La introducción de dos decretos reglamentarios ha posicionado a Uruguay en la lucha contra la piratería en la región y el mundo. Uno de los decretos habilita a titulares de señales y a cable operadores para bloquear temporalmente sitios web y servicios de IPTV por 30 días, mientras que el otro permite a los titulares de derechos bloquear eventos deportivos en tiempo real. El primero de ellos, el de 30 días, ya se encuentra en funcionamiento, mientras que el segundo está siendo trabajado en la comisión establecida por la ley, que incluye a Ursec, con distintos actores de la industria televisiva de Uruguay(Andebu, DirecTV, Tenfield y CUTA) y los ISP para su implementación.

El decreto reglamentario de la ley Nº 19.924 de 18/12/2020 artículo 712, establece que los titulares de servicios de televisión para abonados, ante “la difusión de señales de televisión a través de internet o red similar”, pueden presentar ante la Ursec una denuncia con carácter de declaración jurada “a fin de que la Unidad evalúe la misma y disponga, si corresponde, la notificación a plataformas y/o intermediarios independientes o bien la disposición de un bloqueo electrónico temporal que resulte necesario para impedir el acceso desde el territorio nacional a las direcciones IP (protocolo de Internet) y/o dominios de Internet (DNS) y/o URLs (localizador uniforme de recursos)”.

A su vez, el otro decreto reglamentario de la Ley Nº 20.075 de 20/10/2022, artículo 233, permite a la Ursec solicitar a los proveedores de acceso a internet (ISP) la inhabilitación en tiempo real del acceso a transmisiones ilegales de eventos deportivos en directo, dentro de los 30 minutos posteriores a la denuncia. El titular de los derechos de transmisión del evento deportivo puede presentarse ante la Ursec para que emita una medida cautelar y bloquee en tiempo real únicamente los derechos amparados en esa medida cautelar, para posteriormente presentar ante el organismo regulador todas las pruebas recabadas sobre la vulneración realizada por los sitios web e IPTV ilegales.

“Esto surgió porque Loterías ya estaba haciendo bloqueos para los juegos clandestinos por internet. Este es el antecedente legislativo directo. Y si el Estado podía con una actividad privada, ¿por qué los particulares no?”, dijo a El País, Fernando Couto, abogado penalista, representante de la Cámara Antipiratería del Uruguay y de AF&M (Legal and Technological Solutions in Anti-Piracy), un equipo de profesionales en las áreas legal, comunicación y tecnología, con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento.

“Este es el resultado de un arduo trabajo que tuvo toda la industria en Uruguay para lograr que se dictaran las dos normas legislativas. Y después, un gran trabajo para que se reglamentara y salieran los decretos para habilitar el funcionamiento práctico. La Ursec lo está trabajando de forma excelente. Uruguay, con estos dos decretos, se ha transformado en un líder regional y mundial”, destacó Couto.

Jorge Bacaloni, gerente regional de Antipiratería en DirecTV y presidente de la Alianza contra la Piratería de Televisión Paga -una asociación formada en 2013 que opera en toda América Latina con el objetivo de combatir la piratería audiovisual-, también ponderó el papel uruguayo en este tipo de legislaciones.

“Uruguay viene siendo pionero siempre en materia de antipiratería. Tanto con la regulación de prohibir la importación de decodificadores, que fue la primera y que después se ha trabajado en otros países, como con el tema de bloqueos. Históricamente siempre ha tenido un rol muy protagónico”, señaló a El País.

Foto: Archivo El País

Bacaloni remarcó que existen “grandes organizaciones” detrás de la piratería y de este tipo de páginas web, que buscan socios para extender el negocio y contar con más presencia en todos los países de la región. Uruguay no escapa a esto, con un 45% de los hogares que han accedido a piratería. “Esto es un promedio, que en Uruguay es más elevado que en la región, que está en 40,8%”, detalló.

