EL VIENTO EN LA PUERTA

La bancada evaluará si le retira la “confianzapolítica” al gobierno por reformar la Fiscalía.

En la bancada de legisladores del Partido Nacional se volverá a analizar "la confianza política" que se diera al gobierno cuando se produjo la transformación de la Fiscalía General en el organismo del presente porque se piensa que, a la luz de los enfrentamientos y complicaciones operativas, quizás sea "hora de reconocer que nos equivocamos" al votar en el Parlamento la iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo que le diera "tanto poder" al fiscal general Jorge Díaz.

La senadora Carol Aviaga, del sector Todos que conduce Luis Lacalle Pou, planteará a sus compañeros la necesidad de revisar la confianza política que se le dio en su momento al Poder Ejecutivo para crear la nueva estructura porque "se le ha dado demasiado poder a una sola persona", dijo a El País, tras las dificultades que se han constatado en el organismo desde antes incluso de la aplicación del nuevo CPP. Por eso, sostuvo que "hay que hacer un replanteo de lo que votamos y las potestades que le dimos" al fiscal Díaz.

Aviaga precisó que "no es un problema con Díaz" sino con "la estructura" que se creó, como por ejemplo el hecho de que la Fiscalía dependa directamente de la Presidencia y por ello escape al control del Poder Legislativo.

Cuando el gobierno remitió al Parlamento en 2015 —al inicio del segundo mandato de Tabaré Vázquez— el proyecto de ley de Presupuesto 2015-2019 para el actual gobierno, incluyó la creación de la Fiscalía General de la Nación como Inciso 33. Entonces en la bancada del Partido Nacional se discutió si se daba el apoyo a la nueva formulación a cargo de la cual estaría Díaz quien ya venía siendo fiscal general desde unos años atrás, cuando la Fiscalía dependía del Ministerio de Educación y Cultura.

Fiscal Díaz entre dos fuegos: críticas internas y de policías"By EL PAIS

MIRA TAMBIÉN

Fiscal Díaz entre dos fuegos: críticas internas y de policías"

Entonces se marcaron entre los blancos dos posiciones, una a favor de dar el apoyo y la otra en contra, detrás de la cual había varios integrantes de Todos. Los cuestionamientos, además de sobre la ausencia de control parlamentario, pasaban porque se trataría de un organismo similar a un ente autónomo, controlado por una sola persona a la cual se le daría "demasiado poder", según un informe que en aquel momento presentara Aviaga.

La legisladora nacionalista cuestionó entonces "la pertinencia de votar la ley" de la nueva Fiscalía y reclamó que no se acompañara la misma en esa parte.

Pero tras algunas discusiones, Aviaga y quienes la apoyaban quedaron en minoría y debieron acatar a la mayoría. El argumento que se les dio fue que había que "dar un voto de confianza al gobierno", aunque ella dejó ver que la nueva Fiscalía no le "generaba confianza", contó a El País.

"Hoy, a la luz de la forma de como se van presentando las cosas, lamentablemente el funcionamiento de la Fiscalía nos va dando la razón" sobre el reclamo de entonces, expresó la senadora.

Una de las cosas que Aviaga cuestiona ahora es la forma en que Díaz se relaciona con las autoridades policiales y del Ministerio del Interior, y tomó la decisión de remitir "un instructivo al ministerio" a los efectos de facilitar la acción conjunta entre ambas instituciones, según se informó en un comunicado conjunto de la Fiscalía e Interior.

También se objeta el "poder" sobre los fiscales, con quienes Díaz ha estado enfrentado en duros términos, sobre todo desde la implementación del nuevo Código.

Si bien la situación generada no se ha tratado formalmente en la bancada nacionalista, el tema ha estado en boca de varios senadores. Para Aviaga "se debe reconocer que uno a veces se equivoca" y que después "en la práctica, las cosas no son tan así", aludiendo doblemente a los senadores de su partido y al gobierno respecto al funcionamiento de la Fiscalía. Por eso propondrá "hacer un replanteo de lo que votamos y las potestades que le dimos" a Díaz. Aviaga destacó que desde un principio "se vio la injerencia del presidente (Tabaré Vázquez) sobre el fiscal general y sobre los demás fiscales con esta forma de organización".

