INFLACIÓN

Varios economistas manifestaron preocupación por el viraje en las políticas públicas en materia de economía, tras el anuncio del gobierno de acciones para la recuperación salarial a partir de julio. Los expertos consideran que son “poco consistentes con el objetivo de bajar la inflación y cuidar la competitividad” y que “no necesariamente tendrán impacto sustantivo en el mediano plazo”.

Los socios de la coalición habían entregado al gobierno un paquete de iniciativas que incluían una serie de medidas para bajar los precios y atenuar el impacto de la inflación. Entre las medidas, estaba incluido el adelanto de las negociaciones salariales en algunos sectores.

“Ya se venía conversando de que podía haber alguna medida de este tipo, el ministro de Trabajo había hecho algún anuncio sobre los ajustes salariales. Para analizar esta medida hay que ver cuáles son los objetivos que se buscan, y qué otros no quedan relegados pero sí en un segundo plano”, explicó este martes en diálogo con En Perspectiva el economista Pablo Rosselli.

“La inflación se encuentra arriba de 9 % en los últimos 12 meses. Es un doble problema para un Banco Central que tiene por objetivo bajar la inflación sustancialmente. Otra consecuencia es la afectación del poder adquisitivo de los salarios, pasividades y otros ingresos. Las medidas anunciadas buscan mitigar la pérdida de poder adquisitivo, pero como decimos los economistas ‘no hay almuerzos gratis’ y estas medidas traen aparejadas otro tipo de consecuencias”, agregó Rosselli.

Explayándose en su explicación, el economista detalló a través de su cuenta de Twitter que “promover aumentos más rápidos de los salarios obligaría al BCU a subir más sus tasas de interés porque la suba de salarios acentúa las presiones de inflación (vía demanda y costos de las empresas)… y más tasas de interés conducirían a un menor tipo de cambio real”.

Al sugerir al sector privado que adelante los correctivos de inflación “en contraposición con las pautas que dio en su momento y que sugerían correctivos al final de cada convenio para evitar que subas transitorias”, el gobierno “apela a aumentar el gasto (pasividades y salarios públicos) y a sugerirle al sector privado que adelante ajustes de salarios”. Para Rosselli estas medidas “no parecen consistentes con el objetivo de bajar la inflación y cuidar la competitividad” porque “no se puede simultáneamente bajar la inflación, recuperar salarios y pasividades más rápido y cuidar la competitividad”.

El economista Nicolás Cichevski también utilizó su cuenta de Twitter para dar sus apreciaciones sobre las medidas y detalló que “si bien el ajuste para públicos iba a ocurrir de todas formas”, “la mayor indexación de los salarios privados (y de pasividades en caso de que no se trate de un aumento a cuenta) podrían elevar las expectativas de inflación, ya desancladas, a mediano plazo”.

También se manifestaron sobre las medidas los economistas Javier de Haedo y Gabriel Oddone. De Haedo fue punzante y escribió: "Insólito giro del gobierno, sólo explicable por procurar mantener la cohesión de la coalición". "Las políticas fiscal y salarial se divorcian aún más de la política monetaria. Insistir sólo con la monetaria sólo puede traer problemas", agregó. Por su parte, Oddone resaltó que se trata de un paquete "demasiado genérico, lo que compromete su efectividad y lo vuelve comparativamente caro".

Además, Aldo Lema sintetizó que "lo que siempre, la política fiscal o la política salarial, ponen a prueba es el compromiso antiinflacionario del Banco Central, su independencia y el consiguiente rol de la política monetaria".

Otro detalle en el que concuerdan Rosselli, Cichevski y Gabriel Oddone, es el efecto que las medidas tendrán en los sectores más vulnerables de la población.

Oddone apuntó que el gobierno se decantó por el “sistema de convivencia”, que en su perspectiva tiene dos problemas: es caro y excluyente. “Es excluyente porque no contiene soluciones efectivas y duraderas para el núcleo duro de pobreza (jovenes y niños)”.

Para Rosselli, “la expansión del gasto público anunciada no está dirigida, una vez más, hacia los hogares más pobres (donde en general no habitan pasivos ni funcionarios públicos)”. Y Cichevski se cuestiona si estas medidas se alinean con el objetivo de “reorientar el gasto a la primera infancia, siendo que las mismas representan 1/3 del gasto público y los niveles de pobreza en menores son casi por 10 respecto a los mayores de 65”.