La coalición de gobierno celebró ayer el cierre de un acuerdo para que la Rendición de Cuentas incluya una partida de US$ 10 millones que permitirá que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, desde un soldado hasta un teniente coronel, reciban un incremento salarial de $ 1.000.

Con este aumento, vigente a partir del 1° de enero, los militares habrán sumado desde que comenzó este gobierno una masa salarial incremental de US$ 58 millones. Así se lo dijo a El País el ministro de Defensa, Javier García, al destacar que en todas las instancias presupuestales el personal a su cargo recibió montos superiores a los previstos por ley. Esto, afirmó, fue para cumplir con el compromiso de mejorar la situación de los que siempre se han definido como “los funcionarios peor pagos” de toda la administración pública.

El 90% de este incremento, subrayó, benefició al personal de tropa, que desde 2020 tuvo un “aumento real” de 12% y que hoy, sin contar partidas adicionales, gana por mes unos $ 34.000. El salario de un teniente coronel, en tanto, es hoy de $ 108.000.

Al acuerdo se llegó luego de una trabajosa negociación. La mitad de los recursos que permitirán el nuevo incremento saldrán, explicó García, de diversos créditos no ejecutados o de vacantes civiles en el ministerio. El resto deberá ser reasignado a partir de otros programas en diferentes incisos.

En concreto, la partida salarial prevista en esta Rendición de Cuentas para beneficiar a los militares supone por lejos la mayor redistribución de recursos acordada por el oficialismo en este mensaje presupuestal en el Senado, que totalizará unos US$ 27 millones.

Habrá otros US$ 3,3 millones redireccionados hacia distintos programas de Salud Pública, y US$ 2 millones que saldrán de la recaudación de las multas por infracciones de tránsito y que irán para reforzar el presupuesto de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Los senadores acordaron, además, darle US$ 3,7 millones suplementarios a la Universidad de la República para que ponga a andar su proyecto para el “nuevo” Hospital de Clínicas.

Habrá, también, otros US$ 2 millones para el Poder Judicial, US$ 1,8 millones para seguridad pública, US$ 1,2 millones para Cultura, US$ 1,1 millones a Turismo, y US$ 1 millón para el Tribunal de Cuentas. Todo esto se sumará a los US$ 23 millones de gasto incremental que habían sido previamente definidos y que irán para el nuevo Plan de Salud Mental diseñado por el Poder Ejecutivo.

Para el oficialismo el cierre de la discusión en la Cámara de Senadores resultó ser muy positivo, luego que en Diputados Cabildo Abierto amenazara con no votar la Rendición de Cuentas si no se cumplía, justamente, con sus reclamos en torno a los militares. “Es una gran satisfacción haber llegado a este acuerdo”, destacó Guido Manini Ríos, al reivindicar que el aporte de su partido logró “mejorar” el proyecto de ley.

Más allá de números, el senador colorado Adrián Peña (Ciudadanos) aseguró que el acuerdo no hace sino “consolidar” a la “coalición republicana de gobierno”, que logró superar en paz una etapa que, en instancias similares anteriores, supuso importantes rispideces en la interna oficialista. “Esta es la señal más importante para la ciudadanía”, aseguró Peña.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado comenzó ayer a votar los artículos en los que existe acuerdo total y que contarán, incluso, con el apoyo del Frente Amplio. A partir de hoy comenzará a considerarse el resto del articulado y las decenas de aditivos que habitualmente se presentan en estas instancias. Allí la discusión estará centrada, en particular, en una serie de polémicas propuestas, elevadas desde el Poder Ejecutivo, que pretendían la presupuestación de vínculos laborales actualmente bajo contratos de trabajo en varias reparticiones.

Al respecto el senador frenteamplista Alejandro Sánchez (MPP) había denunciado la intención de la coalición de hacer prosperar 18 artículos de este tipo y por esta vía, remarcó, se pretendía “presupuestar a medio mundo en el Estado”. Gran parte de estos aditivos, sostuvo, fueron retirados tras tomar trascendencia el tema. “Si pasaba, pasaba”, ironizó Sánchez. Su colega José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) había hecho hincapié en cuatro artículos en particular que, advirtió, se habrían traducido en “cientos” de ingresos al Estado.

Dos de los aditivos estaban referidos a funcionarios con contrato en la Administración Central, uno al Ministerio de Ambiente y otro al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Este último caso generó una polémica pública, ya que el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, terció para hacer una serie de puntualizaciones.

Según explicó, en lo que respecta al Mides, se trata de regularizaciones de contratos de trabajo celebrados durante las pasadas administraciones del Frente Amplio. Ramos también señaló que estas regularizaciones fueron acordadas durante una negociación entre el Ejecutivo y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).

A Ramos, además, le terminó por dar la razón la exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. “Así fue”, aseguró. “Hubo dificultades para regularizar a tiempo”, añadió.

El director de Servicio Civil aportó otro dato: todas las regularizaciones que se quieren hacer en el Mides corresponden a trabajadores que, en su momento, se presentaron y ganaron concursos. Los que además, destacó, fueron “correctamente” desarrollados por parte del Frente Amplio. Ramos sí expresó su preocupación ante cualquier intento de regularizar a gente que accedió al Estado de forma directa y sin concursar por su cargo.

Los senadores de la coalición anunciaron una serie de acuerdos que no tienen costo económico, en el marco de la Rendición de Cuentas. El presidente de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el nacionalista Rodrigo Blás, informó que finalmente acordaron que el Poder Judicial exigirá al recluso obligatoriamente la historia clínica para otorgar la prisión domiciliaria, lo que fue adelantado ayer por El País. De esta manera, el oficialismo cerró filas ante un pedido del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien propuso este artículo tras la excarcelación de narcotraficantes que usaron certificados falsos para lograr prisión domiciliaria. Esta norma, que será votada hoy en comisión, es criticada por el Frente Amplio, que propone estudiarla por fuera de la Rendición de Cuentas. “No se puede estar legislando al grito”, dijo el senador opositor Alejandro Sánchez. Y agregó: “Por legislar al grito tenemos los problemas que tenemos, gracias al ministro del Interior. Hay que escuchar a los que saben y hay que ver si eso se puede hacer o no. No permitamos que el ministro del Interior oculte su falta de gestión”.

Además de la exigencia de la historia clínica a los presos que pidan prisión domiciliaria, la coalición acordó en el Senado aumentar la pena mínima de los homicidios de dos a cuatro años (con excepciones), la posibilidad de colocar tobillera electrónica a menores de edad cuando el juez lo dispone, una serie de medidas para “constreñir” a los incumplidores de pago de las pensiones alimenticias, el inicio de la reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Procuraduría del Estado, “aumento significativo de los viáticos de la Policía”, un acelerador lineal para el centro oncológico de San Carlos, y “la redacción de conformidad” de artículos que asegurarán a los intérpretes el cobro de regalías a través de lo que generan por las plataformas digitales, como Spotify.