Redacción El País
La palabra "desprisionalización" abrió un debate en las últimas semanas en el marco de la campaña rumbo a las elecciones de octubre. El candidato del oficialismo que según las encuestas tiene más posibilidades de llegar al balotaje, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, ha criticado con dureza la propuesta incluida en las bases programáticas del Frente Amplio, mientras la coalición de izquierda y su presidenciable, Yamandú Orsi, defienden la propuesta.

"El Frente Amplio tiene en sus bases programáticas —porque programa no tienen— la desprisionalización, una palabra difícil de pronunciar pero fácil de entender, que es abrir las puertas de las cárceles", indicó Delgado en un reciente acto de campaña.

La referencia de Delgado, deslizada también por otros dirigentes nacionalistas, es a una medida aplicada por ley durante el primer gobierno del Frente Amplio, en 2005, que implicó la libertad anticipada de algunas personas que estaban privadas de libertad, siempre y cuando cumplieran con determinados requisitos.

Entre ellos, no podían haber cometido delitos graves como homicidio, violación, rapiña o corrupción, y siempre y cuando hubieran cumplido la mitad de la pena si esta era de hasta tres años de penitenciaría, o dos terceras partes de la condena si era superior a tres años de cárcel. Se le dio en llamar "ley de humanización y modernización del sistema carcelario", y tenía como uno de sus objetivos terminar con el hacinamiento.

Delgado se ha referido a la nueva propuesta del Frente Amplio como una vuelta al "pasado", pero desde la oposición aseguran que esta iniciativa no tiene que ver con aquella. De hecho Orsi, en una rueda de prensa que dio el fin de semana tras un acto de campaña, dijo que a Delgado le hace falta "comprensión lectora".

Francisco Flores/Archivo El Pais

En el capítulo 13, de "Convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad", el Frente Amplio establece en sus bases programáticas algunas "acciones prioritarias" como "definir una política de seguridad basada en una perspectiva de prevención, de la descriminalización de la pobreza, desprisionalización, desarme, entre otras".

Uno de los redactores de ese capítulo, Diego Olivera, secretario general de la Junta Nacional de Drogas en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, dijo a El País que la desprisionalización "debe ser concebida como una orientación de política pública en el terreno penal", y "no quiere decir que haya una acción de liberación de personas que actualmente están privadas de libertad".

"Queremos orientar nuestro sistema penal hacia uno que tenga más opciones, más alternativas para que puedan ser aplicadas a nivel judicial, que no incluyan de manera mayoritaria como es en la actualidad el encierro carcelario como prácticamente única medida", apuntó en referencia a delitos menores como el narcomenudeo, que en muchos casos no incluye "violencia".

Foto: Leonardo Mainé

Olivera dijo que sobre todo "a partir de la ley de urgente consideración (LUC)" aprobada en este período "quedaron extremadamente acotadas" las medidas alternativas y "el impacto directo de eso es que hubo una tendencia, que ya venía pero que se acentuó, en el incremento de la cantidad de privados de libertad".

Olivera indicó que Uruguay ya pasó "la franja de las 15.000 personas" presas, que en los últimos cuatro años "se aumentó en 4.000", y "nada de esto nos ha entregado como resultado que seamos una sociedad más segura". Por el contrario, "tenemos cáceles hacinadas y altas tasas de reincidencia", esgrimió Olivera.

Además, advirtió que en estas condiciones las cárceles son propicias "para que las organizaciones criminales recluten personas, sobre todo con perfiles de muy alta vulnerabilidad social", algo que ya "ha pasado en otros países de América Latina".

Olivera concluyó con el concepto de que "cada persona privada de libertad le cuesta al Estado mil dólares por mes", y por tanto "clasificar mejor las penas que se imputan a cada delito y priorizar penas alternativas genera un uso mucho más racional de los recursos". "Cuesta muy caro y rehabilita muy poco", sentenció sobre el sistema actual.

En respuesta, el senador nacionalista Javier García dijo que "el planteo de fondo" del oficialismo para cuestionar esta medida "es que el Frente Amplio tiene prejuicios ideológicos para combatir el delito" porque "parte de una premisa que dirigió todos sus gobiernos en materia de seguridad: que los delincuentes son en realidad víctimas de la sociedad, que los obliga a delinquir".

"De allí devinieron todas las decisiones que tomaron, por ejemplo la liberación de 850 presos en 2005", expresó, y agregó que esto también se vincula a "los prejuicios ideológicos sobre la Policía", que estuvo "absolutamente desguarnecida".

"El policía sabía que si actuaba, el que terminaba en el juzgado era él y no el chorro", aseguró el senador.

Foto: Leonardo Mainé.

Esto, en el fondo, es lo que según García lleva a que el Frente Amplio tampoco esté a favor de habilitar los allanamientos nocturnos, o de que mediante la LUC "se duplicaran las penas máximas en menores que cometían delitos gravísimos, o de mantener los antecedentes penales en menores en delitos gravísimos".

Según García, las políticas aplicadas por el Frente Amplio han sido "un fracaso" por los resultados que tuvieron, con los "mayores récord de crímenes". Ahora, en su opinión, "lo que hay es una confirmación de que van a reiterar las políticas que llevaron adelante" en gobiernos anteriores.

Uruguay cerró el 2023 con un nuevo récord de personas presas, unos 15.400 reclusos, un 20% más que los 12.414 con los que inició este gobierno, un 50% más de los que había hace 10 años y tres veces y media los que había en el 2000.

Esto lo ubica entre los primeros ocho países en el mundo con mayor población carcelaria en relación a sus habitantes. Además, hay otras 10.000 personas que cumplen algún tipo de medida alternativa a la prisión.

En 2023 la población carcelaria masculina creció 3,9%, la femenina lo hizo 6,9%. El año cerró con un promedio de 1.167 mujeres presas, lo que supone un 54% de aumento comparado con 2020.

Los datos fueron brindados por el comisionado penitenciario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, quien en su último informe alarma en particular por un factor “inquietante”: en su mayoría son mujeres que cometieron delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes, que provienen de contextos de alta vulnerabilidad y que antes de su ingreso a prisión ya padecían serias dificultades de inserción social y laboral. Los relevamientos efectuados sobre ellas indican que en su mayoría han sido víctimas de violencia de género, abandono temprano, pobreza e incluso explotación sexual.