Uruguay se ubicó en el puesto 14 entre 180 países en el año 2022 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional (IT), lo que lo posiciona con mejor puntaje de las Américas, junto con Canadá. De todas maneras, hay luces amarillas encendidas, como la omisión del senador nacionalista Juan Sartori por no presentar su declaración jurada de bienes e ingresos completa, por lo que fue intimado por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

TI es una organización privada que cumplió 30 años y se financia principalmente con proyectos de la Unión Europea y agencias de cooperación internacional, aunque también de empresas, como el fondo Siemens. El IPC mide la percepción de corrupción del sector público de los países anualmente desde hace 26 años, en base a otros índices que emergen de 13 estudios respecto a la calidad institucional, el riesgo país y el estado de derecho, entre otras variables. Pocos casos suelen mover la aguja del índice, y uno de ellos pudo ser el que protagonizó el exvicepresidente Raúl Sendic.

Sartori, Sendic, el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y el narcotraficante Sebastián Marset fueron algunos nombres mencionados en “Diálogo abierto sobre la corrupción en el Uruguay y en la región”, un evento organizado por la sede uruguaya de World Compliance Association en el que participó Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI.

La referente internacional planteó que “casos de corrupción hay en todos los países”, pero “la diferencia es la reacción” de la sociedad y el sistema político ante estos desvíos. Tras ponderar las fortalezas institucionales de Uruguay, recordó que en el país hubo casos que “han trascendido internacionalmente, como el ‘underweargate’, que afectó a un vicepresidente”. Underwear significa ropa interior en inglés, y así aludió la presidenta de TI al caso Sendic, ya que compró con una tarjeta de Ancap un short para uso personal.

“Ese es un caso paradigmático de respuesta eficiente, que en las conversaciones o en la literatura internacional se equipara con el Tobleronegate y la reacción de los países escandinavos frente a la corrupción. Me parece que en reacción están mejor ubicados que el resto de nosotros”, dijo Ferreira Rubio, que es argentina y aludía así a los países de la región.

¿Qué es el Tobleronegate? En 1995, Mona Sahlin, vice primera ministra de Suecia y la preferida en las encuestas para suceder al primer ministro, renunció a su candidatura y a la política (aunque a los dos años regresó) cuando se supo que había comprado una barra de chocolate de la célebre marca con una tarjeta de crédito oficial. El caso dejó la vara alta y Suecia ocupa hoy el quinto lugar del IPC. En los primeros cuatro puestos aparecen otros tres países escandinavos: Dinamarca, Finlandia y Noruega.

Al comparar el caso Sendic con el Tobleronegate, la presidenta de TI destacó que “la reacción institucional del partido político” (el Tribunal de Ética del Frente Amplio resolvió que hubo un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”), “la reacción del propio funcionario” (que renunció a la vicepresidencia tras este informe, y luego de otras cuestiones, como mentir en cuanto a un título de licenciado) “y de la sociedad es lo que hace la diferencia en cómo es percibido Uruguay” a nivel internacional.

Del otro lado de la balanza aparece la omisión de Sartori ante la Jutep. “Las declaraciones (juradas) tienen que ser completas, públicas y actualizadas”, y resultan “indispensables en la lucha anticorrupción”, dijo la presidenta de TI, quien aclaró que está al tanto de la resistencia del senador a completar la suya. “Esa transparencia es un mecanismo esencial para evitar conflictos de interés. Si no tenemos esa información o es simplemente un ejercicio de tildar casilleros con información que nadie controla es un nuevo engaño a la ciudadanía”, sostuvo. “Las declaraciones como mecanismo anticorrupción son centrales y deben comprender a los familiares, porque si no es muy fácil desapoderarse (...) con mujer, su primo y ser un don nadie económico absoluto, cuando eso no se trata sino de una fachada”, concluyó.

La presidenta de Transparencia Internacional (TI) fue consultada sobre el impacto que podrían tener los casos Marset y Astesiano en el Índice de Percepción de la Corrupción. “No podría decir porque tampoco es que trasciendan las fronteras de Uruguay. Cuando estaba preparando esta charla y aparecieron estos dos nombres fui a buscar qué habían hecho estas dos personas para enterarme. No creo que institutos que hacen investigaciones internacionales estén muy al tanto de estos casos”, respondió Delia Ferreira Rubio.

Luego, aclaró que el índice se mueve con escándalos como Lava Jato, donde hubo “11 países latinoamericanos involucrados y dos países africanos con exactamente el mismo esquema de corrupción”.

Por su parte, Ricardo Gil Iribarne, exsecretario antilavado y expresidente de la Jutep, que también participó el miércoles del “Diálogo abierto sobre la corrupción en el Uruguay y en la región”, coincidió con Ferreira Rubio, y planteó que estos casos “no van a tener un gran efecto a nivel internacional ni del índice”, aunque aclaró que “sí han tenido un mal efecto a nivel local, por esa sensación de que pasan las cosas y no hacemos nada, y porque no ha habido respuestas claras a esas dos situaciones”.

La presidenta de TI dijo que “Uruguay ha tenido más problemas a nivel global por lavado de dinero, cuentas off-shore, la fabricación o registro de empresas fantasmas, que por algo que haya pasado en el sector público relativo a contrataciones o infraestructura”, y destacó que, a diferencia de muchos países, no tuvo escándalos de corrupción por compras o privilegios de gobernantes durante la pandemia.