Redacción El País
El próximo 22 de enero, la Corte Electoral retomará funciones luego del receso tradicional de inicio de año. Ese día, la corporación dará ingreso al reclamo por Cabildo Abierto, que pretende que el organismo convoque a una "instancia de ratificación" de las firmas que presentó —y que han sido rechazadas— con el objetivo de habilitar el plebiscito “por una deuda justa”.
La situación genera preocupación entre los liderados por Guido Manini Ríos, que apuestan a una respuesta afirmativa del organismo que, dados los antecedentes, no parece ser claro que así suceda. Más allá de la respuesta, el propio volumen de firmas presentadas por los cabildantes conspira contra sus intereses.
El total de votantes habilitados fue fijado por la Corte Electoral: son 2.722.879 personas. El artículo 331 de la Constitución indica que, para convocar al plebiscito, los cabildantes debían reunir el 10% del padrón. Por lo tanto, en este caso, tienen que ser verificadas 272.288 firmas.
El pasado 7 de octubre, los cabildantes afirmaron haber presentado 322.928 firmas. El reporte publicado por la Corte este miércoles indicó que en el proceso de verificación fueron analizadas 101.706, de las que 80.767 fueron aceptadas. Eso equivale a la tercer parte de las que deben validarse para que el plebiscito se realice.
Las otras 18.832 rúbricas fueron rechazadas. Son el 18,51% de las que ya fueron analizadas, lo que supera la tendencia histórica en este tipo de procesos, en donde el descarte se ubica entre el 10% y el 15%.
El principal problema para los intereses de Cabildo radica, justamente, en que el 74% de los rechazos obedecen a que la firma que aparece estampada para convocar al plebiscito no coincide con la que figura en la credencial cívica del firmante. En diálogo con Radio Monte Carlo, Manini Ríos dijo estar convencido de que las firmas rechazadas por este motivo son correctas. “A lo largo de los años la gente va cambiando su firma, que sacó la credencial hace más de 40 años", dijo. Y añadió: "Le pedimos a la Corte que se revisen todas esas firmas, como ya se hizo en algún plebiscito en tiempos pasados”.
Manini se refería así a lo sucedido en el referéndum por la ley de Caducidad, en 1989, cuando sucedió algo similar. En esa ocasión, la Corte Electoral convocó a casi 37 mil personas cuyas firmas habían quedado en suspenso, y las terminó validando.
En contra de los intereses de Cabildo, está el antecedente directo de lo sucedidoel año pasado con las firmas que el Pit-Cnt, varios sectores del Frente Amplio (FA) y organizaciones sociales presentaron para reformar, por la vía constitucional, el sistema de seguridad social.
Tal como informó en su momento El País, el movimiento sindical afrontó un problema similar, con un alto índice de firmas rechazadas. En ese momento el Pit-Cnt presentó un recurso para una instancia de ratificación, que fue desestimado por la corte.
La central sindical pudo sobreponerse y lograr la convocatoria al plebiscito, ya que había presentado más de 430 mil firmas, que sirvieron para compensar esas anulaciones.
La diferencia es que Cabildo no cuenta con ese "colchón" de firmas. En conversación con Búsqueda su presidente interino, Ignacio Curbelo, señaló que el partido cuenta con un plus del 15% para cubrir los eventuales rechazos, que no sería suficiente dada la tendencia actual.
Fuentes de la Corte Electoral indicaron a El País que, sin prejuzgar sobre el reclamo, jurídicamente la respuesta debería ser similar a la que recibió en su momento el Pit-Cnt.
Otros datos
La verificación llevada adelante hasta el momento por la Corte Electoral indicó que, en 887 firmas presentadas por Cabildo Abierto el rechazo obedece a ciudadanos "excluídos" del padrón electoral. En otros 338 casos, responde a registros "cancelados".
En 126 casos fue porque los firmantes se encuentran "inhabilitados" y en 186 por "datos incompletos", al no incluir número y serie de credencial. La Corte Electoral rechazó además 21 firmas por corresponder a "menores". Por otra parte, hay otras 2.099 que fueron destinadas a "rastreo".
Cabildo Abierto pretende promover el plebiscito para reformar el artículo 52 de la Constitución para topear en 30% la tasa de interés máximo. También plantea un mecanismo para reestructuras las deudas de las personas físicas.
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