A PUERTA DEL SUR

La noticia de que el gobierno dio directamente concesión de seis aeropuertos del interior del país a Puerta del Sur, operador de Carrasco y Laguna del Sauce, generó reacciones tanto a favor como en contra dentro de la propia coalición.

Uno de los que se pronunció al respecto fue el senador blanco Juan Sartori, quien consideró las concesiones con plazos "tan largos" a veces pueden resultar "peligrosos" ya que la situación de las empresas pueden cambiar, indicó este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento.

"La situación o el interés del país puede cambiar y estar en otra dirección dentro de 20 o 30 años. Es difícil preverlo, por lo que me gustaría concesiones más cortas con posibilidades de renegociación", indicó el legislador en referencia al plazo acordado con Puerta del Sur.

En el contrato con la empresa "se extiende el plazo de la concesión en relación con el aeropuerto de Carrasco y los aeropuertos del interior por 20 años adicionales desde el 20 de noviembre de 2033 hasta el 20 de noviembre de 2053", según una comunicación de la firma al Banco Central a la que tuvo acceso El País.

"Creo que hubiera sido mejor una licitación, pero si no había tiempo y tenemos que avanzar en una situación de emergencia, para eso está la potestad del Ejecutivo de avanzar y encontrar una solución", sostuvo Sartori.

Por otra parte, también se pronunció el senador cabildante Guillermo Domenech, quien entendió que "se está procediendo de manera equivocada" ya que "un gobierno, cualquiera sea su signo y aunque nosotros lo apoyemos, no tiene la necesaria legitimidad política como para comprometer al país por períodos tan extensos".

En esa línea el legislador indicó que se trata de un caso similar al del puerto con la empresa belga Katoen Natie o la de la segunda planta de UPM que se está construyendo en Durazno. 

"Esto llega a nuestro conocimiento hoy, mañana tenemos mesa política y hay que esperar a ver si tomamos alguna resolución", respondió al ser consultado sobre si Cabildo Abierto planteará su rechazo frente al Ministerio de Defensa. 

De todas maneras indicó que si los contratos están firmados sería difícil dar marcha atrás debido a que puede suponer "una gran responsabilidad para el país".

Por este motivo, Domenech consideró que el procedimiento fue "cuestionable", ya que este tipo de acuerdos los "debe conocer la población" y "particularmente en profundidad todos los representantes políticos de la ciudadanía". "Este es un gobierno de la coalición y debe actuar como gobierno de la coalición", opinó y aseguró: "Lo que falla es la comunicación". 

De forma contraria se pronunció el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien opinó "es una gran noticia, para el Uruguay y sobre todo para el interior del Uruguay, para el desarrollo integral, para la descentralización", dijo.

En ese sentido mencionó la ley que fue promulgada el 18 de diciembre de 2020 y que facultó al Poder Ejecutivo a "otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por un plazo máximo de hasta 50 años".

"Vamos a hacer un poquito de historia. Radica en un proyecto de ley, para hacer estricta justicia, del gobierno anterior, que preveía un sistema integrado de aeropuertos con las dos opciones legales: la extensión de la concesión que está prevista en la ley que se siguió discutiendo en 2020. Hubo aportes de todos los partidos, se mejoró y se votó con los votos de todos los partidos", recordó. 

La ley, indicó, habilita a extender la concesión en este caso del aeropuerto de Carrasco y como contraparte se permitía "habilitar como aeropuertos internacionales en seis localidades del interior". 

 "Hace muchos años que no había inversiones en los aeropuertos del interior que hoy tienen una capacidad muy limitada", dijo.

En la misma línea habló el senador blanco Gustavo Penadés, quien consideró que llamar a licitación sería "una contradicción" y explicó: "Si usted extendió la concesión del Aeropuerto de Carrasco a los actores concesionarios y como contrapartida era que tenían que encargarse de las obras de los otros aeropuertos, tienen que encargarse de la administración también, porque por algo le extendimos el plazo en la terminal aérea de Carrasco. Una cosa estaba atada con la otra", dijo.

Con respecto a la falta de diálogo a la que hizo referencia Domenech, el legislador opinó que "no es así". En ese sentido recordó que la ley que sustenta la decisión, que fue promulgada el 18 de diciembre de 2020, "fue votada por unanimidad". 

"Además de eso, quizás habría que haberles avisado antes, pero gobernar implica que se tengan que tomar decisiones todos los días y esas decisiones están enmarcadas en un objetivo que tiene el gobierno y que es el de promover inversiones", expresó.

Penadés indicó que, además, con este cambio se puede apuntar también a que en un futuro aeropuertos que actualmente no reciben vuelos comerciales puedan comenzar a hacerlo.

Cuando se aprobó la ley que facultó al Poder Ejecutivo a llamar a licitación por esos seis aeropuertos (o modificar y ampliar contratos), los legisladores de Cabildo Abierto y Sartori votaron en contra. 

En esa ocasión el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, planteó en sala que "el proyecto encierra una suerte de privatización de aeropuertos internacionales" y agregó que la empresa que tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce queda "en una posición de privilegio" y "va a ser favorecida" ya que "no se establece claramente cuál es la contraprestación y se le prorroga 20 años, porque ya hoy tiene concesión por 30 años desde que comenzó, en 2003 (...) Seguramente es la empresa que va a ser favorecida con esa concesión".