La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados retomó este miércoles la discusión de un proyecto de ley que propone crear una pensión reparatoria para las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros que operaron durante el pasado reciente. La premisa con que el oficialismo inició el nuevo año parlamentario era dar una trámite rápido y aprobar sin más dilaciones la iniciativa, que ya cuenta con sanción del Senado. Eso no será posible, o por lo menos no sucederá en las próximas semanas.

Pese que comparte el fondo de la propuesta, el diputado colorado Ope Pasquet (Ciudadanos) señaló este miércoles que tiene una serie de objeciones a distintos aspectos del proyecto. En diálogo con El País, el legislador explicó que el principal reparo está referido al artículo 6 del texto que llegó desde el Senado. Allí se indica que se creará una “comisión especial” que entenderá todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a estas reparaciones. También que la integración de esa comisión será determinada por la reglamentación que el Poder Ejecutivo haga sobre la ley. Lo único que se adelanta es que incluirá a dos representantes de las víctimas.

Para Pasquet, se trata de un aspecto que debería quedar claro en la ley: cuántos integrantes irán a conformar, en definitiva, esa comisión. “Eso cambia todo”, apuntó el diputado. No es lo mismo, precisó, que allí los representantes de las víctimas sean dos en tres, dos en cinco o dos en siete. “Así como está, es impracticable”, sentenció.

En el Partido Nacional, en tanto, el diputado Rodrigo Goñi insistió a El País este miércoles que hay que votar el proyecto cuanto antes. “Ya es hora de hacer justicia y concretar la reparación moral, social y económica que corresponde”, subrayó.

Más allá de estos planteos, en la coalición se analizan hoy por hoy los costos políticos de postergar la aprobación de un proyecto que constituye uno de los “buques insignia” para los liderados por Guido Manini Ríos. El único de los presentados por Cabildo Abierto en solitario que, hasta el momento, tenía la vía despejada para convertirse en ley.

En realidad la iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo pero recoge en buena parte otro proyecto que los cabildantes habían presentado en 2020 y que estaba dirigido explícitamente a los civiles, policías y militares heridos o muertos por el accionar de grupos armados de izquierda.

El mes pasado el diputado frenteamplista Mariano Tucci había planteado en la comisión que le llamaba “poderosamente” la atención que, en paralelo a ladiscusión sobre la reforma en el sistema de seguridad social “aparece sobre la mesa” este proyecto, justo en momentos en que Cabildo Abierto había planteado dudas sobre su voto a la reforma. El diputado frenteamplista había cuestionado la voluntad de los nacionalistas de aprobar estas pensiones reparatorias con la firme postura que Cabildo ha mostrado contra la reforma jubilatoria, que hace peligrar la ratificación de esa iniciativa fundamental para el Poder Ejecutivo.

Se trata de una idea que viene cobrando fuerza en la oposición. Entrevistado a inicios de febrero por El País el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo estar seguro de que los cabildantes condicionarán su voto a la reforma a que blancos y colorados le terminen aprobando el proyecto sobre las pensiones.

La comisión recibió este miércoles el testimonio de cuatro delegaciones que pidieron ser contempladas para dar su punto de vista sobre el proyecto que plantea que el Estado asuma una reparación moral, social y económica sobre hechos que en la práctica, fueron cometidos por organizaciones particulares.

Por allí pasaron los representantes de la Asociación Toda la Verdad. Su delegado, Diego Burgueño, recordó en rueda de prensa que existen antecedentes de este tipo. Como ejemplo, citó los casos de personas que -como víctimas de la delincuencia- reciben una pensión ante la “omisión” del Estado en ofrecerles la debida seguridad.

El padre de Burgueño, Carlos, fue el civil que murió asesinado el 8 de octubre de 1969 en medio del fuego cruzado desatado por la “Toma de Pando” por parte del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN). Ajeno a los hechos, las responsabilidades de su muerte nunca fueron aclaradas.

Burgueño remarcó de todas formas que, para la asociación que integra la reparación pasa por otro lado. Allí insistió en la instalación de dos memoriales. Uno que recuerde a “nuestras víctimas” y sus familias. El otro, destinado a rememorar a todas las víctimas del pasado reciente, y que iría a reflejar la consigna “nunca más violencia entre uruguayos”.

También se reclama que los libros de texto que se utilicen en la educación nacional se reconozca “toda la verdad” y que allí se refleje la “otra historia que, dijo, nunca se contó debidamente y que “infamemente” se ha ocultado.

Las visitas a la comisión se completaron con delegaciones de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Crysol, la organización que nuclea a los expresos políticos.

También fue allí una representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Según pudo saber El País su presidente, Marcos Israel, presentó un informe en el que hizo referencia a varios artículos de la Constitución y a la obligación del Estado que allí se consagra a garantizar el goce de determinados derechos a la ciudadanía. Entre ellos, la vida.

Así, el no cumplimiento de este precepto dará lugar a la obligación por parte del Estado a reparar dicho perjuicio. Por lo tanto, para la institución el derecho a una reparación tal como lo establece el proyecto de ley está amparado por la Constitución.