La renuncia de Gabriel Albornoz, entonces número tres del Ministerio de Vivienda, se dio el 3 de mayo pasado en medio de la tormenta que generó la divulgación de una decena de casos en los que Irene Moreira intervino de forma directa para otorgar y solicitar soluciones habitacionales a militantes de Cabildo Abierto.
Sin embargo, su dimisión ocurrió por otros motivos que también apuntan a diferencias con la entonces ministra de Vivienda y hoy senadora cabildante, vinculados al proceso que culminó en la firma de un convenio entre Vivienda y el Ministerio de Defensa que se dará en los próximos días para beneficiar al personal militar activo, los retirados y pensionistas.
En diálogo con El País, Albornoz reconoció que ese episodio -que ocurrió al mismo tiempo que se dieron a conocer las polémicas asignaciones- fue el detonante que lo llevó a renunciar al cargo.
El motivo
El pasado lunes el coronel retirado envió un mensaje en diferentes grupos de WhatsApp de militares retirados en el que les transmitió una buena noticia. “Estimados camaradas, les comento que ya está operativo el convenio entre el Ministerio de Vivienda y el de Defensa para que los militares en actividad, retiro y pensionistas puedan comprar viviendas nuevas a través del programa Entre Todos”, comenzó escribiendo.
“Este convenio lo hicimos el coronel Rivera Elgue (subsecretario de Defensa) y yo; y que luego de una larga negociación pudo ser firmado a mitad del año pasado gracias al impulso que le dio el ministro Raúl Lozano (también camarada nuestro) ya que el Ministerio de Defensa no quería incluir a los retirados y pensionistas en los beneficios del convenio, dejándolo solo para el personal”, continuó Albornoz, quien integra el Espacio de los Pueblos Libres de Eduardo Radaelli.
El destaque a Lozano y a Elgue así como la no mención a Moreira no son casuales.
Ese convenio fue prioridad para Albornoz, quien comenzó los intercambios con Elgue en enero de 2022 para redactar el convenio marco.
En abril se lo presentaron al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y a Moreira; ambos lo aceptaron y desde ese momento quedó en coordinación de la entonces ministra.
Defensa designó delegados y se dieron las reuniones para definir el texto final. La controversia más recurrente era la de no incluir a retirados y pensionistas, no por una discrepancia política sino jurídica, pero finalmente la discusión se zanjó en favor de su incorporación.
Sin embargo, unas semanas después, Moreira le entregó una nueva versión del convenio al ministro de Defensa, Javier García. La propuesta contenía algunos errores conceptuales que fueron señalados.
Albornoz no fue consultado ni alertado de la nueva versión que presentó Moreira y eso molestó al coronel retirado ya que en filas cabildantes consideran que detrás del paso de Moreira hubo una “disputa” por “mostrarse como quien era la persona que daba la solución para los militares”.
“Luego apareció el otro texto que desconozco quien lo hizo y cómo fue gestionado”, dijo Albornoz y agregó: “Me enteré de ese nuevo texto el 27 de abril en la tarde y el 28 fui al Senado y le dije a Manini que renunciaba. Como Moreira estaba en Polonia le presenté la renuncia el 2 de mayo de mañana, cuando ella se reintegró al ministerio”.
El acuerdo se firmó el 18 de agosto de 2023, pero aún resta la aprobación del convenio. El programa Entre Todos permite acceder a viviendas cuyo valor de venta se encuentra topeado, las que podrán financiarse con un préstamo hipotecario otorgado de hasta el 90% de su valor. Los militares activos, retirados y pensionistas podrán contar con ayuda de Vivienda para integrar el ahorro previo y el pago de la cuota mensual de hasta un 30% del valor de la propiedad.
El País intentó sin éxito comunicarse con Moreira.
La investigación administrativa a Moreira
La investigación administrativa que impulsó el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, al poco de asumir para determinar si hubo algún tipo de responsabilidades en la entrega discrecional de soluciones habitacionales que hizo su antecesora, Irene Moreira, culminó.
Tal como informó La Diaria días atrás, Lozano ya tiene en su poder el informe de la instructora que investigó una decena de casos en los que Moreira solicitó y otros en los que se llegó a la adjudicación de viviendas para militantes de Cabildo Abierto. El proceso culminará cuando el ministro Lozano determine qué resolución adoptar, en función de lo que indique el informe.
Durante la investigación hubo episodios que llamaron la atención como que la computadora de la instructora se quemara. Aunque desde el ministerio se aseguró que no hubo pérdida de información vinculada al caso de Moreira.
Por su parte, el líder de Cabildo Abierto y esposo de Moreira, ratificó a La Diaria que es necesario “que quede bien claro qué fue lo que pasó”.
“Ese informe llevó varios meses de investigación para ir a fondo en todo lo que realmente se hizo, la base en la cual se hicieron las cosas”, sostuvo Manini Ríos en diálogo con La Diaria, y remarcó que “lo único que es claro es que en ningún momento se interfirió ni se habló con la abogada instructora y se la dejó trabajar con total libertad”.
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