ELECCIONES 2019

El próximo gobierno tendrá dos desafíos económicos para atender desde el arranque: las cuentas públicas y el crecimiento de la economía.

Cuando el Frente Amplio (FA) asumió el gobierno en 2005, Uruguay salía de una de las peores crisis económicas de su historia. La economía estaba en crecimiento (se expandió 4,6% el año previo), el déficit venía bajando -había sido 1,92% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2004- y la inflación estaba controlada (7,59% el año previo). Los retos estaban, por un lado en la deuda y por otro en los daños sociales que dejó la crisis.

La deuda pública superaba el 100% del PIB a fin de 2004 y había más problemas: en los primeros tres años de gobierno los vencimientos de deuda eran por US$ 1.000 millones, US$ 1.800 millones y US$ 1.400 millones, respectivamente, y la “caja” (las reservas de la Tesorería) tenía US$ 627 millones.

En el plano social, el desempleo representaba al 13,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) -aunque venía en baja- y la pobreza alcanzaba a 41% de la población y la indigencia (porcentaje de personas que no alcanza a una canasta básica de alimentos) al 6%.

Pasaron 15 años y cambiaron los desafíos. La pobreza en Uruguay alcanzaba en 2018 (último dato disponible) al 8,1% de la población y la indigencia al 0,1%.

El desempleo promedio en nueve meses de este año es 9% de la PEA y viene al alza (se perdieron unos 55.000 puestos de trabajo respecto a 2014).

La inflación es de 8,34% en los 12 meses a octubre.

Si bien el desempleo es un punto de atención, no tiene la urgencia de 2005 y de todas maneras es una parte de uno de los dos retos para el próximo gobierno: el estancamiento de la economía. En el primer semestre del año el PIB bajó 0,1% y lleva cinco trimestres con crecimiento nulo.

Recuperar el crecimiento es clave para generar empleo, pero no es sencillo. El gobierno que asuma el 1° de marzo contará con la ayuda de la segunda planta de UPM y sus obras aledañas en los primeros dos años, pero con ello solo no alcanza. Los analistas prevén un crecimiento de 1,5% en 2020 y de 2,3% en 2021. Ante este escenario se requerirán medidas de estímulo a la inversión (la privada está en 9,1% del PIB, el menor nivel desde 2005).

En una entrevista con el suplemento Economía y Mercado, la semana pasada, la designada ministra de Economía y Finanzas por Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, dijo que “el estancamiento que hoy vivimos en la economía (...) responde a una falta de competitividad transversal. Y allí encontramos la responsabilidad de la política fiscal”.

También en Economía & Mercado, el designado ministro de Economía y Finanzas por Daniel Martínez, Mario Bergara señaló que el crecimiento “va a repuntar (...) a partir de un montón de inversiones que están sobre la mesa que nos permiten ser optimistas de que tendremos tasas de crecimiento de 2% o más en los próximos años”.

El déficit es el otro desafío, para que además la deuda que hoy está en 67% del PIB no se vuelva un problema. El déficit fiscal en los 12 meses a septiembre era de 4,9% del PIB (US$ 2.811,6 millones).

Las calificadoras de riesgo le dan a Uruguay el grado inversor (lo que permite pagar menos intereses por la deuda que hay que emitir para financiar el déficit), pero esperan una señal del nuevo gobierno sobre una baja sostenible del déficit. Principalmente Fitch que ubica a Uruguay en el mínimo del grado inversor con perspectiva negativa.

El problema es cómo bajar el déficit. Subir impuestos, reducir gasto o una combinación de ambos son las medidas de manual. Pero, tienen impactos en el crecimiento de la economía.

Arbeleche dijo que “el ahorro que prevemos en las cuentas públicas” de US$ 900 millones “es para el primer año de gobierno”.

Para Bergara “la forma en que se hace la corrección fiscal puede obstaculizar o no el crecimiento (...) no pensamos que estamos ‘al borde del abismo’ y que es imprescindible pegar un shock de austeridad, un ajuste drástico en las cuentas públicas”.

El analista de Fitch para Uruguay, Todd Martínez, había señalado a El País tras la primera vuelta que “un plan de recorte de gastos podría ser desafiante dada la presión endógena del gasto en Uruguay, la rigidez del presupuesto y más que todo, el riesgo de que podría haber un aumento significativo de las pensiones por su indexación a los salarios” y que por el otro lado, una reducción del déficit “por mayor crecimiento” de la economía “podría ser una estrategia riesgosa”.

Hay un tercer reto vinculado al déficit fiscal: la reforma previsional.

Si bien la Caja Militar y la Policial pagan apenas cerca del 10% del total de pasividades, entre las dos requirieron en 2017 una asistencia financiera del Estado para el pago de las jubilaciones de 1,4% del PIB. Esto equivale actualmente a US$ 803 millones.

Es más de lo que se destina en forma de asistencia al Banco de Previsión Social (BPS), aunque el dinero que da el Estado al instituto asciende a 4,9% del PIB (US$ 2.811,6 millones) si se toman en cuenta también los impuestos afectados -el IASS que paga el 23% de los jubilados, siete puntos de IVA y otros de menor relevancia.

En resumen, el Estado cubre los gastos en jubilaciones del BPS y las cajas Policial y Militar que no logran cubrir los aportes destinados a ello por casi US$ 3.615 millones por año.

Y esa brecha va a ser creciente, porque la solución para los “cincuentones” -personas que tenían menos de 40 años en 1996 cuando empezó a regir el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse por su nivel salarial a una AFAP y ahora se les permitió volver al régimen previo, que genera un ingreso ahora, pero más gasto a futuro. El Ministerio de Economía y Finanzas estimó en 4% del PIB el costo de esta operación (en valor presente neto calculado sobre los próximos 30 años).

Para desactivar esta bomba de tiempo, algo deberá empezar a hacer el próximo gobierno.

Hacia la reforma de jubilaciones que se viene

Arbeleche, señaló en la entrevista con Economía&Mercado que “entendemos que es necesario una reforma, pero no lo estamos concibiendo como la herramienta para solucionar el resultado fiscal en lo inmediato”.

Al respecto, el compromiso de la coalición multicolor establece: “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

Este reto no tiene la urgencia de los otros dos, pero sí requiere que comience a tratarse al inicio del período de gobierno. ¿Por qué? Primero para no terminar con una solución a las apuradas cuando no haya tiempo para hacerlo. Por otro lado porque es una reforma para encarar el primer año de gobierno, ya que a medida que transcurren los años y se acerque el nuevo ciclo electoral es cada vez más difícil de aprobar.

El Partido Nacional a priori no quiere ir con una idea para no dirigir el debate y en ese sentido, eso es lo que primó en el armado del compromiso con los otros partidos. De los socios de la coalición, el Partido Colorado es quien ya tiene una propuesta: por ejemplo que los aportes que el trabajador realice se contabilicen individualmente en una “cuenta nocional” y se capitalicen a una tasa ficta que asegure la sustentabilidad del sistema. Y que el retiro se pueda hacer cuando se alcance cierto nivel para pagar la prestación sin tener en consideración la edad.

El candidato Daniel Martínez se mostró partidario de la jubilación parcial y aspira a un sistema previsional “con sustentabilidad social y financiera”, al tiempo que se mostró favorable de un “modelo flexible, con incentivos para el aporte y la postergación del retiro”.