PASTERA CUESTIONADA

Será presentada el próximo viernes por el abogado Hoenir Sarthou, que representa a varios colectivos que se oponen a la construcción de la fábrica.

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El Estado uruguayo y UPM enfrentarán una demanda civil de US$ 4.500 millones por los daños futuros que podría ocasionar la planta de celulosa que se instalará en Durazno. La demanda, que será presentada por el abogado Hoenir Sarthou el próximo viernes, representa a varios colectivos que se oponen a la construcción de la fábrica.

Según el profesional, en primer lugar se citará a una audiencia de Conciliación al Poder Ejecutivo y a la multinacional y posteriormente se iniciará el juicio. “La demanda se hará en representación de intereses difusos. Será firmada por unas 25 personas representativas de los movimientos que se oponen a la instalación de la planta”, explicó Sarthou a El País.

El interés o derecho difuso es el correspondiente a un grupo de personas que, ante la inminencia de un daño o ante la presencia del mismo, deciden pedir protección a la Justicia. Es decir, cualquier persona tiene legitimidad para iniciar un juicio contra el Estado en caso de percibir que alguna de sus obras o decisiones podrían afectar el interés general.

El Código General del Proceso tiene un mecanismo que permite que cualquier ciudadano actúe ante lo que se denomina intereses difusos. Ello funciona para casos de problemas ambientales. Por ejemplo, si sucede la contaminación de un río, cualquier persona puede reclamar si entiende que hay un daño a otros uruguayos. El demandante no debe probar la legitimidad personal porque no reclama para él.

La demanda que iniciará Sarthou no reclama dinero, sino que se establezca la eventual responsabilidad del Poder Ejecutivo si ese contrato genera daños a la sociedad uruguaya.

Se trata de una demanda condicional o de futuro. Se pide a la Justicia que declare que, dadas las condiciones en que se firma el contrato y los contenidos entre el Estado uruguayo y UPM, ambos se hagan responsable de los eventuales perjuicios que puedan ocasionar el mismo. Esos perjuicios pueden ser económicos, ambientales o sanitarios, explicó Sarthou.

El jurista entendió que la competencia de un reclamo de ese tipo debe recaer en la Justicia Civil, ya que los demandados son el Estado y una empresa privada. “Si hubiera que hacer un monto estimativo de los daños que podría ocasionar la planta a la sociedad uruguaya, se lo debería situar en, por lo menos, lo que invertirá Uruguay en la planta de UPM”, dijo.

La multinacional señaló que la nueva planta le costará alrededor de US$ 2.500 millones. Y el Estado uruguayo sostuvo que invertirá otros US$ 2.000 millones. “Pero los economistas (del movimiento contra UPM) estiman que, entre los intereses de las deudas que va contraer el Poder Ejecutivo, la compra de energía eléctrica y otras obligaciones no estipuladas, Uruguay haría una inversión cercana a los US$ 4.000 millones”, dijo.

El profesional matizó que es posible también que la demanda no incluya una cifra, ya que se no se sabe la entidad de los daños futuros que podría provocar la planta.

En este momento, Sarthou realiza el proceso de selección de las personas que integran el movimiento que se opone a la instalación de UPM en Durazno. “Es muy probable que la demanda se presente a fines de la próxima semana”, sostuvo.

Los movimientos que se oponen a la instalación de la planta se dividen en dos: los que cuestionan el contrato y aquellos que discrepan con el acuerdo y con el proyecto.

Estos colectivos creen que la planta de UPM incrementará la contaminación con fósforo que hoy sufre el Río Negro, la que “supera por cuatro veces” los estándares internacionales.

Por eso, dijo el activista, Víctor Bacchetta, UPM colocó una cláusula que no existía en los contratos de instalación de las otras dos pasteras existentes: se debe asegurar un flujo de agua de 80 metros cúbicos por segundo.

Bacchetta alertó: “Ese planteo de UPM (asegurarse un flujo de agua) es para no agravar la contaminación actual del Río Negro que no es caudaloso en ese tramo”. Y agregó que dicha cláusula obligará al Poder Ejecutivo a usar el agua del embalse de Rincón del Bonete.

El activista concluyó que el mayor problema que tiene este proyecto es que el Río Negro carece del flujo de agua necesario para instalar una planta de las dimensiones la que pretende construir UPM en Durazno.