Con algunas conversaciones previas en los últimos días que tuvieron el objetivo de “acelerar el paso”, la próxima semana varios diputados se reunirán en la “subcomisión” que, luego de casi tres meses, retomará la discusión sobre un nuevo proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos.

La idea sigue siendo la misma: lograr aprobar con el voto de todo el Parlamento y de forma unánime esta nueva normativa antes de fin año, con nuevas reglas que puedan estar vigentes ya en el ciclo electoral que se iniciará en las internas de 2024. Y si bien en lo técnico el objetivo todavía es perfectamente viable, los tiempos políticos reducen las perspectivas de lograr la norma que lleva ya varios años naufragando a nivel legislativo.

El tema viene siendo analizado desde julio de 2020 por una comisión que, ya desde su nombre, declara haber sido creada “con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia”, que hasta el momento no registra mayores avances y que este año se reunió apenas dos veces: el 2 de marzo y el 25 de mayo.

En el período anterior el Frente Amplio, con mayorías parlamentarias, no logró aprobar su propuesta porque el entonces diputado frentista Darío Pérez se negó. Hoy, la iniciativa está en manos del oficialismo. Teóricamente, lo que esa comisión tiene a estudio es un proyecto presentado por el Frente Amplio a inicios de esta legislatura que retomó la versión anterior que fracasó en la Cámara de Representantes.

Lo más reciente, que circula entre los legisladores, es un documento que la coalición de gobierno le presentó al Frente Amplio el año pasado y que incluye un “semáforo” con el que se pretendían reflejar sus distintos grados de concordancia o discrepancia con el proyecto original.

Allí se detalló uno por uno los artículos en los que había acuerdo, los que deberían tener alguna modificación y los que se rechazaban de plano.

Con la premisa de no apoyaría el texto del Frente Amplio, el oficialismo anunció varias veces en estos últimos meses que elaboraría un nuevo proyecto buscando el apoyo unánime de todo el sistema político. Algo que, hasta ahora, no ocurrió.

Lo cierto es que buena parte de la falta de avance en estos meses fue atribuida por los legisladores a que casi todos los integrantes de la comisión debieron afrontar primero la discusión de la ley que reformó el sistema de jubilaciones y pensiones. Luego, en forma casi inmediata, pasaron a abocarse a la Rendición de Cuentas.

Para el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez esta ley es una prioridad. “No renunciamos a la posibilidad de aprobar antes de la próxima elección un proyecto que actualice la normativa vigente”, le dijo a El País el legislador.

Rodríguez tampoco descarta que, si ese aprobación se da muy cerca a las próximas elecciones, la nueva ley entre a regir recién para el ciclo electoral de 2029.

El nacionalista reparó al respecto en que “no se está partiendo de la nada” sino que de lo que se trata es de “aggiornar” una ley vigente que, como todo, puede ser mejorada, pero existe.

El Frente Amplio es firme partidario de que la nueva regulación debe regir para este ciclo electoral y que se debe buscar la aprobación de un nuevo texto antes de fin de año.

En diálogo con El País, el diputado frentista Carlos Varela planteó un “hecho objetivo”: cuanto más se dilate la aprobación del proyecto, más lejana quedará la posibilidad real de que sea aplicado en 2024.

En este sentido, Varela llamó a analizar el impacto que tendría un nuevo fracaso en la sociedad uruguaya que, aseguró, no entendería que los partidos políticos no puedan llegar a un acuerdo para controlarse a sí mismos”.

“Será una mala señal desde el sistema político que no se vote una ley de estas características, sea cual sea”, aseguró el legislador de la coalición de izquierda.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, señaló que “lo que debe haber, en todo caso, es una decisión política”. Aunque apuntó que en este tema el Partido Independiente es un “tomador de decisiones” que adoptan otros socios de la coalición oficialista.

Sobre la mesa hay otro elemento que tranca la negociación. Durante la última sesión de la comisión el diputado cabildante Martín Sodano se mostró abierto a sacar adelante una nueva ley y a trabajar en procura de los consensos. De todas formas, Sodano remarcó en diálogo con El País que la postura de su partido sigue siendo la misma. Antes que eso suceda, Cabildo Abierto debe poder ocupar el lugar que, dijo, le corresponde en la Corte Electoral.

“Es una cuestión democrática”, aseguró el legislador, que llamó a cumplir primero lo mandatado por “la soberanía popular”. La Corte Electoral plantea otro dilema. El frenteamplista Varela apuntó que, pese a que existía el “compromiso político”, en la Rendición de Cuentas recientemente aprobada en la Cámara de Representantes no se asignaron los recursos materiales para que la Corte pueda cumplir los cometidos que le encomendaría la ley.