TRIBUNAL DE HONOR 

Las declaraciones del coronel (r) Gilberto Vázquez reunidas en actas del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas de 2006, conocidas la semana pasada, generaron polémica en diferentes esferas de la sociedad, tanto por la gravedad de las confesiones, que implican delitos de lesa humanidad, como por el hecho de que se divulgaran casi 15 años después de realizadas. El caso no es sencillo, tiene varias aristas que implican a varios actores, por eso acá siguen las cuatro claves para entenderlo:

El jueves 27 de agosto de este año se publicaron declaraciones del coronel (r) Gilberto Vázquez, en las que confesabahaber torturado y participado de hechos que terminaron en la desaparición de detenidos durante los años de dictadura en Uruguay (1973-1985). 

Las confesiones eran parte de las actas a las que accedió el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, tras realizar un pedido de acceso a la información al Ministerio de Defensa, que luego dieron a conocer El Observador y La Diaria.

El contenido generó polémica, debido a que el gobierno que estaba a cargo en ese año (2006), liderado por el entonces presidente Tabaré Vázquez en su primera administración, no remitió a la Justicia los documentos que hacían referencia a crímenes contra los Derechos Humanos y, en cambio, los homologó. ¿Qué significa esto? Que dio por bueno lo actuado por el Tribunal de Honor.

Las declaraciones del ex comandante fueron realizadas ante un Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas. Estos tribunales, según el artículo 34 del reglamento, "tienen por cometido juzgar la conducta de los oficiales velando por el alto concepto que deben gozar las Fuerzas Armadas de la Nación".

Elena Zaffaroni, integrante del colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se reunió esa noche del jueves 27 de agosto con la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, quien decidió remitir de "forma urgente" los documentos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. El ministro de Defensa, Javier García, decidió por su parte derivarlos al fiscal de Corte Jorge Díaz.

El coronel retirado Gilberto Vázquez fue detenido en mayo de 2006. En ese momento se inició un proceso de extradición a Argentina, donde se lo acusaba por la desaparición de 11 personas y el secuestro y desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, según un informe del Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas realizado por la Facultad de Ciencias Sociales.

El militar fue trasladado en julio al Hospital Militar debido a una dolencia en la próstata y se decidió su internación bajo vigilancia. Sin embargo, durante un "descuido del custodia o del personal que lo recibía en el hospital, se dio a la fuga", expresa el informe.

Ese mismo mes fue capturado y la entonces ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aprobó la creación de un Tribunal de Honor para juzgar la conducta de Vázquez, a pedido del entonces comandante en jefe del Ejército Carlos Díaz.

Durante su comparecencia en el tribunal, el militar fue consultado por su fuga, perodecidió además realizar confesiones referentes a los crímenes cometidos durante la dictadura.

"Acá el Ejército me está mandando preso por las cosas que hice. Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la Gelman, esas porquería no las hubiera permitido de ninguna manera. No hubiera permitido de ninguna manera esa porquería”, expresó Vázquez, según se recoge en el acta N°10 a la que accedió El País.

"Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”, agregó.

Las confesiones realizadas por Vázquez motivaron que los militares que lo estaban interrogando aplicaran "lo dispuesto en el artículo 77" del Reglamento de Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, según lo informado por el ex ministro de Defensa José Bayardi durante el programa Todas Las Voces (Canal 4). Bayardi era subsecretario de Defensa en 2006. 

Este artículo expresa que "cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie".

En el documento también se deja constancia de que fue notificado el entonces comandante del despacho, Manuel Saavedra.

Según el procedimiento, el comandante en jefe del Ejército (en ese momento Carlos Díaz) es el encargado de notificar al ministro de Defensa, en caso de que se presuma que se cometió un delito. Sin embargo, indicó Bayardi, el anuncio no fue realizado.

Una vez finalizado el tribunal se remitieron las actas al área jurídica de la cartera, donde se realizó un informe respecto al contenido del documento y se sugería su homologación, aseguró el jerarca.

Sin embargo, el actual ministro de Defensa, Javier García, informó durante una conferencia de prensa ayer que el documento indicaba en el primer párrafo que en las actas estaban las declaraciones realizadas por Gilberto Vázquez ante el Tribunal.

“El solo hecho de haber leído este informe hubiera determinado que se fueran a leer las actuaciones (del Tribunal de Honor)”, señaló el ministro y aseguró que además fue elevado a Presidencia.

Una vez que se trasladan a la Torre Ejecutiva, es el presidente de la República el que debe decidir si lo homologa o si, en caso de constatar presuntos delitos, lo remite a la Justicia. El mandatario Tabaré Vázquez aceptó la homologación.

“El presidente de la República, con el ministro respectivo, dan una de dos posibilidades: u homologan o no lo hacen. O estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma”, destacó García.

Todos los documentos fueron entregados al fiscal de Corte, Jorge Díaz, por parte de Fabián Martínez, director general de secretaría del Ministerio de Defensa y por tanto actualmente se encuentran en la órbita de la Justicia, que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes. 

El caso fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. El letrado se encuentra investigando otros crímenes efectuados en dictadura. 

Las declaraciones son un "insumo más dentro de la investigación que se está haciendo" contra el represor por dos causas judiciales abiertas, explicó además Perciballe.

Por otra parte, las declaraciones también fueron derivadas al área legislativa, ya que la vicepresidenta Argimón decidió remitirlas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.