Redacción El País
Que los funcionarios de alto nivel (presidente, ministros, subsecretarios, directores generales, secretario de la Presidencia, etcétera) no puedan asesorar a empresas privadas mientras están en el sector público, que los delitos de corrupción no puedan prescribir, y que la Junta de Transparencia y Ética Pública se transfiera al Tribunal de Cuentas.

Estas son algunas de las 10 propuestas que presenta el colorado Pedro Bordaberry, en plena campaña electoral a la que aspira al Senado, para “reforzar los mecanismos de control y ética en la gestión pública para garantizar una administración más transparente y honesta”.

Dentro de las 10 propuestas está que los funcionarios que representan a su sector deban rendir cuentas anualmente de su gestión. Así como que se prohíba la publicidad en las empresas públicas monopólicas “salvo en el caso que sea para promover algunos de sus servicios que se encuentra en competencia”, de acuerdo a un documento al que accedió El País.

A su vez, pretende que se suspenda la “contratación de nuevos funcionarios en la administración pública durante cinco años, con ciertas excepciones” como el personal policial y docentes “de la ANEP, de la Udelar, de la UTU y de los demás centros de educación dependientes del Estado”.

“Prohibición de nepotismo” es el nombre de otra de las medidas, que es la prohibición de “realizar designaciones y contrataciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Estado, que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta, como en línea colateral, y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja”, con personas como el presidente y vicepresidente, los ministros, los subsecretarios de Estado, el secretario y prosecretario de la Presidencia, el director y subdirector de OPP, entre otros.

Otra propuesta es prohibir el bloqueo a usuarios en “cuentas oficiales de redes sociales gubernamentales”.