Discuten nuevo proyecto para “independizar” defensoría pública: hay 317 abogados para atender a 230 mil personas

En todo el país hay 317 defensores públicos. Su función primordial es garantizar el acceso a la asistencia legal gratuita a aquellas personas que no pueden costearla. En 2023, tuvieron que atender a 230 mil personas en todo el país y, entre otros aspectos, presentar un total de 92 mil escritos. Solo en Familia Especializada en Montevideo, unos 100 profesionales debieron atender a 162 mil personas (38 mil en Montevideo) en 87 mil audiencias (20 mil en la capital). Un aumento del 65% en el volumen de trabajo con respecto a 2022, en un área en el que llegan a actuar en el 90% de los casos, en particular en lo que refiere a la defensa de niños y adolescentes.

En materia penal, atendieron a 48 mil personas en todo el país en 51 mil audiencias. Y en Ejecución -instancia en la que se verifica que las penas sean cumplidas- asumieron 19 mil causas nuevas, con un aumento del volumen de trabajo de 187% con respecto a 2022. En concreto, en Montevideo hay 109 defensores públicos, y el resto está distribuido en el interior.

Las cifras, correspondientes al anuario estadístico, fueron presentadas durante la última sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde comenzó a discutirse un proyecto de ley que plantea la creación de la Defensa Pública del Uruguay como un nuevo servicio descentralizado, algo que ya había sido promovido sin éxito en las dos legislaturas anteriores.

Allí expuso la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, que nuclea al 90% de los profesionales de todo el país. Una de sus dirigentes, Estefanía Broggi, consideró que la posibilidad de pasar a ser un servicio descentralizado constituye un “paso histórico” y un reconocimiento a la labor de sus colegas, que asisten jurídicamente los sectores más vulnerables de la sociedad.

En líneas generales, se plantea independizar a ese servicio del Poder Judicial. “No solo estamos insertos en un poder del Estado que es incompatible con nuestra función, sino que estructuralmente somos una mera repartición administrativa”, advirtió la secretaria general del gremio, Lucía Long. “Y así se nos ha tratado”, agregó.

Long recordó que la ubicación actual de la oficina y su falta de autonomía ha sido cuestionada a nivel internacional. Como ejemplo, citó un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de 2023, así como varias declaraciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Mercosur en los últimos quince años.

En 2022, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) le fijó a Uruguay un límite, que vence el próximo 28 de julio, para que presente un informe sobre su recomendación de “garantizar que la defensa pública se independice del Poder Judicial, jerárquica y presupuestariamente”.

La recomendación de ONU incluye que el nuevo servicio cuente con recursos financieros, técnicos y humanos adecuados para llevar adelante su labor “de manera oportuna e idónea”.

La aplicación del proyecto supone, además, una serie de desafíos prácticos. Entre otras cosas, porque establece que los bienes que hoy son del Poder Judicial y que son destinados a tareas de la defensoría, deberán pasar al nuevo servicio.

“Se nos dijo que en muchas cuestiones es muy difícil identificar qué parte del rubro está destinada a la Defensoría Pública”, advirtió Long. “Hay cuestiones que van a gastos generales y que generan dificultades para poder discernir”.

Según los defensores, hoy existe una diferencia de hasta el 50% en los salarios con respecto a Fiscalía, donde muchos defensores terminen por migrar y en donde, además, la movilidad y los ascensos son más rápidos. Con respecto a los jueces, advirtieron además que una serie de leyes recientes no hicieron más que aumentar la brecha salarial. Afirmaron, también, que fueron excluidos de sucesivas equiparaciones y reestructuras.

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado tiene previsto recibir próximamente a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que pidió dar su opinión sobre este proyecto. Esa gremial, por otra parte, también se expresará sobre el proyecto que propone crear el Instituto de Medicina Legal y Forense como un servicio descentralizado.

El proyecto de ley sobre la Defensoría Pública es parte de una treintena de iniciativas que el Frente Amplio había presentado en la pasada legislatura y que, al amparo de la nueva mayoría en el Senado, fueron reflotadas por el actual oficialismo. El texto propone para el eventual servicio descentralizado una estructura orgánica encabezada por un director nacional de Defensa Pública. Al igual que en los demás organismos de estas características, su designación quedará a cargo del Poder Ejecutivo, aunque deberá contar con la venia del Senado.

Además, para ser director nacional de Defensoría Pública se requerirá tener 35 años de edad cumplidos, y contar con “comprobada versación y experiencia”. El plazo previsto para desempeñar el cargo será de cinco años, pudiendo el jerarca ser reelecto una sola vez por igual término. El proyecto de ley prevé, por otra parte, que mientras no se sancione el primer presupuesto una vez esté aprobado y operativo el nuevo servicio descentralizado propuesto deberá regir el que tenía asignado hasta ese momento el Poder Judicial con destino a la Defensa Pública. Eso incluirá créditos, cargos presupuestales y recursos.