CANELONES

Una comisión preinvestigadora de la Junta Departamental de Canelonesaprobó ayer la conformación de una investigadora sobre la gestión del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, del Partido Comunista. La decisión final está en manos del plenario de este órgano deliberativo departamental.

La iniciativa fue impulsada por el edil del Partido Nacional Fabián Colombo, que responde al diputado Alfonso Lereté. Presentó seis carpetas por las que, a su juicio, ameritaba analizar la gestión de Erramouspe. Finalmente, luego de una sesión que duró siete horas y tuvo varios cuartos intermedios, la comisión preinvestigadora acordó avanzar sobre tres asuntos, según supo El País: el presunto acoso laboral cometido en el municipio, posibles irregularidades en el manejo de las ollas populares y la deuda denunciada por un proveedor ante la Intendencia de Canelones.

La comisión preinvestigadora estuvo integrada por los ediles Sergio Pereyra (Partido Socialista), Diego Núñez (Partido Comunista) y Marcelo Tamborini (Lista 400, Partido Nacional). La decisión de impulsar la comisión se votó en conjunto, luego de haber acordado reducir la cantidad de carpetas a estudiar.

De todos modos, esta resolución no dejó conformes a todos. Por un lado, el Partido Nacional prevé plantear en el plenario que se investiguen todas las carpetas.

Por otro lado, la instalación de la investigadora generó disconformidad en el Frente Amplio. Ayer se realizó una reunión de bancada para considerar el tema y siete de los 13 ediles se mostraron en contra de dar lugar al pedido de Colombo.

Según supo El País, los representantes que se mostraron a favor responden a Asamblea Uruguay, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Socialista y la Lista 99.000. Los siete en contra son del Partido Comunista y de la Lista 939.

La gestión de Erramouspe estuvo en varias oportunidades bajo la lupa. En los últimos meses, la intendencia presentó dos denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades en el municipio: una, el manejo de las ollas populares, y otra, la falsificación de la firma de un concejal en una resolución del municipio. Además, vecinos denunciaron ante la Justicia el “fomento” de ocupaciones en baldíos.