LA TRANSICIÓN

Cabildo Abierto no es solo el partido más nuevo de los cinco que integran la coalición multicolor que gobernará el país desde el 1° de marzo de 2020, sino que es el único socio que ya le ha dado algunos dolores de cabeza al presidente electo, Luis Lacalle Pou.

No fueron problemas graves, es verdad, pero sí pequeños inconvenientes sobre la marcha. Por ejemplo, el líder del partido, el general retirado Guido Manini Ríos, rechazó ser ministro de Salud Pública en el próximo gobierno y priorizó la tarea parlamentaria: será senador. Lacalle pretende que los líderes partidarios sean ministros y la negativa de Manini obliga a buscar nombres secundarios pero con cierto relieve, algo que en rigor no abunda en Cabildo Abierto, al menos no en la misma cantidad que en otros partidos.

Todo indica que otro dolor de cabeza puede ser la abierta oposición contra UPM que encabeza uno de los diputados de Cabildo, el abogado constitucionalista Eduardo Lust. El jueves, un rato después de la reunión entre el CEO de la empresa finlandesa Jussi Pesonen y Lacalle en la sede donde se trabaja en el proceso de transición, el profesor de derecho constitucional tuiteó que la seguridad jurídica que Lacalle le garantizó al director de UPM “es la que nos permitirá parar el tren y la planta de UPM”. Y agregó: “En una democracia, el valor y fuerza de la soberanía en la Nación es invencible”.

Lo cierto es que la militancia de Lust -uno de los 11 diputados de Cabildo Abierto- contra la inversión de la empresa finlandesa y el asesoramiento a vecinos de las localidades donde pasará el tren de UPM es muy anterior a la creación del partido a fines de 2018 y del lanzamiento de la candidatura de Manini en abril de 2019.

En campaña, Manini también fue crítico con la inversión y en junio pasado envió una carta a UPM informando que, en caso de ser gobierno, revisaría los términos del contrato del gobierno con la empresa y que encargaría una serie de estudios de impacto de la ejecución de la obra.

¿Por qué escribió Lust el tuit? “El presidente Lacalle dice que le hizo ver a los empresarios de UPM que Uruguay es un país que tiene seguridades jurídicas. Yo pienso igual que Lacalle y lo voté”, respondió Lust a El País. “Esa seguridad jurídica se le aplica a UPM y a los ciudadanos uruguayos”.

Lust agregó que dentro de la seguridad jurídica están los recursos de referéndum local previstos en el artículo 305 de la Constitución, que indica que el 15% de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley “tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción”.

Así, en diciembre de 2018 el abogado inició un proceso para llegar a las firmas requeridas y poner a votación de las poblaciones locales que el trazado del tren de UPM se cambie y no afecte las zonas urbanas.

“Nosotros no estamos contra el tren ni contra la planta. Lo que decimos es que, si quieren hacer ese negocio ruinoso para Uruguay, que lo hagan, después les pesará en su conciencia, pero por lo menos respeten los derechos humanos de las personas que les va a pasar el tren por la casa”, afirmó el diputado electo.

Lust cree que los referéndums -que son vinculantes- van a salir positivos porque los pobladores locales no van a querer que el tren pase por el medio de las localidades.

-¿Qué pasará en ese caso?

-Hay que reotorgar la licitación porque hay que cambiar el trazado. El presidente Lacalle va a estar agradecido porque le va a permitir renegociar el contrato. A la empresa finlandesa se le han dado tantos beneficios que ni ellos pueden creerlo. Por eso, con tal de no perder este negocio brutal, van a hacer un sacrificio y adecuar el contrato. Hay 40.000 personas y 8.000 padrones que el gobierno debió expropiar y no expropió porque el negocio financieramente se le iba de las manos.

-¿Cómo es eso de que Lacalle va a estar agradecido?

-Le estamos haciendo un favor. Él dice que fue un senador que llamó a sala a los ministros y que no está de acuerdo con el contrato. Gracias a esa gente anónima él podrá renegociar. Lo que parece algo contra Lacalle es todo lo contrario, es a favor del presidente. El tema es que el contrato no se puede incumplir, excepto que haya un acto de soberanía popular, que está encima de cualquier poder, que resuelva lo contrario. Y un referéndum es un acto de soberanía nacional.

-¿Pero eso no abre la posibilidad a una demanda de UPM?

-No es así, es tanto lo que se le ha dado, Finlandia nos colonizó… Uruguay le dio todo a Finlandia: el agua dulce, las tierras, le exoneró de impuestos, le hará un viaducto para que sus trenes pasen sin problema. Esta gente dirá “bueno, gastamos unos dólares y sacamos el tren de las ciudades”.

-Pero usted habla de parar no solo el tren, sino la propia planta de UPM.

-Sucede que sin tren, no hay planta. Van de la mano. Habrá que renegociar todo de nuevo. Y, como parte de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto dirá que el contrato no puede ser secreto y hay que ver el tema del agua y del tren.

En forma paralela, Lust presentará el próximo año demandas judiciales que ya están prontas. Según indicó a El País, hay fechas de audiencia contra el Ejecutivo y contra UPM. Deberán ir a declarar el presidente, intendentes y ministros, como testigos, según la versión del diputado electo. “Si no van, serán conducidos por la Policía”, aseguró.

-¿Cabildo tiene la misma posición que usted?

-Cabildo no existía cuando esto empezó. Así que esto es por fuera de Cabildo. Es una iniciativa que empezó en la gente, pero Manini Ríos dijo que tiene reservas con el contrato de UPM y tiene dudas con el tema ambiental.

-A usted no le pidieron que pare o que cambie el discurso desde el partido.

-No. Este tema nunca lo hablé con la junta de Cabildo Abierto. Es más, yo creo que, siendo un absoluto desconocido, salí diputado por mi postura frente a UPM. Eso me dio presencia pública. Si no hago esto, sería defraudar a esa gente que me llevó a donde estoy.

Cómo es el proceso legal contra el Ferrocarril Central

El diputado electo Eduardo Lust armó grupos con los vecinos de las localidades donde pasará “el tren de UPM” y redactó las iniciativas constitucionales. Hoy asegura que ya llegaron a las firmas requeridas en siete localidades, para ir a referéndums locales. Son todas localidades del interior: en Montevideo hay un proceso abierto y parece difícil que se llegue a las firmas. “Para ciudades como Sarandí Grande, 25 de Mayo, Durazno, Juanicó y Santa Bernardina, el tren pasa por lo que acá sería 18 y Ejido”, afirmó Lust a El País.

En enero iniciarán el proceso de referéndums locales, que terminará un mes antes de las elecciones departamentales, en mayo. Lust presentará ante las autoridades locales una iniciativa ya escrita, que dice que el tren Ferrocarril Central deberá desviarse de la zona urbana de las ciudades. Entonces, explicó Lust, la Corte Electoral de Florida, Durazno y Canelones llamará a un referéndum local obligatorio para que los pobladores resuelvan si quieren que el tren pase por la planta urbana de las ciudades o por la zona rural.