LLAMADO A SALA

El intendente de Montevideo Christian Di Candia fue llamado a sala por la Junta Departamental este viernes. El jerarca expresó en ese marco que "las cámaras de televisión siempre son necesarias pero no son el Poder Judicial". Asimismo, comentó que, al igual que "esta administración ha hecho denuncias o ha dado cuenta a la Justicia siempre que lo entendió necesario, cada uno de los miembros de este cuerpo debería hacerlo si así lo entiende sin más demora". 

El deliberativo comunal aprobó la semana pasada por unanimidad (29 en 29), convocar a sala al intendente, contando con los votos de la oposición y de todo el Frente Amplio. El llamado es por la adjudicación de una licitación de US$ 21,5 millones para la compra de luminarias a una empresa denunciada por la competencia y por la propia intendencia.

Por otra parte, el intendente dijo: "Lo hacemos con la convicción, responsabilidad y esperanza de que este llamado sea guiado por la buena fe del entendimiento. Además, sé de la fe que profesa el edil interpelante y, aunque no la comparta en mi fuero íntimo, sé que lo guían las buenas intenciones".

Luego, el jerarca comentó que "como muchas veces leer y entender no es lo mismo", espera que "esta tarde el resultado sea la comprensión y la asimilación de un proceso que evidentemente es complejo", pero, "ante todo, es limpio y transparente".

En la misma línea, señaló: "Porque, que el proceso sea complejo o que el entramado burocrático que nos da la garantía de los debidos procesos esté más o menos al alcance de la interpretación o del entendimiento, no hace a este irregular ni mucho menos oscuro como se ha querido plasmar una y otra vez a través de la prensa".

Aunque en una primera instancia se había informado que Di Candia se haría representar por sus directores, el martes informó a El País que sí estaría en sala.

¿De qué se trata la licitación en cuestión? Di Candia volvió a adjudicar a la empresa Prodie S.A. la compra directa de más de 60.000 luminarias viales y otros implementos necesarios para el sistema de alumbrado público de Montevideo.

Luego de ser observada en diciembre por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y tras haber sido objeto de una denuncia penal por parte de la propia Intendencia, la adjudicación había sido dejada sin efecto en febrero de este año.