana ubicada sobre la rambla costanera. En 2022 se gestionó la reválida del permiso de construcción, porque no había podido iniciar las obras en el plazo establecido, que vencía el 30 de abril de 2019, y este lunes la Junta la aprobó.

La directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Soledad Laguarda, explicó a El País por qué recomendó aprobar la exoneración y la excepción, lo que se concretó días atrás en la Junta. En esa manzana rigen dos parámetros, uno para la mitad que da a la rambla de la Brava y otro para la mitad que da a la calle Juana de América. “Se trata de un predio que está ubicado en dos zonas: a parte del lote, le corresponden los parámetros de la zona 1.3.1 La Pastora y a la otra parte, la 1.3.2 La Pastora Resto. Cada una de estas normativas tiene distintas alturas máximas y la franja de 100 metros sobre la costanera Brava (1.3.1 La Pastora) tiene una franja de 45, y la 1.3.2 (La Pastora Resto) tiene 63. Lo que pidieron es tener la misma altura a lo largo de toda la torre; no que tuvieran una parte de 45, un escalón, y que subiera a 63. De eso consta la excepción”, resumió.

Caropint SA recibió la aprobación para construir allí la torre de 24 pisos destinada a viviendas. La directora de Urbanismo justificó por qué vale la pena la excepción: “Es un terreno que está entre dos ordenanzas y la aplicación estricta de la norma me daría un edificio que un sector tendría una altura y de repente haría un escalón y bajaría de 63 a 45. Que el edificio mantenga la altura para el entorno urbano, para la ciudad, es absolutamente tolerable; le hace bien al proyecto y a todo lo que pasa alrededor, (mejor) que la aplicación estricta de la norma”.

El edil Garlo Alonsopérez discrepa. “Que se pueda construir en determinada calle no es fundamento para seguir aprobando hacia el norte las construcciones en altura, porque si no se desnaturaliza la zona, que es lo que nosotros queremos evitar, queremos preservar las características de la zona”, dijo a El País.

Tras los argumentos urbanísticos hay una premisa del gobierno. Laguarda confirma que atraer inversión y generar empleos es “el argumento que impulsa al intendente a abrirse a la recepción de iniciativas que no se ajustan a la ordenanza”. Entonces, cuando recibe consultas sobre excepciones, la jerarca recorre el lugar y se pregunta: “¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué hay enfrente, atrás, adelante? ¿Realmente hay un deterioro, el balneario se perjudica o hay una propuesta de valor? ¿O puedo transar en algunos temas con el objeto de que se instale este tipo de programa?”

En los últimos meses, remitió a la Junta 13 solicitudes de excepciones de torres u otras obras importantes. Laguarda destaca que en 2023 se les dio el final de obra a 1.000 expedientes. “Acá hay una gestión muy importante que se ajusta a las ordenanzas”, destacó.