En los últimos cinco años, el volumen de la población carcelaria en Uruguay creció a un ritmo de casi 1.000 personas por año. A mediados de este año las cárceles uruguayas alojaban a más de 16 mil reclusos, con una tasa de crecimiento de 7% estimada con respecto a 2023.

Al final del año pasado, la tasa de prisionización era de 435 presos por cada 100 mil habitantes, que continúa creciendo hasta hoy y que representa un récord desde que se tienen registros. Eso convierte a Uruguay en uno de los 10 países con más presos en el mundo en relación a su población y el primero en América del Sur.

Así lo indicó este martes el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, al presentar la versión preliminar del Informe 2023 sobre la situación del sistema carcelario. "Es una cantidad llamativamente alta, y constituye una señal de alarma que debe orientar el complejo debate de fondo", advirtió.

Según se detalló en el informe, en el sistema carcelario faltan 3 mil cupos para poder dar respuesta a todos los reclusos, lo que en términos generales representa un índice de hacinamiento de 120%. Petit lo grafica diciendo que faltan seis cárceles para 500 personas cada una que, al terminarse, tendrían una nueva población sin cupo y requiriendo nuevas construcciones.

En su visión, la alternativa real es un rediseño del sistema,con una fuerte apuesta al cumplimiento de medidas alternativas y sustitutivas para quienes cometen delitos leves. Por otra parte, el incremento en la cantidad de población penitenciaria estuvo lejos de ser acompañado con un aumento de recursos para atender y acompasar esa situación.

"Las muy malas condiciones carcelarias de hoy son la fuente de muchos de los delitos del mañana. No habrá seguridad pública sólida sin un sistema penitenciario técnico, rehabilitador y con recursos", sostuvo. Según los datos, el 43% del sistema ofrece condiciones de reclusión "crueles, inhumanas y degradantes", el 40% no tiene acceso suficiente a oportunidades socioeducativas y solo el 17% está en contextos con buenas o muy buenas condiciones.

En el informe se resalta además que el 40% de las personas que están hoy en prisión cumplen penas menores a dos años. Otro 10% está allí por penas menores a un año. Se estima que el 53% "no saben o tienen serias dificultades para leer, escribir y hacer operaciones numéricas básicas". En contrapartida, el sistema sigue registrando una "llamativa cantidad de personas que quieren estudiar pero que no cuentan con cupo".

Además, se indicó que en 2023 hubo 51 muertes en las cárceles, nueve más que en el año anterior. Esto representa el tercer año con más fallecidos bajo custodia desde que se llevan registros, solo superados por los 86 casos de 2021 y los 53 de 2010. Fueron 17 homicidios, 13 suicidios, dos muertes accidentales y 19 no violentas.

Por otra parte,el informe plantea que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) sigue sin cubrir a buena parte del sistema, que sigue siendo asumido - con muchas dificultades - por Sanidad Policial.

En su informe, Petit incluyó 22 recomendaciones para "avanzar en la reforma penitenciaria". La primera, el diseño de un "plan estratégico", con amplios acuerdos políticos y parlamentarios, que permitan la obtención de los necesarios recursos financieros y humanos y que permita el diseño de un "modelo con metas claras" y bases para una reforma institucional del sistema.

Al respecto, se habla de una redefinición del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como un organismo descentralizado, cuyos conductores cuenten con respaldo político e idoneidad técnica.

El comisionado recomendó la creación de centros diferencializados y especializados según la sanción penal que, en los casos de penas cortas, combinen la lógica de la privación de libertad con la reinserción en la sociedad. Petit reclamó a su vez la creación de un módulo especializado en salud mental, algo hoy inexistente.

Por otra parte, propuso la puesta en marcha de un servicio de privación de libertad femenino, que atienda las características particulares de las mujeres en reclusión, notoriamente diferentes a las de los hombres. El año pasado,el crecimiento de la población carcelaria femenina duplicó al promedio general. Petit propuso además un nuevo régimen de prisión domiciliaria asistida con programas de rehabilitación, asistencia y control para las mujeres que, condenadas a penas cortas, tengan hijos a cargo.