Los beneficiarios de cuatro de las viviendas ya ocupadas que fueron adjudicadas en forma directa y sin sorteo por la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, en aplicación de la “reserva de cupos” que decía tener, seguirán viviendo allí y no serán desalojados. La decisión fue tomada por el actual ministro, Raúl Lozano, y obedece a razón práctica.

Una serie de informes jurídicos encargados por el flamante ministro, Raúl Lozano, marca una particular relación entre las partes. Una relación totalmente desigual, en la que “el administrador es potente” y el “débil es al que se le entregó la vivienda. Se aplica entonces, dijo, el principio “in dubio pro adjudicado”: todo lo que esté ocupando la vivienda va a permanecer en ella. “Si hiciéramos lo contrario, estaríamos sometiendo al Estado a que quienes fueran removidos de su vivienda se presenten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, advirtió Lozano ante el Parlamento. Si así lo hicieran, agregó, los informes jurídicos indican que la cifra en perjuicio del ministerio “sería realmente muy importante”.

Lozano aportó la información este martes ante la Comisión de Vivienda del Senado, a la que debió concurrir debido a los recientes hechos de “pública notoriedad” que derivaron en la salida de su antecesora y la necesidad expresada por los legisladores de recibir aclaraciones respecto a las denuncias de adjudicaciones irregulares de unidades habitacionales en esta gestión.

Su intención, declaró, fue dar explicaciones de “qué fue lo que se hizo y cómo se va a seguir adelante”, en torno a una situación que fue descrita por el ministro como “pequeña crisis política”.

De todas formas, el grueso de las explicaciones llegó por parte del director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, que optó por “retrotraerse” a los gobiernos del Frente Amplio para describir el accionar de la exministra y relatar los “antecedentes”, criterios y resoluciones que, a su juicio, fueron “sentando las bases” de la actual normativa. El jerarca sostuvo que de allí sale la “reserva de cupos” para el ministro de turno para asignar viviendas “en situaciones de emergencia habitacional”.

Ceretta se basó en tres aspectos normativos. Uno de ellos el “Programa Unidos en Acción”, firmado a fines de 2008 a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Otro, una resolución de 2009 que destinó a un proyecto de Naciones Unidas un cupo mínimo del 10% de las soluciones habitaciones previstas allí para adjudicarse a programas ejecutados por la Dirección Nacional de Vivienda. Es allí, dijo el director, que se habla por primera vez de la “reserva de cupos”, con determinados requisitos a cumplir por parte de los beneficiarios. Sobre todo en cuanto a ingresos máximos y deudas.

En esa línea, el director nacional de Vivienda apeló a situaciones sucedidas durante los gobiernos del Frente Amplio. Según aseguró ante los legisladores, en los dos anteriores períodos (2010-2020) hubo reserva de 74 viviendas. “En esos casos hay carátulas que hablan de derivaciones directas”, señaló. Ceretta dijo desconocer el criterio que se utilizó en cada uno de ellos.

La sesión se desarrolló con una particularidad: Moreira integra la Comisión de Vivienda. Pero el martes optó por pedir licencia. Su lugar fue ocupado por su suplente, Marcos Methol, que le realizó una pregunta concreta a Ceretta: si esas 74 viviendas fueron ocupadas. “Tenemos esos expedientes, tenemos los nombres de las familias y tenemos toda la información”, aseguró el director. “No la traje porque pensé que no era el tema que se iba a tratar hoy”, reconoció.

Sus afirmaciones fueron contestadas por el senador frenteamplista Óscar Andrade, que le efectuó a Ceretta una precisión: durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, la reserva de cupos se realizaba a pedido de la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de obtener viviendas para testigos protegidos, víctimas de violencia de género o beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social.

Según Ceretta, la administración puede reservar cupos dentro de los programas para adjudicaciones directas, no existiendo norma legal que los prohíba. “Es un instrumento que permite contar con viviendas disponibles para atender situaciones puntuales de necesidad imperiosa”, afirmó.

Acto seguido, Ceretta relató las situaciones actuales. Una de las viviendas está ocupada hoy por una familia.

En otro de los casos, se aprobó el ingreso pero la ocupación todavía no se efectivizó.

En otras tres situaciones hay una “autorización de ingreso”, que consiste en un período de prueba de un año. Existe, dijo, una quinta situación, por resolución ministerial, sin ocupación de vivienda.