Por Rosina De Armas
El martes pasado Irene Moreira, entonces ministra de Vivienda, anunciaba “con enorme alegría” la entrega de 24 casas del Plan Avanzar junto al presidente Luis Lacalle Pou. Menos de 24 horas después, a raíz de la adjudicación directa de una vivienda a una militante de Cabildo Abierto, su puesto quedó en jaque y suscitó una verdadera tormenta política, con la posibilidad certera de que la coalición de gobierno se rompa y que los cabildantes deban entregar todos sus cargos.

La ahora exministra se negó a abandonar la sede de la cartera durante la tarde de ayer, donde incluso brindó una conferencia de prensa para referirse a su situación, pese a que el primer mandatario ya le había pedido la renuncia.

La concatenación de hechos desde que Radio Universal publicó la noticia, que incluyó una conferencia de prensa donde el senador cabildante Guido Manini Ríos pidió a Lacalle Pou que reviera la decisión, desencadenó pronunciamientos de todo el espectro político.

Desde el Frente Amplio lisa y llanamente tildaron la entrega de la vivienda como un acto de corrupción y, por estas horas, evalúa la presentación de una denuncia penal. El tema ya fue elevado a la Junta de Transparencia y Ética Pública.

La bancada opositora en el Senado comenzó ayer a analizar la documentación que el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, presentó para justificar el accionar de su esposa, Moreira. La oposición pidió en las últimas horas el apoyo de su equipo de abogados para terminar de sustentar un convencimiento concreto que va cobrando fuerza con el correr de las horas: la actuación de la jerarca estuvo fuera de la normativa y, al entregar en forma directa y sin sorteo una vivienda a un militante de su partido, además de un acto clientelar, representó un delito.

“No renunciamos a ninguna acción”, dijo a El País el senador Charles Charrera. Desde el equipo legal opositor entienden que, por lo menos, el accionar de Moreira configura dos acciones previstas en el Código Penal. A su juicio, los delitos que se podrían configurar en este caso son el abuso innominado de funciones y la conjunción de interés personal y del público.

“Cabildo Abierto y la ministra pretendieron confundir a la población: no existe norma para tener un cupo ministerial para darle una vivienda a una persona de su partido. Si eso se hace es corrupción”, valoró el senador Alejandro Sánchez, por su parte, en rueda de prensa.

También el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, fue categórico al hablar de “clientelismo” en una rueda de prensa que brindó en la Huella de Seregni de tarde. Y enfatizó que la única forma de frenar este tipo de situaciones es cambiando el gobierno, lo que implicaría el retorno de la coalición de izquierda en 2025.

“El gobierno debería solucionar los problemas de la gente y en vez de solucionarlos les genera todos los días un problema nuevo. O es una vivienda otorgada de forma directa, no aclaran el caso Marset, no se termina de aclarar las responsabilidades políticas en el caso Astesiano y en los problemas que derivó como el seguimiento a dos senadores de la República. Gobiernan de espaldas a la gente”, sentenció.

Otros dirigentes fueron más conciliadores. El diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos pidió en Twitter: “Debemos respaldar al presidente ante la crisis institucional generada por la ministra insurrecta. Hasta febrero de 2025 los ministros los define Lacalle Pou y no un generalote prepotente. La conferencia de prensa en el ministerio es una provocación inadmisible y de tinte golpista”.

Los socios de la coalición de gobierno, en tanto, defendieron en bloque la decisión del presidente.

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, que ha tenido desencuentros con Manini Ríos en estos años de gobierno, expresó su visión a través de la red social Twitter. Allí señaló que con su decisión, el primer mandatario “reivindicó la importancia de actuar en base a normas jurídicas y evitar el manejo discrecional y arbitrario para determinar el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios públicos”.

El expresidente Julio María Sanguinetti, actual secretario general del Partido Colorado, citó a una conferencia de prensa en su casa para abordar el tema. “Es obvia la renuncia de la ministra. Es obvio que va a renunciar”, vaticinó el expresidente.

No obstante, valoró que Cabildo Abierto debería mantenerse dentro de la coalición de gobierno. “Yo puedo no haber estado de acuerdo con algunos episodios o renuncias, pero más allá de eso la coalición ha seguido. Se nombra a un sustituto y se mantiene el equilibrio. Creo que sería lo deseable (que la coalición continúe), no es un tema de incendiar la pradera”, agregó, y destacó la “sensibilidad política” de su partido, que también enfrentó las renuncias de cuatro ministros colorados: Ernesto Talvi (Cancillería), Germán Cardoso (Turismo), Carlos María Uriarte (Ganadería) y Adrián Peña (Ambiente).

Sin ostentar un cargo político, pero con la capacidad de marcar agenda intacta, el exsenador colorado Pedro Bordaberry también respaldó a Lacalle Pou. “Es roja directa”, señaló en su cuenta de Twitter.

El senador nacionalista Jorge Gandini señaló a la prensa que “el país” pierde con este episodio. “Cabildo tiene un papel muy importante, pero también tiene que resolver cuál es su posicionamiento para adelante”, remarcó.

A pesar de que en la conferencia de prensa del mediodía Manini Ríos estaba rodeado por senadores y diputados de su bancada, no todos los cabildantes están de acuerdo con el camino adoptado por Moreira.

El director de Ancap por Cabildo Abierto, José Luis Alonso, fue uno de los primeros dirigentes en desmarcarse de la decisión de Manini Ríos. “Lo menos que podemos hacer es respetar las decisiones del presidente”, subrayó en diálogo con El País, y aclaró que hablaba “en nombre de muchos cabildantes”.

“Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que, si el presidente de mi país pide que renuncie alguien a un cargo que es de su confianza, eso no se cumpla de inmediato y sin resabios”, declaró el jerarca.