La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la madrugada el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza (más conocido como de tenencia compartida), en una sesión que comenzó cerca del mediodía del miércolesy culminó a las 5:33 horas de este jueves.

El proyecto, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Senadores, deberá ser enviado ahora al Poder Ejecutivo para que sea promulgado. El texto fue aprobado con 53 votos en 91, gracias a las manos de los legisladores del Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Colorado. El otro integrante de la coalición, el Partido Independiente, no acompañó el texto.

Hasta el miércoles a la mañana el proyecto no tenía acuerdo y parecía que naufragaba, sin embargo una negociación a puertas cerradas destrabó la situación e introdujo los cambios que algunos legisladores del Partido Colorado solicitaban para acompañar el texto. Las primeras horas de la sesión estuvieron marcadas por el reiterado pedido de cuartos intermedios y reuniones del Frente Amplio analizando los cambios de la coalición a la iniciativa. La instancia de discusión y votación del proyecto no llegó hasta las 17:10.

En la discusión en la cámara se dieron fuertes debates entre los defensores del proyecto y los representantes del Frente Amplio. Cuando los diputados ocuparon sus bancas, el FA pidió en el plenario que el proyecto de ley volviera a estudio a la comisión de Diputados. El argumento principal era que las modificaciones al proyecto habían llegado ese mismo día, y que querían escuchar lo que las diferentes organizaciones sociales e instituciones tenían que decir. Pero, tras un álgido debate entre diputados de la oposición y el oficialismo, no se consiguieron los votos necesarios para ponerle una pausa a la discusión en la sesión de ayer.

“Nos sentimos avasallados por la manera en que la coalición está considerando este proyecto”, sentenció la diputada del Frente Amplio Claudia Hugo. “No entendemos que estas sean las formas de llevar el proyecto, ignorando a la principal fuerza política del país”, añadió ayer en su intervención en el plenario.

El texto, al que tuvo acceso El País, señala que la responsabilidad en la crianza de los niños corresponde a ambos padres, y que la separación de ellos “no puede limitar ni afectar el ejercicio de los derechos y deberes propios de la guarda jurídica”.

Cuando los padres estén separados se determinará de “común acuerdo” cómo se ejercerá la tenencia, “manteniendo en todo momento la corresponsabilidad en la crianza”, según se detalla en el artículo 2. De no existir acuerdo entre los padres, la tenencia será resuelta por un juez de familia.

En el artículo 3 se definen los alcances de esta decisión judicial. Se especifica que cualquiera de los padres, en caso de no haber acuerdo, podrá solicitar el régimen de tenencia que considere adecuado. El juez deberá resolver ese régimen en función de la opinión del niño o el adolescente, la vinculación afectiva entre el menor, sus padres y otras personas del entorno, entre otros.

El artículo 4, el que causó mayores polémicas, fuera y dentro de la coalición, fue modificado durante la negociación interna en el gobierno. Es el que regula los inconvenientes que se pueden dar durante el régimen de tenencia y visitas.

Se plantea que cuando se genere una denuncia de violencia doméstica o de género, la Justicia deberá designar un defensor hacia los niños o adolescentes involucrados en el conflicto familiar, además de disponer medidas provisionales.