La pregunta que está en el aire aun desde antes de que Luis Lacalle Pou asumiera el gobierno en marzo de 2020 es cuánto tiempo podría sostenerse la novel alianza de partidos cuyo nombre ha variado desde entonces, siempre en torno a la idea fuerza de “coalición”: Coalición de gobierno, Coalición multicolor, Coalición republicana.

Las dudas tenían fundamento en la complejidad de mantener unidos partidos de composición bien diferente -en una punta, la izquierda, está el Partido Independiente de Pablo Mieres; y en la otra Cabildo Abierto, de Guido Manini Ríos-, todos encolumnados bajo el liderazgo del Partido Nacional, que sumaba además el desafío de convivir con el histórico adversario, el Partido Colorado.

Pero pasado el tiempo la coalición sigue y, pese a algunas opiniones que avizoran una ruptura en algún momento previo al año electoral de 2024 -el cabildante Eduardo Lust ha deslizado ese parecer- los líderes y referentes del oficialismo confían en que la alianza completará el mandato en 2025 sin escisiones.

“Pensamos que la coalición se va a mantener unida incluso más allá del acto electoral”, confía Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo Abierto. Claro que habrá “tensiones”, se apresura a acotar, porque eso “es natural” y es lo que también ocurre en la coalición espejo, la del Frente Amplio. “Tal es así que ellos no se pudieron poner de acuerdo para ejercer la presidencia del Congreso de Intendentes”, dice Domenech en diálogo con El País.

Las tensiones en realidad estuvieron desde el inicio, y son un factor de relevancia por estos días, cuando la Cámara de Diputados se apronta a continuar la discusión de la reforma previsional -que logró una media sanción en el Senado- y los cabildantes ya anunciaron que tienen varios ajustes para seguir planteando en Diputados, pese a reconocer el acuerdo político general.

Como sea, esta será “la ley más importante de todo el período porque tiene las consecuencias más importantes para el futuro del país”, reconoce el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, al referirse al “objetivo central” de la coalición de gobierno para este año.

Porque de eso no hay dudas, como tampoco las hay que a la par están la reforma educativa que lleva adelante el presidente de ANEP -Robert Silva- y los tres grandes ejes de gestión que fueron trazados en el último Consejo de Ministros de 2022, el 19 de diciembre pasado: continuar en la senda del incremento del empleo, recuperar el salario real perdido en 2020 y reforzar las medidas de atención a los más vulnerables. Y, sobre todo, “concretar” todo lo que hoy está en el aire, como insisten en el gobierno: esto es, tener resultados concretos en las grandes apuestas país, como la inversión para ya regularizar 120 asentamientos, dar saneamiento a 61 localidades del interior y poner en marcha la nueva planta de UPM, entre otras inversiones.

Más allá de los acuerdos, es indudable que hay ambiciones concretas de parte de los socios del oficialismo.

Por ejemplo, el Partido Nacional insistirá con la aprobación de las apuestas online de los casinos radicados en Uruguay, que ya se aprobó en el Senado y se discute en Diputados. Pero también está entre las principales preocupaciones blancas que sea ley la iniciativa del Poder Ejecutivo que pretende que todos los sindicatos tengan personería jurídica -cuya aprobación quedó en pausa porque Cabildo Abierto quiere que también estén obligados los gremios a tener voto secreto.

También está en carpeta de los nacionalistas -y también de los cabildantes- que los diputados lleven a buen término el proyecto que tiene por objetivo dejar a texto expreso el principio de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos de padres separados -incluso en casos en que uno de los progenitores haya sido denunciado por presunta violencia.

Los colorados tienen intereses diversos: por un lado -aunque se trata de un tema de afinidades o antipatías filosóficas antes que políticas-, Ciudadanos tiene entre manos el proyecto del diputado Ope Pasquet de legalizar la eutanasia para los enfermos terminales. Y, por otro, está también la búsqueda de una solución a problemas como el alto desempleo y la diferencia cambiaria con Argentina que impacta en el litoral -especialmente el litoral norte, donde el desempleo alcanza el 18%-, y que inquieta especialmente desde hace meses al senador batllista Germán Coutinho.

En Cabildo Abierto -el socio “más demandante” del oficialismo, al decir de la vicepresidenta Beatriz Argimón- está claro que encontrar una solución para el cerca de un millón de uruguayos endeudados es una de las máxima prioridades: había un acuerdo, de hecho, en el oficialismo, y este casi se aprueba en el Senado en noviembre, pero por reparos de los nacionalistas que surgieron a último momento quedó por el camino. “Nos gustaría que salga con los votos de todos los partidos”, afirma Domenech, que por estos días estudia una propuesta del frenteamplista Charles Carrera.

También, aunque fue a pedido de los cabildantes, es prioridad del oficialismo en general la aprobación del proyecto de reparación a las víctimas de la guerrilla -un texto que fue votado en el Senado, pero al que se le incorporarán varios ajustes en Diputados.

En el Partido Independiente, en tanto, seguirán enfocados en una preocupación que comparten con el Ejecutivo: revertir “la concentración de la pobreza en los niños”, que persiste pese a la focalización de medidas económicas instrumentadas por el Ministerio de Desarrollo Social, como por ejemplo el Bono Crianza.

Por eso, Posada trabaja en un proyecto que presentará en febrero, y que procurará “brindar mayor agilidad y menos burocracia en las políticas destinadas a esta población”.