Danza suma otra irregularidad en ASSE: firmó una contratación con mutualista en la que trabajó hasta el año pasado

La situación del multiempleo en que se encontraba hasta noviembre del año pasado el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, no quedó en el olvido luego de que el jerarca anunciara, en una conferencia de prensa acompañado por la ministra Cristina Lustemberg, que daba un paso al costado en todos los centros de salud en que se desempeñaba para concentrarse exclusivamente en la función pública. Esa definición fue tomada luego de un dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), difundido el mismo 6 de noviembre de 2025, en el que al mismo tiempo que formulaba que no existía "incompatibilidad" constitucional en el hecho de que Danza trabajara como médico en varias mutualistas al mismo tiempo que dirigía ASSE, también exhortaba al jerarca a que, "en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses", se abstuviera de "participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad e imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos".

Lo cierto es que, pasado ese tiempo, y mientras en filas del Partido Nacional continúan trabajando en una denuncia penal contra Danza (ver recuadro), el titular de ASSE tomó una decisión que lo dejó en contradicción con un artículo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), la normativa que regula el funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, tras una consulta de El País ayer por la tarde, Danza respondió horas después de que estaba "al tanto" de lo sucedido y que, como ya se verá, dio instrucciones para enmendar un error que "se lo comió todo el mundo", no solo él.

El artículo del Tocaf en cuestión es el 71, y dispone que "los ordenadores, asesores, funcionarios públicos, aquellos que desempeñen una función pública o mantengan vínculo laboral de cualquier naturaleza, de los órganos competentes de la Administración Pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de contratación cuando" haya vínculos de parentesco pero, también —"en igual sentido", se explicita— "en caso de tener o haber tenido en los últimos doce meses con dicha parte alguna vinculación de índole profesional, laboral o empresarial".

La decisión que tomó Danza y que no se ajustaba a esa obligación —ni a la recomendación que recibió de la Jutep, en un pronunciamiento que fue votado solo por los directores del Frente Amplio— quedó de manifiesto cuatro meses atrás: el 4 de junio. En una resolución de esa fecha, que tiene la firma del jerarca, el directorio de ASSE dispuso la contratación de camas de CTI en cuatro mutualistas, vía licitación pública, entre las que figura La Española, institución en la que Danza se desempeñaba, al menos hasta principios de noviembre, cuando anunció que renunciaba a todas sus actividades privadas. Por ese vínculo laboral, el presidente de ASSE tenía un ingreso mensual de $ 266.000 —de acuerdo a la declaración jurada de ingresos que había presentado ante la Jutep en 2025.

En el acta de la resolución de ASSE, a la que accedió El País, se decidió descartar —por sugerencia de la Comisión Asesora de Adjudicaciones— las ofertas de camas del Círculo Católico y la Sociedad Médica Universal, "por no presentar las referencias exigidas en el pliego de condiciones, lo que constituye una omisión sustancial de la oferta". En cambio, el directorio sí definió la contratación de camas "de CTI de adultos, niños y recién nacidos en Montevideo de pacientes derivados por las Unidades Ejecutoras de ASSE a través de la coordinación de camas de CTI de SAME 105" a las instituciones Cudam, Casmu, Hospital Evangélico y Asociación Española.

Respecto de la última, se dispuso la contratación de "hasta 720 camas anuales" para CTI y cuidados intermedios (1.440 en total), por un "monto total anual de $ 116.115.120 IVA incluido". Es un monto menor que el acordado para el Casmu ($ 613.925.136, por unas 6.480 camas) y el Hospital Evangélico (que ofrece unas 2.160 camas por $ 246.801.060), pero mayor que el dispuesto para Cudam ($ 56.760.000 para unas 720 camas).

Ahora bien, la resolución quedará en suspenso y se hará una nueva, dijo Danza a El País, aunque de qué forma ocurrirá es algo que el propio jerarca no tiene del todo claro. "Me avisaron la semana pasada de Recursos Materiales... y yo envié una cara este lunes, para que el directorio analizara este tema en mi ausencia", declaró el presidente de ASSE. "Recursos Materiales me avisó el viernes o el jueves pasado y yo pedí que informaran cómo hacer esta modificación para que se ajuste a la normativa —explicó—. Pero básicamente hay que hacer una nueva sesión de directorio para que tome una resolución, en mi ausencia y sin mi firma".

Fue un error, reconoció, que nadie había observado hasta ahora, casi 12 semanas después. "No se observó ese detalle —dijo—. Se lo comió el Tribunal de Cuentas, el auditor delegado, en fin... todo el mundo se lo comió".

La situación ya es analizada en la bancada blanca, que además evalúa si lo ocurrido cuadra en alguna figura delictiva o si se trata solo de una irregularidad. El diputado Amin Niffouri, uno de los más activos en el seguimiento de la gestión de Danza, aseguró a El País que lo que revela la documentación es "una perla más de un collar cargado de ilegalidades e ilicitudes" que el jerarca "viene cometiendo desde hace tiempo".

Por eso resolvió que este nuevo hecho, sin importar que ahora se esté buscando una solución, "tome estado parlamentario" en la comisión de Salud Pública de Diputados, donde pretende que se aborde el asunto.

Pero además pondrá al tanto a la Jutep de esta situación, "ya que hay una clara violación del segundo punto del dictamen" referido a la actuación de Danza, y enviará una carta al presidente Yamandú Orsi "para que determine hasta cuándo va a seguir avalando todas esta irregularidades y a una ministra (por Lustemberg) a la que ya se le ha perdido la confianza".