Luego de la advertencia hecha por Spotify sobre su eventual salida del país, fueron varios los actores locales que salieron al cruce de la plataforma de streaming reivindicando los cambios que pretende introducir el Poder Ejecutivo a la ley de derecho de autor en la Rendición de Cuentas que estudia el Senado.

Sin embargo, la salida no parece sencilla. Y en las últimas horas se sumó la voz de la Cámara Uruguaya del Disco (CUD) que afirmó que los cambios normativos propuestos “afectan y ponen en peligro” su actividad, en coincidencia con Spotify.

A nivel legislativo el panorama se presenta complejo, con visiones diferentes en los sectores de los partidos que integran el oficialismo.

En el Partido Nacional, el senador Jorge Gandini está dispuesto a “propiciar acuerdos” entre la CUD y la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (Sudei) -una de las principales defensoras de la modificación. La intención, por lo pronto, es lograr una redacción de consenso a partir de esos aportes. Si eso no sucede, adelantó que votará el articulado que envió el Poder Ejecutivo.

En diálogo con El País su colega Carmen Asiaín, en cambio, planteó reformar el articulado para precisar que “no supondrá una erogación extra” para las plataformas, sino el “reparto de los recursos entre todos los participantes”.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech está decidido a “acompañar la solución” incluida en la Rendición de Cuentas. “Nos da la impresión de que, en muchos casos, esas plataformas lucran con el trabajo ajeno”, afirmó.

Domenech se pronunció por el “derecho” de los intérpretes a obtener una retribución por su trabajo aunque, al igual que Asiaín, se mostró partidario de un mayor ajuste en la redacción para clarificar los términos.

El senador colorado Adrián Peña afirmó El País su postura personal. “Estoy a favor de la posición de los intérpretes”, dijo y agregó que sería “de estricta justicia”. De todas formas, el coordinador de Ciudadanos llamó a observar que, al votar estas disposiciones, no exista riesgo para el derecho de algún otro colectivo, como por ejemplo, el de autores.

Los cambios normativos, incluso, alinean a la oposición con parte del oficialismo. En el Frente Amplio, Óscar Andrade celebró los artículos y se mostró “molesto” ante las “amenazas” de las plataformas. El senador opositor dijo compartir la “esencia” de los cambios al afirmar que “parece lógico que se proteja a la parte más desprotegida, sin la cual no hay hecho artístico”.

A través de una carta fechada el 30 de agosto y enviada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, la gremial se pronunció en contra de dos artículos en los que se establece el derecho de los intérpretes a percibir una retribución cuando su música sea reproducida a través de streaming.

En su misiva, a la que accedió El País, las discográficas aludieron a esa posibilidad y señalaron que una “parte importantísima” de los ingresos de los productores fonográficos uruguayos proviene de Spotify.

Su salida, se advirtió, implicaría volver a la “piratería” que “obviamente no paga”.

Al respecto, en su carta la gremial salió al cruce de cierta “información falsa” sobre el tema y realizó una serie de precisiones. Allí aseguró que “absolutamente todos los intérpretes” cobran por su trabajo y por la utilización en las plataformas digitales.

Además de la “falta de debate”, la cámara alegó que el texto revela un “desconocimiento” del mercado uruguayo, en donde la música es casi 100% digital. Así, afirmó, a través de los productores, las plataformas ya le pagan a los intérpretes. “Pretender que paguen nuevamente solo ha motivado que reconsideren cesar en su actividad en el Uruguay”, sostuvo. “No hay un real problema a resolver”, se indicó en la misiva. En su visión, el proyecto no beneficiaría a los artistas uruguayos ya que, se indicó, el 90% del repertorio utilizado a nivel local es de origen extranjero.

La CUD agrupa a las compañías fonográficas nacionales e internacionales presentes en el país. Asegura que el 93% de la música de intérpretes uruguayos está registrada por productores que no están vinculados a compañías extranjeras.

Por otra parte, la gremial subrayó que el proyecto, al hacer referencia a producciones audiovisuales, también comprende actores, por lo que afectaría incluso a los titulares de esos derechos.

Además de “desfavorecer la inversión en la música”, la CUD advirtió que también se desestimulará la instalación de plataformas digitales dedicadas a este arte o a la difusión de películas o series.

Finalmente, la cámara sostuvo que el proyecto “avasalla derechos” y desconoce la facultad de cada artista para negociar en forma individual, obligándolos a hacerlo en forma colectiva a través de una agremiación forzada.