Redacción El País
Luego de la interpelación en la Cámara de Diputados a los ministros de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores, Azucena Arbeleche y Francisco Bustillo, por las contrataciones presuntamente irregulares en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande que derivaron en la renuncia de su expresidente, el dirigente del Partido Nacional Carlos Albisu, el gobierno afirma que no hubo ilegalidades.

Ya lo había manifestado en ese tono el presidente de la república, Luis Lacalle Pou, días pasados en una rueda de prensa, y este viernes lo hizo el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien afirmó que “no hay ni ilegalidades ni irregularidades, puede haber discrecionalidad y puede haber abuso de la discrecionalidad”.

Para Delgado, estas situaciones dan “la posibilidad de cambiar para adelante”, aunque advirtió que al tratarse de una comisión binacional, como también lo son las administradoras del Río Uruguay y del Río de la Plata, es necesario conversar con Argentina.

Pero aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya se está encargando de eso. Señaló que ya se trabaja en la elaboración de un proyecto de ley “vinculado a la jurisdicción, competencia y discrecionalidad de las comisiones binacionales, no solo la de Salto Grande”.

Consultado acerca de si sería conveniente que hubiera representantes de la oposición en Salto Grande para que sirvan de contralor, como lo hay por ejemplo en las empresas públicas, Delgado dijo que esa “puede ser de las enseñanzas” que haya dejado este caso.

De todas formas, recordó que en “el primer período de (Tabaré) Vázquez no hubo representantes de la oposición en ningún organismo público” porque el entonces presidente “resolvió no dar participación a la oposición” y que eso “se revirtió en el gobierno de (José) Mujica”.