"Si se tienen que ir las dos, se van”. La situación a mediados de 2021 había llegado a un punto en el cual las diferencias entre las directoras oficialistas en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) ocupaban parte de la agenda del secretario de Presidencia, Älvaro Delgado, y con esa frase el jerarca enviaba un mensaje claro a los dirigentes más cercanos sobre cuál era su postura.

Era una situación insostenible para la coalición de gobierno en la que la crispación entre la presidenta del Inisa, la cabildante Rosanna De Olivera, y la entonces directora por el Partido Nacional, Sandra Etcheverry, se notaba en cada sesión del directorio con votaciones divididas y hasta agravios cruzados. Eso implicó que la directora del Frente Amplio, Andrea Venosa, tuviera un inesperado rol siendo quien definía votaciones.

El problema se extendió durante meses, implicó una suerte de “intervención” desde el Ministerio de Desarrollo Social liderado por Martín Lema, hasta que -tras una cumbre entre el presidente Luis Lacalle Pou y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos- se resolvió hacer un “enroque” entre Etcheverry y la entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos, la también nacionalista Rosario Pérez.

Sin embargo, esas diferencias no dejaron de existir y con el paso del tiempo también se hicieron visibles entre De Olivera y Pérez, de acuerdo a lo que relataron a El País fuentes del organismo. Incluso, en algunos casos llegando a increparse a gritos.

Uno de los puntos de conflicto entre ambas y que ha sido tratado en las últimas sesiones del directorio de Inisa es la posible creación de un centro para atender a los adolescentes mayores de 18 años que están cumpliendo condenas.

Hasta ahora los mayores de edad están alojados en el centro MD, ubicado en la excolonia Berro. Sin embargo, está previsto que ese establecimiento sea clausurado -algo que la Institución Nacional de Derechos Humanos pidió en 2018- y que sean derivados a diversos centros.

De Olivera es partidaria de esta alternativa, mientras que Pérez propuso que se abra un espacio en el centro Puertas para atender específicamente las situaciones complejas que se puedan dar con reclusos mayores de edad.

Otro de los casos en los que Pérez y De Olivera no estuvieron de acuerdo está vinculado a la apertura de un sumario para funcionarios del centro Granja. Desde 2021 el directorio de Inisa tuvo a estudio posibles sanciones para funcionarios de ese centro, pero pese a contar con informes de la Jurídica que lo recomiendan, durante meses se mantuvieron diferencias entre las directoras.

La directora del centro Granja y otros jerarcas fueron denunciados en 2020 por acoso laboral a funcionarios y maltrato a los adolescentes que cumplen condena allí. Sobre un excoordinador recae, además, una denuncia por acoso sexual contra dos funcionarias y también por maltrato a los reclusos. El informe de la Jurídica planteó que se inicie un sumario con separación del cargo y retención de la mitad de su salario.

La exdirectora Etcheverry desde un principio dijo que se debía iniciar el sumario y esta posición fue la que mantuvo Pérez una vez la sucedió en el cargo. Sin embargo, Venosa y De Olivera han pedido diversas ampliaciones de la investigación administrativa previo a tomar una definición.

En diálogo con El País, De Olivera dijo que “las diferencias son las lógicas de un directorio colegiado” y resaltó que “en un 98% de los temas que analiza el directorio se acuerda” entre las tres directoras.

En medio de esta situación a nivel de directorio, la presidenta del Inisa deberá enfrentar una denuncia presentada en su contra el 10 de abril en la Jurídica del organismo.

Fue anónima por “temor a enfrentar represalias” -según consta en el documento al que accedió El País- en el que se asegura que “permanentemente se favoreció a personas cuyo único fin y mérito es hacer mandados para la presidenta del Inisa”.

Y se indica que hay “muchos casos” pero que “el más grosero de todos” es el de funcionarios que participaron como testimonios para un informe del programa “Santo y Seña” de Canal 4 en el que se planteaba la existencia de “corrupción y golpizas” entre directores.

Se apunta a siete funcionarios y se señala los cargos de dirección y subdirección a los que fueron designados por la presidenta del Inisa. La Jurídica inició el procedimiento interno y evaluará las acusaciones.