En la larga lista de preocupaciones que tiene el gobierno de Yamandú Orsi a poco más de un mes de haber asumido el poder, figuran los juicios internacionales —los arbitrajes— que está por enfrentar o ya está enfrentando Uruguay ante firmas que por distintos desacuerdos iniciaron demandas contra el Estado en los últimos años. Este asunto motivó, de hecho, una reunión entre el hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz y su antecesor Rodrigo Ferrés a fines de febrero, en pleno período de transición.

La estrategia que seguirá el gobierno y la complejidad de los arbitrajes en curso fueron temas que volvieron a abordarse esta semana en un encuentro que mantuvieron Díaz y el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien ocupó ese cargo sobre el final del primer período del expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) y volvió a hacerlo en su segunda administración (2015-2020).

La reunión, según informaron a El País fuentes del gobierno, se hizo este martes en el despacho del exfiscal de Corte en la Torre Ejecutiva, y fue un encuentro de varios que el jerarca ha mantenido con figuras políticas que ocuparon cargos de responsabilidad en gobiernos anteriores.

La idea del gobierno de Orsi es además, en estas primeras semanas de gestión, no dejar por fuera ningún diálogo con todos aquellos que tengan "experticia" sobre los diversos temas de gestión y que puedan aportar insumos para "defender los intereses del país".

Específicamente sobre Toma, el concepto que se tiene de él en la actual administración es que se trata de la persona que "más sabe sobre los arbitrajes internacionales que hoy está involucrado el Estado", señaló una fuente de Presidencia.

Como parte de esos juicios, como consignó El País a principios de febrero, hay dos casos grandes. En uno de ellos ha participado el propio Toma: se trata del conflicto generado a raíz de la fallida inversión en minería que intentó la forma Aratirí.

Formalmente, este juicio tuvo una “bifurcación”, antes de que el pleito ingresara en el fondo del asunto, porque la discusión se centró en definir si el demandante tenía o no “legitimación activa”. En 2020, un Tribunal Arbitral había hecho lugar a “la objeción de jurisdicción presentada por Uruguay", pero la empresa apeló ese fallo y ahora se está a la espera del pronunciamiento de un Tribunal de Casación en París.

Sin embargo, y aunque esto todavía no está resuelto en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas (Ciadi), los denunciantes presentaron igual “una versión preliminar” de su demanda, por un monto superior a los US$ 3.500 millones.

Otro caso es un arbitraje que se produjo como consecuencia de una decisión tomada en la gestión de Luis Lacalle Pou: en abril de 2021 se resolvió la extensión en 50 años del plazo de concesión de la playa especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la firma Katoen Natie, una determinación que generó una fuerte oposición del Frente Amplio y que, paradójicamente, se tomó en un contexto en que la empresa beneficiada había planteado la posibilidad de un juicio también millonario, si no se llegaba a un acuerdo.

El argumento de los accionistas de Montecon —la empresa que compite con la firma belga y se siente damnificada— es que hubo una supuesta violación por parte del Estado a los tratados de inversiones firmados con Chile y Canadá, los países a los que pertenecen los capitales de esta compañía. Por eso reclaman ser resarcidos con US$ 600 millones.

En paralelo, el 10 de enero pasado el gobierno de Lacalle Pou también fue notificado del interés de parte de la empresa Asesores Financieros de Andalucía Occidental, Sociedad Gestora de Patrimonios S. A. (AFAO), de entablar un arbitraje contra el Estado uruguayo.

La notificación hace referencia a la intención de presentarse ante el Ciadi, y el Estado debe dar respuesta a esta demanda.

El reclamo de la firma española refiere a la afectación de su inversión como consecuencia de la rescisión que el Estado dispuso, en 1998, de un contrato que se había firmado con la compañía Consorcio Ruta 1 S. A. para hacer una obra justamente en la Ruta 1.

Con el cambio de gobierno en 2020, Toma fue denunciado por la nueva gestión por irregularidades cometidas en misiones oficiales que el exsecretario de Presidencia había realizado en 2019 a Italia y Estados Unidos para participar en los juicios internacionales de Aratirí y el Plan Cóndor junto a la contadora Giuliana Pérez, de la Secretaría Nacional para Lucha contra el Lavado de Activos, sin que existiera una justificación para su participación en dichos viajes.

Tras un largo proceso administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó la sanción que el Poder Ejecutivo le impuso a Toma como fiscal de gobierno, informó El País tras acceder a la sentencia en mayo de 2024.

Toma, que había sido suspendido por seis meses con pérdida total de los haberes, había solicitado al TCA que anulara las sanciones.

Sin embargo, el propio TCA señaló que "debe razonablemente concluirse que la conducta del accionante resultaba merecedora de la imposición de correctivo disciplinario".