En los últimos 42 meses el Poder Ejecutivo desactivó 163 ocupaciones y piquetes en los ámbitos público y privado. Es un promedio de casi cuatro por mes. Una cada ocho días. Así lo indica un relevamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cerrado en el mes de febrero y al que accedió El País, a dos años de que algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) -que previeron este mecanismo-, fueran ratificados mediante un referéndum en el que la coalición de gobierno se jugó buena parte de las chances de llevar a cabo su proyecto de país y en donde el oficialismo resultó triunfante, aunque con un margen de apenas 1,3 puntos porcentuales.

Se trata, principalmente, del artículo 392, que consagró la “libertad del trabajo” al garantizar el “ejercicio pacífico del derecho de huelga, el de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos” y “el de la dirección de las empresas a ingresar libremente a las instalaciones”.

Ese artículo estaba relacionado con otros dos. El 468, que declaró “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público”. Y el 469, que habilitó al Ministerio del Interior a disponer de las “medias pertinentes” para garantizar la libre circulación y el orden público.

La LUC entró en vigencia a fines de julio de 2020, y ya el 2 de setiembre de ese año se producía la primera desocupación bajo su amparo legal. Fue en el local central de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). El periplo siguió en otras 137 ocasiones, el 75% concentradas en el sector público. En particular en los liceos, producto de continuos conflictos sindicales. En total, en todos estos años, 54 centros de secundaria fueron ocupados -alguno más de una vez- por docentes, funcionarios o estudiantes, por distintos motivos.

El argumento del gobierno fue corregir una “situación inequitativa” heredada de las administraciones del Frente Amplio. En mayo de 2006, a través de un decreto firmado por Tabaré Vázquez, la ocupación de los lugares de trabajo paso a considerarse una extensión del derecho de huelga. Otro decreto, firmado en diciembre de 2010 por José Mujica, establecía el desalojo inmediato si la ocupación sucedía en oficinas del Estado.

La aplicación de los cambios que trajo la LUC fluctuó durante este gobierno. Los primeros seis meses de 2021 fueron de absoluta calma. A partir de 9 de julio y hasta el cierre de ese año -ya con la propuesta de derogación en campaña- se sucedieron 13 ocupaciones en el sector público, con OSE como principal blanco en el ámbito estatal. Fueron ocupadas, por ejemplo, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes y las áreas técnicas de las zonas Oeste, Centro y Este.

La LUC quedaría ratificada en 2022, un año que marcó un récord de ocupaciones. Fueron 53 en el sector público, que comenzaron el 31 de enero con el Instituto Tecnológico Superior. A fines de junio de ese año le tocaría en dos ocasiones a la Escuela Técnica del Cerro. En los siguientes dos meses fueron ocupados nueve liceos de Montevideo. El proceso tuvo su cenit en los primeros quince días de octubre, con 19 centros de Secundaria y cinco dependencias de UTU y el Instituto de Profesores Artigas (IPA), que tuvieron que ser desocupados.

Foto: Juan Manuel Ramos

El año 2023 vio un proceso de ralentización en la ocurrencia de ocupaciones. Fueron 33 en el sector público en todo el año, distribuidas más uniformemente a lo largo de los doce meses que en el año anterior. Una vez más, todo comenzó en un centro de enseñanza: en el Liceo 41 de Montevideo. Siguió el 14 de abril con el Liceo IAVA, que sería ocupado en otras dos ocasiones en el año, el 1° y el 22 de agosto, en un duro conflicto con los estudiantes. Por esos días el Liceo 50 de la capital (Jorge Chebataroff) había sido ocupado y desocupado cuatro veces. En esas fechas incluso fueron ocupadas la Alcaldía de El Porvenir, en Paysandú, y la planta asfáltica de la Intendencia de Maldonado. Por otra parte, desde octubre y hasta fines de ese año, el Centro Regional de Profesores (CERP) registró tres ocupaciones en Atlántida, Rivera y Colonia.

El IPA, en tanto, volvió a ser ocupado el 17 de octubre. A otros 11 liceos de Montevideo les sucedió lo mismo el 24 de ese mes.

La última ocupación de un local público en 2023 se registro el 22 de noviembre, y fue en el Liceo 39 de Montevideo.

En lo que va de este año, según los datos del MTSS que hay que tener en cuenta que van hasta el mes de febrero, no se produjeron aún ocupaciones en dependencias estatal.

Bajo el mismo amparo legal fue que el ministerio pidió la desactivación de cinco piquetes que impedían el acceso a distintas dependencias estatales, una vez más, a raíz de distintos conflictos sindicales. Al respecto, la interpretación que hacía el Pit-Cnt era que la LUC no distinguía entre un piquete realizado como protesta civil, el que, afirmaba la central, se ejerce como “derecho de huelga” previsto en el artículo 57 de la Constitución.

En momentos en que la campaña hacia el referéndum de marzo de 2022 cobraba fuerza, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamaba al Parlamento a revisar las referencias previstas en la ley sobre los piquetes. En un informe, dicha entidad consideraba que los criterios para definir un piquete resultaban demasiado “amplios y abiertos” y que, con su aplicación, la posibilidad de los trabajadores de manifestarse a través de esta modalidad “se reducía sensiblemente”.

A diferencia de las ocupaciones, el piquete fue mucho menos común en el sector público.

El primer caso ocurrió recién el 22 de diciembre de 2021, casi un año después que la LUC cobrara vigencia. Fue en el acceso al Puerto de Montevideo, a partir de una medida del Sindicato de Transporte de Carga (Sutcra). Lo mismo sucedió, en el mismo lugar y con los mismos responsables, el 31 de marzo de 2023.

El 19 de abril de ese año ocurrió otro piquete, pero dentro de la terminal portuaria capitalina. Y el 19 y el 24 de julio hubo que desactivar dos piquetes en la planta de Ancap en La Tablada.

Foto: Gianni Schiaffarino