DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En 2020 hubo más de 150 consultas de mujeres que pretendían interrumpir su embarazo y “no fueron atendidas por el sistema” como debieran. Y esto pasó, en buena parte, como consecuencia de la pandemia.

La cifra fue dada a conocer en el Parlamento por Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud Uruguay (Mysu), cuando asistió para hablar del fallecimiento de una adolescente de 14 años en el departamento de Treinta y Tres, luego de que se realizara un aborto. La joven -que había transitado por todas las exigencias legales para interrumpir el embarazo- terminó muriendo por septicemia.

Más allá del caso puntual, en 2020 se constataron dificultades en el cumplimiento de la ley. “El año pasado tuvimos más de 150 consultas de mujeres que no fueron atendidas por el sistema; hubo irregularidades en el funcionamiento y discrecionalidad en la intervención de los profesionales involucrados en este largo y complejo proceso”, señaló la titular de Mysu, según consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Salud de Diputados.

“Hubo 150 mujeres que vinieron a hacer consultas de distinto tenor. Muchas recibieron mala información del servicio o no las atendieron en los tiempos que correspondían”, explicó Abracinskas a El País. A otras, les dieron horas para realizarse ecografías dos meses más tarde “porque decían que no habían dicho explícitamente que querían abortar”. En algunos casos le mostraron imágenes y sonidos del feto en la ecografía, lo que está prohibido por guía sanitaria. Otras usuarias se encontraron con “falta absoluta” de información en casos de violación, donde los plazos para la interrupción aumentan de 12 a 14 semanas.

Se identificaron una serie de “problemas, barreras y obstáculos en el acceso al aborto legal”, concluyó Abracinskas. Además consideró que hubo “irregularidades en el funcionamiento” y “discrecionalidad en la intervención de profesionales”.

“A la gran mayoría, lo que hicimos fue darles los decretos para que fueran con los mismos a los servicios de salud, tanto públicos como privados”, advirtió Abracinskas, quien además señaló que las mujeres “no solo no fueron bien atendidas, sino que muchas veces no se les dio una respuesta”.

De las consultas que recibe Mysu, “un volumen importante” son de migrantes que no pueden interrumpir el embarazo hasta el año de residencia.

En tanto, Santiago Puyol, responsable del observatorio de Mysu, dijo a El País que una de las consultas más frecuentes son justamente los incumplimientos de los plazos para la consulta conjunta con el equipo interdisciplinario.

La exigencia de la ley supone que el equipo atienda a la mujer (que pretende hacerse el aborto) en un plazo de 36 horas, dado que se permite la interrupción hasta las 12 semanas y 6 días del embarazo. El problema se da en mayor medida en las localidades del interior, porque los equipos trabajan una o dos veces a la semana.

Algo similar sucede con los exámenes, hay denuncias de demoras en las ecografías -solicitadas para el cálculo de las semanas de gestación- y por eso se posterga la consulta con el médico encargado de suministrar el fármaco para la interrupción del embarazo.

Si bien muchos de estos problemas ya se daban con anterioridad, la pandemia generó que esos tiempos se aplazaran aún más, por ejemplo, en el caso de las ecografías.