Redacción El País
El presidente electo, Yamandú Orsi y su partido, el Frente Amplio, así como el sistema político en general, se enfrentarán a varios desafíos y problemas en este 2025. Y el futuro gobierno tendrá cinco años para intentar resolverlos, sin mayoría en la Cámara de Diputados, lo que no es un detalle menor. La inseguridad es la principal preocupación de la gente -así lo marcan los sondeos- y la pobreza infantil es una problemática pendiente, alcanzando a uno de cada cinco niños. A esto se suman otras cuestiones: hay más de 600 asentamientos y es preciso atacar, también, la deserción estudiantil y el desempleo en los más jóvenes.

Tras cinco años de gobierno de Luis Lacalle Pou, la administración saliente luce algunos números a su favor -es el caso de la caída de todos los delitos, menos los homicidios-, cifras -aunque discutidas- que muestran mayores niveles de egreso en educación primaria y media, así como una caída del desempleo. No obstante, todo el sistema político ha coincidido en que aún queda mucho por hacer. Aquí 10 de los principales desafíos de la próxima administración frenteamplista.

La seguridades el principal tema de preocupación de la ciudadanía, según las encuestas. En el primer semestre del año se cometieron 180 homicidios y hubo 9.514 denuncias de rapiñas y 55.090 de hurtos. Por otra parte, este año se alcanzó un nuevo récord de personas en prisión, ya que hay a más de 16.300 reclusos, lo que marca una tasa de crecimiento de 7% estimada con respecto a 2023. Esta situación carcelaria, el narcotráfico y el lavado de dinero son tres frentes abiertos. En los últimos días desde el FA se dieron señales que dan a entender que habrá cierta continuidad, manteniendo incluso al colorado Diego Sanjurjo dentro del MI.

Otro de los desafíos es lograr un mayor crecimiento de la actividad económica nacional, necesidad de la que hablaron los dos candidatos que llegaron al balotaje. La economía uruguaya creció 0,6% en el tercer trimestre del año frente al segundo trimestre y en la comparación interanual (tercer trimestre de este año respecto a igual período de 2023) el PIB aumentó 4,1%, según el Informe de Cuentas Nacionales divulgado en diciembre por BCU. La economía también se verá marcada por lo que suceda en cuanto a la seguridad social. Orsi prometió en campaña que quien quiera jubilarse a los 60 podrá hacerlo -algo que se cambió con la reforma.

Foto: Estefanía Leal.

El cierre de Casa de Galiciay la intervención al Casmu prendieron luces amarillas sobre la marcha del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Pese a los aportes de trabajadores y empleadores al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Rentas Generales desembolsó en 2023 el récord de US$ 821 millones para atender el déficit del SNIS. En paralelo a los ajustes que requiere el sistema, los suicidios y los problemas de salud mental obligan a mejorar la atención en estas áreas. Cristina Lustemberg impulsó, durante la campaña, la realización de una nueva reforma del sistema, tal como lo hizo Tabaré Vázquez en su primer mandato.

A nivel nacional, el 21,7% de los trabajadores eran informales en octubre, es decir, que no hacían aportes a la seguridad social. Al diferenciar por departamento, los que tienen un problema mayor son Artigas con el 48,1% de los trabajadores en “negro” en el tercer trimestre, y Cerro Largo con el 42,3%. Otro desafío es el empleo juvenil: un informe del CED de 2023 dice que el país tiene “tasas de desempleo particularmente elevadas (a nivel internacional) y brechas respecto al desempleo total de la población llamativamente altas”. A octubre de 2024, el desempleo estaba en 7,3%. En marzo de 2020, al asumir Lacalle Pou, era de 10,1%.

Este gobierno creó un Ministerio de Ambiente que intentó -sin éxito- crear delitos ambientales, tema que se podría retomar en la próxima administración. Otro de los temas pendientes es la gestión de ciertos residuos, para los cuales se articulan planes de recuperación con los privados. También están en agenda la instalación de plantas de hidrógeno verde y el Proyecto Arazatí para la potabilización de agua -en este último punto, Lacalle Pou se ha mostrado decidido a avanzar con la firma del proyecto antes de dejar el poder. Además se deberá continuar con el control de los impactos ambientales de los diferentes sectores productivos.

Foto: Fernando Ponzetto

El 9,1% de las personas en Uruguay era pobre en el primer semestre del año, lo que significa que a 91 de cada 1.000 no le alcanzaban sus ingresos para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias que se miden para el indicador. Además, uno de cada cinco niños de menos de seis años era considerado pobre y casi el mismo nivel -solo un poco menor- se encontró entre los de seis y 17 años. En tanto, el 0,4% de la población vivía debajo de la línea de indigencia con un ingreso mensual menor a $ 5.623. En este sentido, el gobierno entrante ha dicho que tiene decidido aumentar las prestaciones del Mides.

Uruguay siempre busca mejorar su colocación de bienes y servicios en el mundo, y aunque el gobierno intentó varios TLC -China, Estados Unidos, Turquía- o ingresar al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, no logró concretar ninguno de estos objetivos. También siempre está sobre la mesa el nivel de flexibilización del Mercosur. De enero a octubre, las exportaciones de bienes sumaron US$ 10.807 millones, dando un aumento interanual de 14%. Orsi se ha mostrado cercano a Brasil, viajando a visitar a Luiz Inácio Lula da Silva, a pocas horas de su triunfo. No obstante, también ha dicho que espera vincularse con Javier Milei.

En el país aún hay más de 600 asentamientos y darles una vivienda digna a las personas que viven allí es otro de los desafíos del próximo gobierno, al igual que impulsar la mejora de la calidad y el acceso a las viviendas para jóvenes y jubilados, así como también para determinados funcionarios, como los policías, como se ha propuesto el gobierno entrante. La administración Lacalle Pou, en tanto, aspira a haber intervenido en marzo de 2020 -según cifras del Ministerio de Vivienda- en 120 asentamientos, habiendo generado beneficios para unas 50.000 personas. La inversión, han señalado desde la cartera, ha sido de US$ 480 millones.

Archivo El País

En educación, uno de los principales desafíos es la reducción de la deserción estudiantil. En 2023 el egreso estudiantil se ubicó en 56,4%. Por otra parte, los alumnos de la escuela pública no asistieron casi un mes a clases en promedio en 2023. Hay grandes diferencias si se analiza por quintiles, dado que el valor más alto de asistencia insuficiente se dio en las escuelas Aprender, donde va la población más vulnerable. El gobierno entrante deberá debatir qué continúa y qué no de la Transformación Educativa. En tanto, Orsi ya prometió abrir mesas de diálogo con sindicatos y volver a incluir a los docentes en el gobierno de la educación.

Orsi no tendrá un escenario favorable de gobernabilidad puesto que deberá ejercer el poder sin mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, lo que lo obliga a negociar. Los caminos son dos, ir por miembros de la Coalición Republicana -donde algunos aspiran que su funcionamiento sea el de un bloque, y se deba negociar con todos los partidos a la vez, lo que parece poco probable si se tienen en cuenta declaraciones públicas de algunos de sus principales referentes- o por los dos diputados de Identidad Soberana, la fuerza de Gustavo Salle, que llega por primera vez al Parlamento en este año 2025.