Redacción El País
Este martes la Cámara de Diputados discutirá un proyecto de ley relativo a las “industrias del rubro vestimenta”. Será el tercer intento en 17 años de consagrar en el Uruguay una “ley de talles”. O el cuarto, si se tiene en cuenta que no se tomará el proyecto que salió aprobado de comisión el año pasado, surgido por una iniciativa del Colectivo Diversa e impulsado por la di- putada frenteamplista Bettiana Díaz (MPP) que, en diálogo con El País, cuestiona que esta nueva versión no contemple “el derecho a la vestimenta”.

El texto que irá este martes al plenario es una propuesta de diputado colorado Walter Cervini, y fue presentado a inicios de este mes a las bancadas. Según el legislador, se trata de un “primer paso” en la búsqueda de una solución “al problema de los talles en Uruguay”. Para Cervini, la versión anterior resultaba “muy ambiciosa” y “generaba imposibilidades de llevarlo a la práctica”. Así, dijo, en lugar de atender la problemática existente sobre la falta de talles extremos, “generábamos problemas nuevos” a comercios e industria. Según Díaz, cuyo partido dará de todas formas un apoyo crítico al proyecto, las modificaciones respondieron a “reparos de la industria”.

Una de las principales objeciones de Díaz pasa por la inclusión de “exoneraciones tributarias” a las firmas que cuenten con “talles extremos”, que podrán acceder publicidad a cargo del Estado para sus promociones. Además, el texto anterior preveía multas para las empresas que no contaran con multiplicidad de talles. Al respecto, Cervini aseguró que resultaría imposible que todos los comercios pudiera tener la totalidad de talles de una prenda, de cada modelo y color. “No le queremos generar un nuevo problema en la industria, en el comercio, en la venta o en la importación”, señaló.

Por otra parte, el plan de Cervini elimina la prohibición de la existencia de “talles únicos”. Y, si bien, se prevé la realización cada diez años de un estudio antropométrico de la población, para conocer la morfología exacta de los uruguayos, ya no se habla de una “tabla nacional de talles”.

El proyecto de ley comprende a las empresas que distribuyan, importen o alquilen vestimenta y calzado, a excepción de las que se dediquen a vender saldos, ropa usada, alta costura y prendas a medida.

La primera iniciativa de este tipo había sido presentada en 2007 por el actual embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, y apenas pasó de la sanción en Diputados. En 2016 hubo un nuevo intento de la hoy directora de Asesoría Tributaria en el Ministerio de Economía, Pía Biestro, que ni siquiera fue discutido.