En una sesión extraordinaria, la Junta Departamental de Artigas trató ayer el presunto pago irregular de horas extras a funcionarios municipales, que será denunciado por la oposición en la Justicia.

Los señalamientos del Frente Amplio y el Partido Colorado comenzaron con el caso de Stefani Severo, del que dio cuenta El País.

Esta empleada administrativa, pareja del secretario general Rodolfo Caram, cobró en diciembre 196 horas extras, una compensación por 53 horas trabajadas en feriado y un adicional por ser grado siete. En síntesis, la comuna le pagó cerca de $ 181.000, un sueldo nominal muy por encima del suyo ($ 45.188) y superior al de su pareja, primo del intendente Pablo Caram.

Los ediles opositores cuestionaron en sala las presuntas irregularidades de este y otros casos, así como el “nepotismo” practicado en esta administración.

En cambio, la bancada del Partido Nacional defendio al intendente Caram, pidió esperar a los resultados de una investigación administrativa en curso y cuestionó la búsqueda de “rédito político” del Frente Amplio y el Partido Colorado.

La edila frenteamplista Sonia Alves cuestionó el “febrero amargo” que despertó este caso, haciendo un paralelismo con los 50 años de la inserrucción militar que dio paso al golpe de Estado en 1973.

Alves cuestionó el “nepotismo puro y duro” que habría ejercido el secretario general, que permite que su pareja realice casi 200 horas extras, que son imposibles de cumplir”.

El edil del Partido Colorado, Daniel Argañaraz, llamó a esta administración a ser “transparente” y atribuyó responsabilidad política al director general de la comuna, Emiliano Soravilla, por ser un superior de Severo.

Argañaraz denunció que “es humanamente imposible” hacer 196 horas extras en un mes. Y repasó el registro de horas extras cobradas por la funcionaria, basado en información que le proporcionaron sus fuentes.

“La tomó el pelo a todos”, subrayó, y dijo: “El intendente sabía. Y si no sabía, es un gran irresponsable”. Según el edil, hubo días en los que no hubo registro de ingreso a la comuna artiguense, pero sí de salida.

Los ediles blancos cuestionaron la “liviandad” y la falta de conocimiento con que se manejó la información.

“Esto de escrachar a un funcionario municipal con la intención de hacer daño al intendente para ver si puedo ganar la elección (...) no es limpio”, dijo uno de los representantes.

Asimismo, el oficialismo señaló que en anteriores administraciones se hizo un uso elevado del mecanismo de horas extras. Por ejemplo, se planteó que durante la administración de Patricia Ayala, la intendenta frenteamplista que gobernó entre 2010 y 2015, Recursos Humanos acumuló 2.638 horas extras en un mes.

Días después de que se publicara la noticia de la compensación a Severo, el jefe comunal aseguró que la funcionaria había sido cesada por “jopear” a la administración y al Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, luego se desdijo en una conferencia de prensa encabezada por Soravilla.

El director general de la comuna subrayó que todavía estaba en curso la investigación administrativa y, por lo tanto, no se podía sacar conclusiones sobre el caso.

“Al día de hoy no hay nada que permita determinar que acá hubo o una irregularidad o un delito. No hay nada. Hay documentación que prueba y que respalda las horas extras hechas por esta funcionaria, al igual que todos los funcionarios”, indicó Soravilla, que criticó el “circo político” de la oposición. Además, rechazó que se hablara de una “mafia de las horas extras” en la Intendencia.

El jerarca aseguró que Severo había renunciado, a pesar de lo que había dicho Caram en el programa 12 PM de Azul FM.

Desde entonces el caso tuvo varias ramificaciones, como la pretensión de estudiarlo en la Junta de Transparencia y Ética Pública. Incluso despertó críticas de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y hasta desencadenó una denuncia policial (ver recuadros). Ayer también se debatió sobre la concesión de un predio municipal a la hermana de Severo.