Por Eduardo Barreneche y Joaquín Silva
La remoción de la cúpula policial por orden del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, generó ayer la mayor crisis en esta fuerza de lo que va de este gobierno.

El primer mandatario relevó al director Nacional de Policía, Diego Fernández, y al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, como adelantó ayer de tarde El País. Y ya se dispusieron los relevos: el nuevo comando de la Policía pasará a estar integrado por el hoy jefe de Policía de Florida, José Manuel Azambuya -quien fue director de la Policía Científica-, por el actual jefe de Colonia, Jhonny Diego -que ocupará la subdirección policial- y por el todavía director Nacional de la Educación Policial, Efraín Abreu, que estará de “número 3” en sustitución de Berriel.

Como muchas determinaciones políticas importantes, la resolución tomada ayer por el gobierno no fue de improviso sino que fue luego de un proceso de análisis de Presidencia y el Ministerio del Interior que llevaba semanas.

Pues desde hace tiempo que había consenso en que el tiempo de trabajo desde marzo de 2020 a la fecha ha generado un natural “desgaste” de gestión en Fernández y en la cúpula policial, a lo que se sumó el impacto que supuso la imputación a fines de setiembre del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, que mantuvo varias comunicaciones con jerarcas policiales en las que pedía favores varios a Berriel y varios otros.

Las implicancias de ello y las novedades que fueron surgiendo desde entonces sobre esta causa supusieron un impacto duro para la Policía. Porque pese a que Fernández no ha sido, hasta ahora, involucrado en la causa, están directamente implicados el exsubdirector Nacional de la Policía, Héctor Ferreira -que fue mencionado en varios chats con el excustodia del presidente, y que renunció por esto mismo el 6 de diciembre- y Berriel, ambos investigados por la fiscal de Flagrancia de 12° Turno, Gabriela Fossati. Se los indaga por sus contactos con Astesiano, eventual tráfico de influencias y supuestos abusos de funciones.

Según los chats en poder de la Fiscalía, Ferreira y Berriel proporcionaron apoyo policial a Astesiano para solucionarle problemas personales. Y, en una ocasión, Ferreira tramitó una reunión de Astesiano con el director General de Fiscalización de Empresas, Henry de León, por una multa que había recibido una empresa no habilitada propiedad del excustodio. Ferreira ordenó a De León que recibiera a Astesiano pese a que este se encontraba de licencia.

Fernández también sentía que había cumplido un ciclo, según indicaron a El País fuentes de su entorno. En el último tiempo ha comunicado que estaba “cansado” y con “ganas” de dar un paso al costado.

Y, de hecho, como parte de un mismo conjunto de decisiones, en las últimas semanas él se encargó de comunicar directamente las novedades de los cambios a varios de los jerarcas policiales que hoy tendrán nuevos destinos.

En el oficialismo también había quienes entendían que las características de Fernández eran propicias para el inicio del nuevo gobierno, cuando el don de mando y autoridad -eso que buscó imprimir el fallecido ministro Jorge Larrañaga-, y lo que vagamente suele llamarse “vieja escuela”, eran componentes necesarios para producir un rápido efecto de respaldo político y moralización en los uniformados, pero que en la etapa actual se necesitaba “otro perfil” de conducción.

De manera que quedará atrás un estilo de mando “vertical” -según lo describen varios policías-, sin medias tintas para impartir órdenes de conducta, como lo hizo días atrás al prohibir a todos los policías hacer “ningún comentario” sobre el nuevo plan anunciado por Heber para atacar las causas estructurales de la violencia en los barrios periféricos, tal como se escucha en un audio del ahora exjerarca policial que se hizo viral.

Fernández tiene una larga carrera en la Policía. Formado en la Guardia Republicana, ocupó importantes cargos en la fuerza, antes y después de pasar a retiro en 2011, cuando asumió como Jefe de Policía de Montevideo, durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). En 2013, luego de una polémica vinculada a irregularidades y a un posterior allanamiento en la seccional 3ª.

Desde entonces, estuvo fuera de la actividad policial hasta que Larrañaga lo designó como máximo jerarca de la Policía cuando asumió en 2020 y llevó adelante una gestión que no estuvo exenta de polémica. A poco de asumir, por ejemplo, en junio de 2020, Fernández dispuso la restitución de la placa del inspector general Víctor Castiglioni -policía acusado de cometer violaciones a los derechos humanos durante la dictaduras- en el salón de actos de la Dirección de Información e Inteligencia. Ante un aluvión de críticas, Larrañaga ordenó dar marcha atrás con esa decisión.

Según un audio al que accedió El País, en un grupo de Whatsapp en el que están todos los jefes de policía y directores nacionales de esa fuerza, Fernández informó allí que había sido cesado “oficialmente” de su cargo “por así haberlo dispuesto el presidente de la República”. Poco después, en otro chat, Berriel se sumó al mensaje de Fernández y confirmó que fue “relevado como subdirector” y que acompaña las palabras del director nacional. “Más adelante hablaremos y muchas gracias por los servicios prestados”, finaliza el escueto envío.

Los cambios en el comando de la Policía generarán otros movimientos para llenar las jefaturas de Colonia y de Florida, la de Flores -en la que también habrá novedades- así como en la Dirección Nacional de Educación Policial. Más temprano, consultado por El País, el ministro Heber, se limitó a decir que explicará todos los cambios en una conferencia de prensa que se realizará hoy a las 12.30 horas.