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"Aquello que no se legisla explícitamente para el débil, se legisla implícitamente para el fuerte”. La frase del pensador y político argentino Raúl Scalabrini Ortiz, está sobre el escritorio de la diputada frentista Cristina Lustemberg. Muy cerca, sobre una pared, un collage de fotos muestra a una decena de niños sonrientes. Son, cuenta, algunos de los pacientes que atendió en su profesión de pediatra. Ambos detalles, afirma, le hacen recordar cuando llega a su despacho cuál es su función.

La legisladora, líder del sector Participar, Articular, Redoblar (PAR) -que apoya la candidatura del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a la Presidencia- logró algo que, en el actual clima político, suena lejano: un acuerdo entre todos los partidos para aprobar en forma conjunta un proyecto de ley. Se trata de una iniciativa denominada Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que procura reorganizar las políticas públicas hacia esa población y aumentar su eficiencia. Allí se intenta alcanzar una estrategia única a nivel nacional.

Pasaron seis años, dice en diálogo con El País, desde que comenzó a trabajar en esta iniciativa. En 2019 el proyecto se aprobó en la Comisión de Población y Desarrollo de la cámara baja pero fue archivado por “falta de tiempo” para su consideración. Tampoco había en ese momento, reconoce, un clima “demasiado favorable”. Ni político ni electoral.

Lustemberg retomó la tarea en esta legislatura y, siendo opositora, construyó un acuerdo tras múltiples contactos y un diálogo que incluyó al presidente Luis Lacalle Pou, con el que la diputada dijo haber tenido el mes pasado un encuentro “excelente” y con el que llegó a una conclusión común: las políticas de infancia en Uruguay están muy fragmentadas.

El objetivo es asegurar la cobertura del 100% de los niños y adolescentes. Se trata, dijo, de un “cambio de paradigma” en la concepción de las políticas públicas.

Lustemberg cuestiona que hoy la lógica de las políticas destinadas a la infancia son netamente sectoriales, lo que marca la asignación del gasto haciendo que, en la práctica, muchas acciones se superpongan y tengan un alcance limitado. También, que el país, una nación de ingresos medios según los parámetros internacionales, gasta cuatro veces menos en políticas para la niñez y la adolescencia que sus similares más desarrollados.

Las cifras que cita son elocuentes: unos 150 mil niños que viven hoy en Uruguay lo hacen bajo la línea de pobreza. Unos 30 mil lo hacen en emergencia habitacional. Y uno de cada cuatro hogares en los que viven menores presentan algún tipo de dificultad para alimentarse.

Lustemberg remarca que la inversión en infancia resulta rentable hasta desde el punto de vista económico. Allí cita al economista estadounidense James Heckman, que señala que el “retorno” de esta inversión es de entre el 7% y el 10% anual. “Más que los fondos de inversión”, remarca.

El 9 de agosto es el día acordado para que el proyecto sea aprobado en Diputados. Será “el día en que todos los partidos políticos con representación parlamentaria se pongan de acuerdo en concebir a la infancia y a la adolescencia como una prioridad”. Si no, insiste, Uruguay no será viable como país. Será un acuerdo, como dice el propio texto, en “dejar de lado las mezquindades y réditos políticos, en pos de los que no votan”.