Redacción El País
El anuncio de que Cabildo Abierto comenzará a juntar firmas para plebiscitar la reestructuración de las deudas personales de los uruguayos no sorprendió dentro de la coalición de gobierno. Cuando la Mesa Política oficializó sus intenciones, el jueves pasado, ya habían pasado varios meses desde la primera alerta de los cabildantes a sus socios.

“Es una herramienta de movilización política. La veo como una jugada estratégica de posicionamiento del partido -en momentos en que está atravesando dificultades- y de desviar el foco de otros temas para ponerlo en este. Irán por ese camino, pero lo más responsable es trabajar en una solución legislativa”, señaló a El País una fuente parlamentaria que integra la alianza conformada por blancos, colorados, cabildantes y los partidos Independiente y de la Gente. En particular, el legislador se refirió al pedido de renuncia del presidente Luis Lacalle Pou a Irene Moreira, la exministra de Vivienda, que desde mayo ha estado en la mira por nueva información que surge de su gestión al frente de la cartera, referida a la entrega de viviendas a personas de su partido.

No obstante, la primera vez que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, mencionó públicamente la posibilidad del plebiscito fue en noviembre del año pasado y, desde entonces, el lema ha trabajado en esa línea. Ante la Mesa Política, los asesores del partido presentaron un plan de recolección de firmas con un despliegue de 200 mesas en todo el país, como adelantó El Observador.

Mientras tanto, en momentos en que se debate la última Rendición de Cuentas con posibilidad de incrementar el gasto, las otras bancadas trabajan en potenciales acuerdos parlamentarios para dar una solución a los deudores. Por un lado está la propuesta que este lunes presentará la senadora Carmen Asiaín a sus colegas del Partido Nacional. En tanto, el Frente Amplio y el sector Ciudadanos del Partido Colorado trabajan en otra alternativa.

Cabildo Abierto confía en que, en menos de tres meses, con este despliegue territorial podrá llegar al 10% de las firmas requerido por la Corte Electoral para habilitar la consulta popular. Para superar la meta de 270.000 adhesiones, cada puesto debería juntar 15 firmas por jornada durante 90 días consecutivos, señalaron a El País fuentes partidarias.

“La carga principalmente va a estar en los diputados. Después habrá un equipo de comunicación en redes y una web para informar dónde estarán los puestos”, agregó el legislador canario Álvaro Perrone. Para organizar mejor la recolección de firmas -que correrá en paralelo a las negociaciones parlamentarias- los cabildantes dividirán el mapa en zonas. Los departamentos del interior tendrán cinco puntos diferenciados, mientras que la campaña tendrá sus propias características logísticas en Montevideo y en Canelones.

“Se plantea conformar una comisión que lleve adelante la recolección de firmas, que será abierta a todos los colectivos que quieran integrarla, vengan de donde vengan”, afirmó Perrone.

Un punto clave, que al día de hoy genera incertidumbre en todo el arco político, es el contenido de la papeleta que se sometería a votación el 27 de octubre de 2024. Se espera que el texto se resuma a dos artículos. Según Perrone, con esta definición se busca que la gente sepa claramente “qué está firmando” al llenar el formulario. Por un lado, el primer artículo apuntaría al objetivo de “garantizar” el cumplimiento del artículo 52 de la Constitución, que prohíbe la usura, como recordó Manini Ríos el jueves pasado. En tanto, el segundo punto de la papeleta indicaría explícitamente el mecanismo para reestructurar las deudas de las personas físicas.

Cuando Cabildo Abierto presentó la segunda versión del proyecto de ley, a fines de mayo, la Comisión de Legislación y Constitución del Senado le dio un tratamiento prioritario. Es por esto que legisladores de otros partidos que integran este ámbito ya se encontraban trabajando en contrapropuestas antes de que se confirmara la recolección de firmas.

La senadora Asiaín adelantó a El País algunas claves de la iniciativa nacionalista y la “principal diferencia” con respecto a la propuesta cabildante. “Para nosotros el respeto de los contratos firmados es un principio fundamental, que hace a la seguridad jurídica”, sostuvo. “Sin respetar ese principio se descarrila no solo el sistema jurídico, sino que se ahuyentan las inversiones y se retrae el crédito. Porque: ¿quién va a dar préstamos si después se va a imponer desde afuera un acuerdo que va a cambiar las condiciones? Quienes van a salir más perjudicados son los deudores, que van a recurrir al mercado negro”, afirmó.

Por un lado, se prevé una instancia administrativa ante Defensa al Consumidor para que el deudor tenga la posibilidad de reunir a todos los acreedores juntos y plantear su situación. Con un mediador, se podría llegar a un acuerdo. Si las partes no conciliaran allí, se abriría una instancia judicial. De arribarse a un acuerdo por la mayoría de los acreedores -al menos dos tercios de la deuda- este sería obligatorio para todos. La iniciativa que Asiaín trasladará a la bancada se completa con otros puntos, como la imposibilidad de repetir este proceso en menos de cinco años y que quienes puede acceder son quienes tengan deudas mayores a cuatro años.