Por Joaquín Silva
Una noche de mediados de febrero, en La Paloma, Luis Lacalle Pou compartió en su casa un asado con Rodolfo Saldain. A esa altura del año faltaba que corriera mucha agua debajo del puente para que la reforma jubilatoria fuera ley -lo que terminó ocurriendo ayer con la promulgación realizada por el Poder Ejecutivo-.

Pero para entonces, aunque no se podía saber en detalle todas las negociaciones que harían falta en la interna de la coalición de gobierno, el primer mandatario ya tenía bien claro que enfrentaría semanas muy difíciles y que se necesitaría mucha determinación para sacar la ley adelante.

Lo cierto es que ambos -el jefe de Estado y el principal redactor del articulado- descorcharon una botella de vino -de una bodega de La Rioja Alta (España)- con un nombre por demás sugestivo: “Con dos huevos”. El chiste se cuenta solo y las risas siguen hasta hoy, porque la botella que ahora descansa en una estantería de la casa de Saldain casi termina extraviada y destruida en un basural de Rocha, si no fuera porque Lacalle Pou -oportunamente avisado por Saldain- no la hubiera rescatado del contenedor de su casa de veraneo.

Humor aparte, la premonición de una tempestad política no fue exagerada: la coalición estuvo al borde de destruirse -el presidente llegó a analizar la posibilidad de expulsar a Cabildo Abierto del gobierno- y la ley fue aprobada gracias a que primó la necesidad de modificar de una buena vez el sistema previsional, por más que las negociaciones hayan aguado la leche más de lo que al gobierno le hubiera gustado.

Ahora bien, lo que también comenzó a asumirse en el oficialismo con el paso de las horas es que al esfuerzo interno que hubo que hacer para garantizar la “sostenibilidad” de las jubilaciones futuras de los uruguayos debe seguirle ahora otro equivalente para librar la inevitable “batalla electoral” que asumen impondrán el Frente Amplio y el Pit-Cnt a la cabeza, de cara a la venidera campaña hacia 2024.

De manera que hay algunas acciones que, sobre todo en filas nacionalistas -pero también en el gobierno- comenzaron a emprenderse en pos del objetivo de dar “insumos” a la militancia, por un lado, y a la ciudadanía, por el otro, para contrarrestar el embate de la oposición. Un embate que podría decirse que ya se inició con el acto por el 1° de Mayo, en el que el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, anunció que ya se analiza si hay posibilidad jurídica para impugnar la norma en una consulta popular.

Por eso para algunos blancos, como el senador Jorge Gandini, si bien en este momento hay que “esperar” al próximo movimiento de la oposición -o sea, confirmar si finalmente deciden juntar firmas o si simplemente van a entrar en el debate discursivo-, el oficialismo debería estar atento a no perder pie en el debate político, especialmente en momentos ya considerados de antesala de las próximas elecciones nacionales.

“Puede haber costo político -dijo el senador ante la consulta de El País- si no explicamos bien la reforma y enfrentamos a tiempo la batalla de la opinión pública”. Y siguió: “Es una batalla mediática y cuerpo a cuerpo, para la cual hay que dotar de fundamentos y argumentos a nuestra militancia”, que entiende tiene que estar preparada para un debate que se hará “día a día”. “Si no lo hacemos -concluyó Gandini- nos va a tomar a la defensiva y eso será muy malo”.

Con algo de esto en la mesa de análisis, el directorio del Partido Nacional ya está organizando una gira por el interior con la protagónica participación de Rodolfo Saldain, para comenzar a explicar los alcances de esta reforma y bajar a tierra muchos de sus aspectos claves.

De momento, según indicaron a El País fuentes nacionalistas, lo que está previsto es hacer una serie de “actividades” ya para este mes de mayo, y tanto con la militancia blanca como con integrantes de otros partidos de la coalición de gobierno. E incluso con representantes de la sociedad civil, como los centros comerciales -ya que la reforma afecta también a los trabajadores no dependiente.

Al esfuerzo del directorio conducido por Pablo Iturralde ya está sumado el de la dirección de la juventud nacionalista, que como hizo en su momento para defender los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, también se ha puesto en campaña para “salir a militar” el Sistema Previsional Común.

“Vamos a ir a hablar en diferentes regiones del país sobre esta reforma, con algunos referentes y con los jóvenes que estuvieron trabajando en ella en el Parlamento”, aseguró Tomás Casaretto, presidente de la juventud del Partido Nacional. “Parte de una crítica que se hace -agregó- es que la dirigencia joven y no tan joven no tiene información suficiente, por lo que vamos a generar insumos para la ciudadanía y la militancia”.

Lo que está previsto, así, es que los jóvenes visiten San José a fines de este mes, y Artigas a principios de junio, pero se sumarán otros destinos en los próximos días.

En el Poder Ejecutivo, por su lado, tienen claro que será importante el aporte que hagan los gobernantes al defender y echar luz sobre la nueva ley, haciendo énfasis en los beneficios y nuevos derechos.

Luis Lacalle Pou será, como muchas veces lo fue con la defensa de la LUC, el principal defensor de una iniciativa del cerno del gobierno (ver aparte), pero se entiende que el mismo camino deberán emprender en estos próximos meses los “ministros” que salgan a defender los asuntos de gestión vinculados a su cartera, indicaron a El País fuentes oficiales.

El objetivo es simple: “Ser didácticos y mostrar los efectos positivos que tendrá la reforma” y que además tendrán aplicación casi inmediata, resumió un integrantes del gobierno.

Qué se va a plantear del otro lado es una incógnita que ya tienen varios dirigentes del oficialismo y jerarcas de la Torre Ejecutiva, porque la hipótesis es que el Frente Amplio no querrá repetir “el error” de la batalla por la LUC, y caer en “mentiras” que luego la realidad puede echar por tierra. “La realidad va a volver a matar el relato” si siguen esa dirección, es lo que piensa, por su parte, el senador Sebastián Da Silva.

Pero independientemente del debate político, en el gobierno también está el convencimiento de que la ley aprobada no solo pone en un brete al Frente Amplio -cuyos históricos dirigentes, desde José Mujica a Danilo Astori, pasando por Tabaré Vázquez, reclamaron en su momento una reforma de esta naturaleza- sino que es un activo de la gestión de Lacalle Pou que se presentará como tal.

Es en ese sentido que se buscará transmitir “el colapso” inminente del sistema si no se encaminaba esta reforma y que todo lo que procuró evitar el primer mandatario es que “las jubilaciones futuras” tuvieran riesgo de no pagarse.

“Esto no lo vamos a hacer porque el Frente Amplio saldrá a criticar, sino porque va a ser bueno para la imagen de este gobierno”, aseguró a El País otro integrante del Ejecutivo.

De modo que, al menos a priori, en filas del partido de gobierno hay confianza en una batalla que se sabe áspera, pero sobre todo confianza en que quedó atrás aquel “costo político” que Gandini y otras voces nacionalistas habían advertido que podía estar en juego -antes del inicio de las negociaciones que desgastaron a la coalición oficialista- al abrazarse a esta reforma que en el gobierno definen como “trascendental”.