En relación con el CPP, la senadora Aviaga explicó a El País que en lo personal no ha tomado contacto aún con el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento con cambios a la ley 19.293 (CPP) que ayer fuera ingresado al Senado y enviado a la comisión de Constitución y Códigos para su estudio acelerado, según acordaron los partidos de la oposición con la bancada oficialista. (Ver nota aparte)

En un episodio político que no puede desvincularse de lo que se piensa en sectores del Partido Nacional, a comienzos de mayo, el exdiputado Gonzalo Mujica —recientemente aliado político de Lacalle Pou— salió a cuestionar al fiscal Pacheco por el archivo de una denuncia suya contra Aire Fresco, una empresa que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015 y que dirigentes de la oposición vinculan al MLN.

"Los fiscales Díaz y (Luis) Pacheco están dedicados a resolverle un año electoral tranquilo al Frente Amplio", protestó Mujica. "Los fiscales están más dedicados a hacer mandados para el Frente que a hacer justicia", siguió Mujica, y agregó: "Lamentablemente, el fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política".

Un día después el fiscal general le respondió que estaba "politizando la justicia" y que "agravia a la institución" porque los fiscales tienen independencia técnica.

A su vez, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado en el que marca que "no debe olvidarse de la independencia técnica de que gozamos todos los fiscales en cumplimiento de nuestra función".

Por ello mismo "expresiones tales como que un dictamen fiscal es un escándalo", o que el contenido del mismo "contribuye al incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones", o la calificación de un dictamen como "indecente" y además acusar a los fiscales de "hacer mandados y de resolver el año electoral al Frente Amplio", se consideran absolutamente agraviantes e impertinentes".

El Frente Amplio y los partidos de la oposición acordaron aprobar a la brevedad —si es posible en el mes de junio— una serie de modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP) recientemente vigente por el cual se ajustan disposiciones sobre el procedimiento policial.

El proyecto del gobierno ingresó ayer al Senado y fue derivado a la comisión de Constitución y Legislación cuyo presidente, el oficialista Charles Carrera, ayer mismo en plena sesión del cuerpo entabló contactos con los senadores Pedro Bordaberry, Luis Alberto Heber y Pablo Mieres y llegó a un acuerdo para tratar desde el martes próximo el proyecto de ley en la comisión.

Para los senadores de la oposición el proyecto con los cambios "le da mucha más claridad a la acción policial", lo cual allana las posibilidades de que se apruebe con muchos votos. El problema puede estar en la interna del propio Frente Amplio por el rechazo inicial del sector de Constanza Moreira, Casa Grande.

Semanas atrás, a propuesta del senador Mieres (Partido Independiente), autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General y de la Suprema Corte de Justicia concurrieron a la comisión de Constitución del Senado para explicar qué ideas tenían al respecto para mejorar la coordinación entre todos los actores involucrados en el combate al delito.

En ese entonces se habían dado una serie de enfrentamientos semánticos públicos entre los distintos responsables del procedimiento policial y jurisdiccional.

En ese ámbito, explicó Mieres, ya se habían dado los lineamientos de estas modificaciones ahora propuestas.

Según el senador del Partido Independiente, el único aspecto del proyecto que puede dar lugar a discusión y demorar su sanción en el Parlamento tiene que ver con la disposición por la que se quita el beneficio de la libertad anticipada en el caso de determinados delitos aunque se trate de primarios quienes los cometan.

Medidas más energéticas

Contenido del nuevo proyecto sobre penas

El Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley con la firma del presidente Tabaré Vázquez, en el que modifica algunos artículos del Código de Proceso Penal (CPP) y apunta a una "mejor coordinación entre policías, fiscales y los tribunales". El proyecto se da en un contexto de críticas cruzadas entre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el director Nacional de Policía, Mario Layera, sobre el fracaso o no en la política de seguridad. Layera había planteado que Uruguay se encamina a un escenario propio de El Salvador o Guatemala. Díaz, en tanto, adelantó que enviaría a Presidencia un proyecto para dejar en blanco sobre negro lo que puede o no realizar la Policía. Los primeros cinco artículos del nuevo proyecto proponen que la Policía tenga "una mayor flexibilidad al momento de trabajar" y asegura "el respaldo legal" para que pueda "hacerlo de forma más eficiente", indica el proyecto de ley. El proyecto sostiene que "durante el proceso de implementación del Código, se han generado distintas interpretaciones en cuanto al accionar policial que debe cumplir en su rol de auxiliar de la Justicia". Y, además, "dicha función no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias". Por otra parte el proyecto modifica los requisitos para disponer la prisión preventiva, excluirla para casos de reincidencia, reiteración o habitualidad y armonizar el criterio de la preceptividad para la prisión preventiva en caso de pena de penitenciaría. Para el caso del Proceso Abreviado también se proponen modificaciones y se apunta a la tipificación legal del delito en sí mismo y no a la tipificación del Ministerio Público.