Redacción El País
El ministro Javier García compareció este lunes ante la Comisión de Defensa del Senado y explicó que el ministerio denunció en Fiscalía que durante los gobiernos del Frente Amplio se pagó a un abogado para un oficial retirado que estaba radicado en el exterior y fue imputado por violar los derechos humanos.

García expresó que el Ministerio de Defensa culminó una investigación administrativa "que se inició hace dos años a partir de una Auditoría Interna de la Nación sobre el servicio de cantinas militares de las Fuerzas Armadas". "Se detectó que en el período anterior se utilizó plata del Estado para financiar la asistencia jurídica de una persona imputada por distintos delitos de violación a los derechos humanos", agregó en rueda de prensa.

El titular de Defensa señaló que dio cuenta a Fiscalía "para la investigación del hecho, que considero grave, aparte de lo que significa del punto de vista administrativo". García sostuvo que el pago "data de 2019, pero el caso refiere a años anteriores según la investigación".

Sobre el militar, el ministro dijo que era "un oficial retirado, que estaba en el exterior del país". "Surge que el contacto se estableció en 2018, pero no se descarta que sea de años anteriores", acotó.

García dijo que no fue consultado sobre el caso de la funcionaria del ministerio que fue imputada por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Artigas. "Me pidieron terminar con la reunión porque tenían otros compromisos. Venía dispuesto a informar de todos los temas y de lo que los senadores tuvieran cuestiones", dijo el jerarca.

En ese sentido, García reiteró que se trata de "una funcionaria de carrera, de 30 años de antigüedad, que es presupuestada y cumplió funciones en el ministerio". "En el cargo que está hoy (jefa interina de sección notarial) fue ascendida en el período pasado", acotó.

El ministro expresó que le solicitó a los servicios jurídicos de Defensa "que se comuniquen con el Juzgado de Artigas para recibir la notificación judicial" para "iniciar los procesos sumariales" contra esta funcionaria. "Esto (el caso) fue en el área privada, en el ministerio cumple tareas notariales, actas y convenios", aseveró.

Tal como informara El País, la fiscal de segundo turno de Artigas, Sabrina Massaferro, logró este sábado avanzar en la investigación sobre una red de explotación laboral e imputó a seis de las siete personas que habían sido detenidas días atrás.

En total, cuatro hombres y dos mujeres deberán cumplir medidas preventivas a la espera del juicio. Todos son uruguayos excepto una de las mujeres, una psicóloga venezolana.

Los delitos imputados son los de trata de personas y asociación para delinquir.

Por su parte, la senadora frenteamplista Sandra Lazo señaló que desde la oposición no tienen "ningún drama en hablar de lo que sucedió en administraciones del Frente Amplio". "Había un pedido de informes referente a cantinas militares, queremos saber qué sucedió", aseveró.

Lazo expresó: "Hay cuestiones de mucha sensibilidad no tenemos inconveniente en saber qué pasó y seguir para adelante". "No tenemos problema en dar las respuestas que haya que dar, pero las respuestas hoy las tienen que dar los que nos gobiernan, que es esta administración", añadió.

En ese sentido, Lazo hizo referencia a que un tema central de la comparecencia tenía que ver "con el proceso de adquisición de los patrulleros oceánicos". "Hemos seguido minuciosamente" el tema, expresó, y dijo que hubo "desprolijidad en esos procesos que se llevaron adelante" por el ministerio.

"Entendemos que es una cuestión que debe interesar a la población porque hablamos de temas presupuestales. Hay una cifra importante que sale del dinero de todos. Una compra directa donde en el medio hubo renuncias de integrantes de la Armada", concluyó.