Redacción El País
Avanza el mecanismo que beneficiará a algunos deudores hipotecarios en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Después de largas discusiones, en noviembre algunos verán desaparecer sus deudas (si tienen más de 40 años y cumplen ciertos requisitos) y otros en octubre tendrán una reducción de crédito por una baja de la tasa de interés (que incluso puede llegar hasta 0%).

Así lo anunció el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, en una conferencia el miércoles de tarde. La ley se aprobó en diciembre de 2023 después de extensas discusiones en el Parlamento y la presión de deudores que querían una “solución” a sus deudas. Y el martes se firmó la reglamentación (que se hizo pública hoy) en los directorios del BHU y ANV, en ambos casos por mayoría y sin el apoyo de los representantes del Frente Amplio.

Lozano contó que a la hora de reglamentar la ley entendieron que debían “beneficiar al máximo posible de familias”, y recordó que esta nueva normativa involucra a “aquellos a los que se les llama ‘rehenes de la unidad reajustable’”. El número de beneficiarios aún no está claro pero ronda las 25.000 familias, indicó el presidente de Cabildo Abierto, y añadió que cada “caso es diferente por lo cual” los interesados “tienen que ponerse en contacto con la ANV”.

Para la implementación de la ley, se creó un fidecomiso con el objetivo de atender a deudores en unidades reajustables. Pero, cabe aclarar, los beneficios no son para todos los que tomaron crédito en unidades reajustables sino que hay una serie de requisitos que deben cumplir.

Uno de estos requerimientos es que el titular de la deuda sea una persona física; y que el crédito se haya tomado para la compra, construcción o reparación de una vivienda. Por lo tanto, como se explica en la reglamentación, no se incluyen los “créditos industriales, con destino a garajes ni a locales comerciales, así como todo crédito cuyo objeto sea un inmueble” que no sea hogar.

Otros requisitos son que el titular del crédito tiene que ser una persona física, y que la deuda debía estar vigente al 31 de diciembre de 2023 (y esta se tiene que haber asumido antes del 1° de enero de 2009). Además, el monto del préstamo original no puede ser superior a los US$ 80.000 al momento que se otorgó.

Una de las opciones que prevé la ley es la extinción de algunos de los créditos. Una de las principales condiciones es que hayan transcurrido al menos 40 años desde que se tomó la deuda, y otra es que en los últimos 10 años la persona haya pagado un mínimo de 110 pagos. Un tercer requisito es que el “saldo de capital a pagar considerando el 65% de los colgamentos al momento de aplicación del beneficio sea igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular”, dice el reglamento que se aprobó el martes.

Otra opción es la reducción de la tasa de interés al 0%. Podrán adquirir este beneficio quienes “hayan asumido el crédito antes del 31 de diciembre de 1993”, es decir, las personas que tengan una deuda desde hace 30 años. Y una tercera es la reducción de interés de hasta 2,5% para quienes tengan una deuda con una antigüedad entre 15 y 30 años.

Una particularidad de la normativa, como se informó cuando se armó el fidecomiso, es que el “incumplimiento de tres cuotas sucesivas a partir de la promulgación de la ley vuelve al titular al régimen anterior”.