Crear un Ministerio de Justicia es una idea que está instalada en el sistema político uruguayo desde hace años, y sobre lo que hay acuerdo en términos generales. Pero se trata de esos temas que, por una razón u otra, su concreción se ha ido postergando, aunque los dirigentes y gobernantes siguen advirtiendo sobre la necesidad de contar con un organismo que alivianaría por un lado el trabajo de la Suprema Corte de Justicia y se ocuparía por el otro -es ese el plan- de la problemática de los presos, su hacinamiento y el círculo vicioso de la reincidencia.
En este período de gobierno el asunto surgió al menos dos veces. En agosto de 2021, tras una reunión que tuvo el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que entre otras cosas se conversó al respecto. Y el año pasado -y durante el transcurso de este-, cuando se incluyó el asunto entre los puntos del texto acordado en la comisión multipartidaria de seguridad -documento que no obstante no logró unanimidad entre los partidos.
Y aunque no ha habido ley al respecto ni ninguna iniciativa concreta, el tema volverá al tapete y promete quedarse durante todo el 2024 porque formará parte de las plataformas programáticas de los precandidatos a la presidencia del Partido Nacional en esta campaña que se viene.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, adelantó ayer en una exposición que hizo en el Club del Golf sobre lo hecho en su cartera (ver recuadro), que es un tema que le preocupa especialmente. Muy cercano al futuro precandidato blanco Álvaro Delgado -quien lo escuchó ayer a pocos metros-, el ministro afirmó que “en el próximo período de gobierno” el Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy en la órbita del Ministerio del Interior, tiene que “pasar a ser un Ministerio de Justicia o de Derechos Humanos”. “Lo hemos analizado con Delgado”, detalló, luego de lamentar el “círculo vicioso” de la reincidencia, estimada en 60% de los reclusos, y entender que es allí donde el Estado tiene que empezar con el despliegue de políticas sociales.
Otro jerarca que insistió en estos días con este tema es el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien integra la mesa chica de Laura Raffo -otra figura nacionalista que estará en la contienda de junio de 2024.
En entrevista con El País, Heber reconoció que este gobierno no cumplió con el punto del acuerdo firmado por todos los partidos de la coalición de gobierno en 2019 -el Compromiso por el país- que mencionaba la necesaria descentralización del sistema penitenciario y quitar la gestión de las cárceles a la cartera de seguridad.
Pero agregó enseguida: “Quiero dar la discusión sobre la pertinencia del Ministerio de Justicia. Es un debate que tenemos que dar en el próximo período”.
¿Por qué no en este? “El presidente -respondió- entiende que no va a ser tomado a bien por la opinión pública si creamos otro ministerio y tiene gran parte de razón, pero es necesario para el país y también discutir los cometidos que tendría este ministerio, que no serían solamente tener la Secretaría de Derechos Humanos y la política penitenciaria”.
El senador blanco Jorge Gandini, en tanto, que será el tercer precandidato de este partido, ya anunció que, como se acordó en 2019, propondrá descentralizar la gestión de los reclusos.
Lema habló de “cambio de paradigmas” en el Mides
Invitado ayer por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el ministro Martín Lema dijo que en los dos años y medio que lleva de gestión logró un “nuevo Ministerio de Desarrollo Social”, en el que, según dijo, introdujo varios “cambios de paradigmas”.
Así, entre otras cosas, destacó la sustitución de las ONG en la atención territorial por técnicos directos en el Mides, lo que aumentó la cantidad de horas semanales y funcionarios que se destinan a la tarea.
Resaltó asimismo la decisión de no quitar las prestaciones a las familias que superan el tope de ingresos al obtener un trabajo formal, con lo cual se imprimió un “cambio de lógica transversal” ya que se terminó “con una política ancla”.
Y remarcó la buena calificación obtenida en la FAO, que definió que Uruguay “es el país con mejor desempeño en seguridad alimentaria”.