Luego de un año y medio de indagatorias e investigaciones, las conclusiones de un sumario realizado a la actual representante por el Frente Amplio en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Andrea Venosa, sostienen que cometió una “falta grave” cuando se desempeñó como directora de Jurídica del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

En el sumario intervinieron cinco abogados. Tres de ellos resolvieron que Venosa había cometido una “falta grave”, otro que sus actos constituían una “falta muy grave” y un quinto señaló que no compartía por razones formales que INAU debiera iniciar un sumario, según supo El País.

En agosto de 2020 el nacionalista Pablo Abdala asumió al frente del INAU y al poco tiempo tomó conocimiento de que se habían encontrado en un armario 171 expedientes de sumarios que no habían tenido trámite, tal como informó El País en mayo de 2021.

En ese momento Abdala informó que gran parte de esos sumarios ya estaban terminados -y contaban con testimonios y pruebas concluyentes-, pero al ser enviados a la División Sumarios “se encajonaron”.

A partir de allí se realizó una investigación administrativa que duró cerca de un año y en la cual se llegó a la conclusión de que las “responsables” de lo que había ocurrido fueron la extitular del departamento de Sumarios y la exdirectora de la División Jurídica Notarial -que en ese entonces era Venosa. Ante esta situación, el directorio del INAU resolvió -previa consulta a la Oficina Nacional de Servicio Civil- iniciar un sumario en contra de la dirigente del sector frentista Casa Grande, informó en setiembre de 2021 el semanario Búsqueda.

Venosa ingresó a la función pública como profesional en Ancap en 2009 (ver aparte). Luego, a través de pases en comisión, fue destinada como un cargo político al INAU al frente de la división Jurídica Notarial del organismo. Y desde 2020 actúa como directora por el Frente Amplio en representación de la oposición en el directorio del Inisa.

Esta situación generó la particular complejidad de que siendo directora del Inisa el sumario corresponde a su actuación en el INAU y que quien debe finalmente resolver si aplica sanciones o no es Ancap, su organismo de origen.

Fuentes de la petrolera estatal indicaron a El País que el expediente de INAU ya fue remitido a Ancap y que Servicios Jurídicos del ente lo tiene a estudio.

Hasta el momento, según los informantes, el caso no fue remitido a su directorio para que adopte una resolución. Aunque esta decisión no debería prolongarse en el tiempo ya que existe un plazo de dos años una vez iniciado el sumario para que exista algún tipo de definición.

Sin embargo, fuentes políticas indicaron que a nivel de la función pública -y en particular en el reglamento que aplica Ancap- una sanción por cometer una “falta grave” puede implicar desde la retención de salario por seis meses acompañado de la suspensión del cargo, hasta la destitución del funcionario.

En su momento, cuando Abdala alertó sobre el hallazgo de los expedientes en un armario, desde el sindicato de trabajadores del INAU (Suinau) se pidió “ir a fondo” y así poder “determinar qué fue exactamente lo que sucedió”.

En un comunicado que emitió el sindicato en aquel entonces se aseguró que “si hubo favoritismo, impunidad e injusticias, estas deben conocerse y en la medida de lo posible corregirse”.

“Operación política”. Venosa no duda en asegurar que tanto la investigación administrativa iniciada años atrás como el sumario forman parte de una “operación política”.

En diálogo con El País la actual directora del Frente Amplio en Inisa sostuvo que la “responsabilidad por esos expedientes es de quien era directora de la división Sumarios” y que por ello, afirma, “no son hechos imputables” a ella.

“Cuando me defendí pedí que se me dijera de qué se trataban los expedientes -que habían quedado parados desde 2013 siendo que yo ingresé al INAU en 2015- y no supieron explicar de qué situaciones se hablaba. Se me imputa algo de expedientes que nunca vi”, remarcó Venosa.

Por otra parte, la integrante de Casa Grande planteó que en INAU existe “inconsistencias” ante este caso. Y señaló que quien era directora de la división Sumarios tramitó su causal jubilatoria luego de 2020 y desde las autoridades del organismo no hubo ningún reparo sobre su actuación en aquel entonces.

E insistió: “Yo no podía haber ocultado esos expedientes porque nunca vi esas situaciones porque cuando están en la división de Sumarios no pasan a la Jurídica porque son reservados”.

Por último, la actual directora en Inisa -que remarcó que dejó su cargo en suspenso y sin cobrar el salario en Ancap- recordó que cuando finalizó su gestión en INAU se hizo una inspección y “todo estaba en perfecto estado”. “Esto está perfectamente armado”, reiteró.

Y además, manifestó su disconformidad con que esta situación haya tomado estado público ya que tanto las investigaciones administrativas como los sumarios son de carácter reservado. “Se está violando una norma incluso de índole penal, pero es parte de esta operación política contra la oposición”, sostuvo Venosa.

Meses antes de que se iniciara el sumario, pero ya con la investigación administrativa en curso, el sector Casa Grande emitió un comunicado respaldando a su dirigente.

En la misiva se afirmó que las denuncias contra Venosa son una “violación flagrante a las normas del debido proceso, violando el principio de reserva” y poniendo énfasis en la “total confianza en su actuación responsable”.

Desde marzo de 2009 Andrea Venosa es abogada en los Servicios Jurídicos de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (Ancap), donde había sido becaria a partir del año 2007.

Como militante del Frente Amplio integra el sector Casa Grande. Desde 2015 a 2020 a través de un pase en comisión ocupó la dirección de la Secretaría Letrada en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Y en el actual período pasó a representar al Frente Amplio en el directorio del Inisa.

Si bien la conducta investigada de Venosa ocurrió en INAU, la Oficina Nacional de Servicio Civil establece que el organismo que debe determinar eventuales sanciones o resolver sobre su caso debe ser Ancap, donde Venosa es funcionaria formalmente. Su directorio tiene a estudio la resolución.

La gestión del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), donde Venosa es una de las tres directoras, no ha sido fácil para las representantes de la coalición de gobierno. Y es que en el último tiempo El País informó de diferencias entre la presidenta del organismo, la cabildante Rosanna De Olivera, y la directora por el Partido Nacional, Rosario Pérez, que las ha llevado a votar divididas en diversos asuntos.

Pero esta situación tiene antecedentes complejos ya que Pérez llegó al Inisa a fines de 2021 tras reemplazar a su correligionaria Sandra Etcheverry, quien enfrentaba duros cruces con De Olivera.

Estos roces llegaron a que desde Torre Ejecutiva se prestara atención y se encomendara al Ministerio de Desarrollo Social -primero bajo la administración de Pablo Bartol y luego de Martín Lema- a buscar que el funcionamiento no se viera afectado.

“Si se tienen que ir las dos, se van”, llegó a plantear a sus allegados el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a mediados de 2021 cuando el clima entre la cabildante y la nacionalista se encontraba en su peor momento.

Era una situación insostenible para la coalición de gobierno en la que la crispación entre la presidenta del Inisa, la cabildante De Olivera, y la entonces directora por el Partido Nacional, Etcheverry, se notaba en cada sesión del directorio con votaciones divididas y hasta agravios cruzados.

Eso implicó que la directora del Frente Amplio tuviera un inesperado rol siendo quien definía votaciones.

El problema se extendió durante meses hasta que -tras una cumbre entre el presidente Luis Lacalle Pou y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos- se resolvió hacer un “enroque” entre Etcheverry y la entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos, la también nacionalista Rosario Pérez.