CONSECUENCIA

En octubre de 2014, el entonces presidente José Mujica inauguró una planta de procesamiento de semillas instalada por la Compañía Oleaginosa Uruguaya S.A. (Cousa) en Paso de la Arena, Montevideo. La inversión, estimada en US$ 50 millones, permitió que la empresa se encargara de la molienda y la extracción de aceites para la producción de biodiésel, tarea desempeñada por la planta de Capurro de Alcoholes del Uruguay (ALUR).

El gobierno prepara ahora una nueva ley de combustibles por la que no será necesario mezclar biodiésel en el gasoil. En este marco, el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene a su estudio la rescisión del contrato de ALUR con Cousa, vigente hasta 2026.

El gobierno está preparando el proyecto de ley sobre combustibles para enviarlo al Parlamento en las próximas semanas, iniciativa que tendrá fundamentalmente dos aspectos. Por un lado, eliminará la mezcla de biodiésel en el gasoil, con lo que pretende bajar el costo de producción y el precio de venta del combustible. Por otro, relacionará los impuestos con un tributo por emisiones de CO2, para “compensar” el efecto ambiental que generaría la eliminación de la mezcla de biodiésel, y honrar los tratados internacionales que firmó el país.

La ley 18.195, aprobada en noviembre de 2007, determinó que es obligatorio en Uruguay comercializar combustibles que contengan una mezcla de un mínimo de 5% de etanol en la nafta y 5% de biodiésel en el gasoil. Sin embargo, el Ministerio de Industria planteó a los legisladores en un documento titulado “Propuesta de revisión del sector combustibles líquidos” que “las ventajas de incorporar biocombustibles en cuanto a la reducción de emisiones y en la generación de empleo se han visto opacadas muy fuerte(mente) en los costos de los combustibles, que se han trasladado al usuario final, sea empresarial o particular”.

Ante este escenario, el subsecretario de Industria, Walter Verri, informó a El País que en paralelo a la redacción del proyecto de ley, “se está empezando a conversar la necesidad de rescindir el contrato con Cousa”, lo que abre “un proceso de negociación” con la empresa.

Consultado por El País, el director de Cousa, Jorge Gard, prefirió no hacer comentarios.

El gobierno también prevé cerrar la planta de ALUR en Capurro y redistribuir a sus 40 funcionarios.

Cousa fue fundada en 1935 por el grupo Bunge & Born y se dedicó a la producción y comercialización de aceites comestibles y subproductos derivados de la industrialización de semillas oleaginosas. En 1979 pasó a ser una compañía de capitales nacionales.

El director de Cousa informó el año pasado al semanario La Mañana que “anualmente la empresa procesa 250.000 toneladas de distintas materias primas como soja, canola y girasol para obtener aceites vegetales y harinas proteicas”.

“A los aceites crudos se los refina y se obtienen los aceites refinados, embotellados de distintos tipos. También se refina aceite de maíz y se elaboran mayonesas y grasas de uso comestible, además de los productos de uso industrial, (como el) procesamiento de granos oleaginosos para la elaboración de biodiésel”, aseguró Gard.

El 2 de febrero, las autoridades de Industria presentaron en el Parlamento el plan del gobierno para alcanzar el precio de paridad de importación de los combustibles en tres años. La propuesta, que va más allá del proyecto de ley que está preparando el gobierno, está a estudio de las bancadas y ha generado resistencias, tanto políticas como gremiales.

La senadora Lucía Topolansky, del MPP, expresó en diálogo con El País su preocupación por la posible “pérdida de puestos de trabajo y de experiencia acumulada” en la producción de biocombustibles. Otros aspectos del plan del gobierno sobre combustibles son cuestionados por legisladores colorados y cabildantes, y por la Unión de Vendedores de Naftas.