“Sabemos que hay gente que los maneja (a esos portales) no solamente desde América Latina, sino también desde China. Siempre articulan, obviamente, con servicios legales”, prosiguió el titular de Alianza. “Tenemos más de ciento y pico de dominios que están vinculados con el mismo servicio que van operando a nivel regional. Las páginas gratuitas tienen ganancia por publicidad, y las aplicaciones y demás que te venden el contenido cobran una suscripción, con lo cual tienen ganancia también por suscribirse. Ese imaginario de que algo de esto puede ser gratuito o que no tiene un impacto es irreal”.

De su lado, Martín Motta, que al igual que Couto forma parte de AF&M, recalcó el hecho de que Uruguay, a nivel latinoamericano, se ha convertido en la nación con “mayor penetración de conectividad” y que, por esto, no debe sorprender ese acceso a la piratería entre la población uruguaya. La empresa ha desarrollado el sistema VICAP, que permite rastrear, mapear, analizar y recopilar pruebas de los sitios ilegales y servicios de IPTV, que contribuyen “significativamente” a la lucha contra la piratería en el país.

“Hablamos que cada usuario tiene al menos 2,1 conexiones a internet y eso es lo que está pasando, o sea, que las probabilidades y las posibilidades que vos tenés de acceder a una conexión de alta calidad son muy grandes. Además, Uruguay ya tiene desplegado en todo el territorio nacional el 5G, lo cual da muchas ventajas para acceder a servicios ilegales que requieren buena conexión”, dijo a El País Motta, quien tiene una maestría en Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, y más de 15 años de experiencia en piratería digital.

“Llevamos 232 bloqueos realizados”, y hay 35 que están pendientes de resolución, en realizados a través de la ley Nº 19.924, informó. “Actualmente y para todos los casos no encontramos un solo sitio que tuviera al menos un contenido legal. Ahora, bloqueamos librefutboltv.net que es uno de los más grandes. Si ves el top 10 de consumo, cada sitio más o menos tiene entre unos 8 y 10 millones de visitas, es decir, que la cantidad de conexiones son muy altas”, añadió. Motta dejó en claro, no obstante, que la efectividad del bloqueo es “muy elevada”.

Los expertos señalaron que los servicios de IPTV en Uruguay utilizan distintos medios fìsicos y electrónicos para cobrar por este servicio ilegal, a través de RedPagos o Abitab, o por medio de transferencias bancarias. “Usan el propio sistema financiero. Mueven mucho dinero”, aseguraron.

Para Juan Andrés Lerena, abogado y asesor legal de Andebu, la toma de señales sin autorización, y ofrecerlos como propios, es una figura delictiva que en Uruguay existe “hace muchos años, a partir de las leyes de derecho de autor”.

“Hemos presentado muchas denuncias penales, y la justicia ha condenado a una cantidad de personas que se dedican a este negocio por cometer varios delitos, violación de la ley de hurto de señales, violación del derecho de autor. Pero sucede que el que ofrece el servicio acá en Uruguay, en general, es el último eslabón de toda una cadena de una organización delictiva internacional”, especificó.

Por ese motivo, es que estos dos decretos vienen a cuento. “Se puede perseguir penalmente a quienes están aquí, dedicándose a esa comercialización, pero no se puede llegar a las figuras más importantes que en general están en otros países. De ahí surgió la necesidad de buscar adicionalmente otros procedimientos, que fueron los que se aprobaron en estas leyes, para tener procedimientos eficaces de poder ir directamente a bloquear estos sitios”, explicó Lerena.

Lerena también destacó el riesgo que corren los usuarios al contratar estos servicios ilegales, al exigir la instalación de aplicaciones en sus dispositivos móviles y/o PC, permitiendo a los piratas extraer información de acceso a cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y más. Además, el acceso a sitios ilegales de consumo “gratuito” descarga malware y otros tipos de archivos que infectan teléfonos y PC, dejando a los usuarios vulnerables a estafas, suplantaciones de identidad y otros métodos delictivos.