Por cazar un ciervo sin permiso, por la construcción de una obra de encauzamiento y cortar el curso natural del agua, o por obstaculizar la tarea de funcionarios durante una inspección. Por estos casos y otros el Ministerio de Ambiente colocó unas 494 multas desde su creación en 2020, a través de la Ley de Urgente Consideración.

Durante su primer año, hasta diciembre de 2020, aplicó 60 multas, cuando todavía estaba al mando el colorado Adrián Peña, quien renunció en enero de 2023 y cuyo sucesor es Robert Bouvier.

Al año siguiente, el primero completo (de enero a diciembre) del ministerio, aplicó 123 multas. La cifra creció 26% -44 más- en 2022, cuando se aplicaron 167. Por último, en lo que va de 2023 (hasta setiembre), la cartera realizó 144 sanciones monetarias.

El ministerio multa tanto a personas y compañías, como a gobiernos departamentales, empresas estatales y otras carteras. Ancap, por ejemplo, acumuló ocho sanciones hasta 2022 que le implicaron un desembolso de unos US$ 165.500 (3.950 UR) por diferentes incumplimientos.

A nivel individual, la caza ilegal es una de las razones por las que puede multar Ambiente. El ministro Bouvier indicó a El País que se efectúan “varios controles” en el país, ya sea a través del “otorgamiento de permisos” o de otros “controles del ministerio”. Pero, además, destacó que tienen el apoyo de la Policía, que realiza “mucha incautación” de animales capturados de forma ilegal.

Por ejemplo, la Justicia tiene a estudio una acción de amparo que presentó la organización civil Coendu por la caza de patos, solicitando que sea ilegal. La instancia judicial ya comenzó y continuará el martes, según supo El País. La decisión la tomaron después de acceder a un informe que contrató Ambiente donde, según contó el integrante Mauricio Álvarez, recomiendan mantener la suspensión de la caza de patos.

Álvarez aseguró que “no hay control sobre la caza de parte del ministerio”. Y añadió: “El único control lo podría hacer la Policía rural en recorridas, pero no se hace como una actividad rutinaria o programada sino que generalmente se procede a instancia de denuncia de un propietario rural que escucha un disparo o ve gente en su campo. Es un control tardío, no es preventivo. No hay un patrullaje ni puestos en rutas o caminos de fiscalización”.

Desde la sociedad civil se ejerce un control sobre el accionar (o la falta) de la cartera. Bouvier señaló a El País que el “relacionamiento” con las organizaciones “ha sido el correcto”. En ese sentido, agregó: “Nuestras puertas están abiertas. A veces tenemos problemas de agenda, indudablemente. Tenemos una actividad bastante cargada. Pero han tenido los ámbitos, sobre todo, en alguna área donde estamos trabajando”.

El jerarca aseguró, además, que trabajan “en equipo con las organizaciones sociales” y en coordinación con el subsecretario Gerardo Amarilla. “No creo que tengamos grandes conflictos”, añadió.

Sin embargo, en las organizaciones existe malestar. Una de ellas, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), llegó a pedir la renuncia del ministro la semana pasada.

Consultado al respecto, Bouvier dijo que “tendrán sus motivos” para el planteo, pero aseguró que en su cartera se trabaja “de forma más abierta”. “No tenemos ningún problema con las organizaciones sociales, todo lo contrario. Estamos convencidos que traccionan a favor del ministerio y tratamos de incorporarlas en las actividades, y siempre las tenemos en cuenta”, dijo.