"Se acabó el recreo”, fue la frase del senador Guido Manini Ríos que marcó la campaña electoral de 2019 del debutante Cabildo Abierto. Desde un primer momento, el partido quería que se aplicara “mano dura” en materia de seguridad pública. A más de tres años de que asumiera la coalición, los cabildantes entienden que el Poder Ejecutivo no los escuchó. Por eso, señalan desde sus filas, redoblaron la apuesta en la interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber y presentaron una moción en su contra.

El partido cree que las cifras de seguridad podrían ser mejores si se hubieran aplicado las medidas que propusieron, aunque también responsabilizan a los gobiernos del Frente Amplio de la situación actual. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que realiza Cabildo Abierto? A continuación, un repaso por los puntos más importantes.

El asesor en seguridad de Cabildo Abierto, Jorge Gómez Arbiza, explicó a El País que es necesario lograr un “dominio territorial”, algo que a su entender se perdió a raíz de varias medidas que tomó el Frente Amplio. Para los liderados por Manini se logrará recuperar este con una “potenciación de las seccionales” al dotarlas de los “medios materiales legales y administrativos”.

El comisario mayor retirado cree que se dio una “línea del tiempo del deterioro”, que comenzó en 2010 cuando se realizó una reorganización de la Guardia Republicana. El principal cambio -recordó Gómez Arbiza- es que pasó de depender de la Jefatura de Policía de Montevideo al Ministerio del Interior. Otros de las modificaciones del FA que criticó fueron la “disolución del cuerpo Radio Patrulla y la Dirección de Grupo de Apoyo”, entre otros varios cambios en direcciones y divisiones en ese sentido. También cuestionó las modificaciones en la Ley Orgánica Policial donde se le “atenuaron” las “potestades legales” de las distintas seccionales.

Cabildo Abierto planteó en la mesa interpartidaria la necesidad de “desarrollar una verdadera Policía de cercanía, no solo orientada a prevenir, disuadir y reprimir el delito, sino también a solucionar problemas de convivencia en sentido amplio”.

La medida, dice Gómez Arbiza, hará que el “vecino gane más confianza y le aporte mucha más información a los policías”. También es consciente de que es necesario un “cambio” en la fuerza de seguridad para cortar con un “círculo vicioso” y que la población “cambie de opinión” sobre los oficiales y la institución.

Los liderados por Manini creen que se “deberían realizar todos los esfuerzos posibles y exhaustivos, para transitar caminos creativos que permitan la implementación” del trabajo obligatorio para las personas que están privadas de libertad.

“Cabildo Abierto está convencido que ayudaría a generar en ellos la aptitud para el trabajo, apoyando su rehabilitación y reeducación, evitando las posibles reincidencias, o como se expresa en parte del artículo 26 de la Constitución, asegurar la profilaxis del delito”, señala el documento que se entregó al Ministerio del Interior en el marco de la mesa interpartidaria de negociación.

Es otro de los puntos en lo que se hace hincapié. El partido político comparte el “mejorar el estado de bienestar físico, mental y ocupacional del personal policial y sus familias”. Así lo explicó en su documento de devolución al Ministerio del Interior sobre las propuestas de seguridad de los partidos políticos. Pero también señaló que no “comprenden las razones por las que no se ha abordado este tema y no se ha reforzado la Dirección Nacional de Sanidad Policial para lograr este objetivo durante los tres años que lleva la actual administración”.

Por su parte, Gómez Arbiza indicó que “se han atenuado” las “barreras de perfil psicológico” de ingreso de la Policía.

“Vulgarmente hemos escuchado que, si no servís para Policía, no servís para nada. Sin embargo, no cualquier persona sirve para cumplir esa función”, comentó. Y añadió: “Hay un contacto con el estrés y la miseria humana... Muchos médicos argumentan (enfermedades presentes en los funcionarios) como la carga del estrés al largo plazo. Hay personas que ingresan por una necesidad económica y sin vocación, y después se descubren falencias como que uno se desmaya al ver sangre”.

Desde hace “mucho tiempo”, contó Gómez Arbiza, “se venía insistiendo con la creación de una Policía rural y ecológica”, pero quedó pendiente la segunda parte. Sus cometidos serían “prevenir agrotóxicos, el combate a la destrucción del monte indígena y los recursos ambientales, y a la contaminación”, entre otros.

El sistema actual -explicó Gómez Arbiza- no tiene en cuenta lo que se llama “antigüedad calificada”. Y esto, sostuvo, “parte de un paradigma un poquito discriminador”. La crítica es a un cambio en la metodología que aplicó el gobierno del Frente Amplio y que esta administración mantuvo, y que implica no valorar lo tan expuesto al riesgo que puede estar cada policía.

“La carrera policial tiene muchos riesgos y si van ascendiendo los que están menos expuestos a este, se desmoraliza” la Policía, comentó. Y añadió: “Haces lo imprescindible y no más allá de tu deber (...) Se premia el solo hecho de que no tuviste sanciones grandes o que tenés cierta línea de conducta”.