El próximo gobierno que tome las riendas del Uruguay en 96 días enfrentará varios desafíos. En materia de salud, diferentes actores han insistido con mirar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNIS); en educación, mientras, los desempeños curriculares están bajo la lupa, en medio del aterrizaje total de la llamada Transformación Educativa, desde marzo de 2025.
El gobierno saliente buscó un perfeccionamiento del sistema de salud vigente desde 2008, no instalar otro. En estos años, pandemia incluida, creció el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), corazón del SNIS. En 2023, el aporte de Rentas Generales llegó al récord: US$ 821 millones, un 1% del PIB. Es decir, se inyectó el monto, proveniente de impuestos, además de los aportes al Fonasa para sostenerlo.
Pese al esfuerzo extra estatal, que es un 25% del costo del Fonasa desde 2017, año en que quedaron en el Fonasa todos los jubilados y pensionistas que con su aporte no cubren sus tratamientos, se agudizaron las quejas sobre el valor de la cápita (pago por usuario) a las mutualistas, en medio de una suba asistencial general que se mantuvo tras la pandemia, con más demanda de otras áreas, como por ejemplo, tratamientos en salud mental.
La coordinadora de mutualistas advirtió hace un año que el SNIS está “tensionado” y que preocupa su sostenibilidad. “El sistema se va a caer si no hay una discusión profunda, franca y sobre la base de la realidad con el próximo gobierno, sea el que sea”, graficó el exsecretario de la FUS, Jorge Bermúdez. Con matices, desde el gobierno marcaron que siempre se debe tender a un sistema “más robusto” y “más sostenible”.
Las 40 mutualistas suman un pasivo de US$ 1.100 millones, de las cuales 10 fueron deficitarias en 2023, en otro escenario que cinco años atrás. Casa de Galicia cerró en diciembre de 2021 por decisión judicial tras arrastrar problemas económicos desde el anterior gobierno. Mientras que Casmu, la tercera mutualista con más usuarios, atraviesa una crisis financiera por la que el gobierno resolvió intervenirla en el mes de julio, pidió al Parlamento que vote una garantía por US$ 56 millones, y se prevé una resolución sobre el futuro de la institución.
También hay otros aspectos sobre la mesa. Por un lado, los tiempos de espera de consultas se extienden en varios casos por fuera de los plazos del decreto 359/007, en ASSE como en mutualistas, con una gran brecha de acceso a especialistas en Montevideo e interior.
También está bajo la lupa el acceso a los medicamentos. ASSE gasta US$ 110 millones por año en fármacos. A las quejas de faltantes, el prestador responde que no es generalizado y que si ocurre es por una falta eventual de stock. Asimismo, usuarios de mutualistas critican que deben pagar miles de pesos por medicamentos y estudios, varios básicos, al no quedar topeados con tickets moderadores. Por otra parte, los juicios de amparo por fármacos de alto costo no se han detenido.
Educación
En marzo de 2025 comenzará a rodar la llamada Transformación Educativa desde Inicial a Bachillerato. El cambio curricular hacia un modelo competencial estructural, con otros nombres, calificaciones y hasta la eliminación de repetición en algunos grados, fue cuestionado por los sindicatos y el Frente Amplio por entender que rebaja la calidad educativa, así como que no mejoró resultados y que se hizo sin consultar a los docentes.
Como sea, hay varios desafíos sobre la mesa. La asistencia escolar subió el año pasado, tras el repunte luego de la pandemia. Los alumnos de Inicial y Primaria faltaron en 2023 casi un mes a clases: fueron 149,4 de un total de 176,5 días. La presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, dijo que este era su “desafío más grande”. Se enviaron miles de cartas a familias y se trabajó en un cambio de sistema de alerta. Los datos de marzo a agosto marcan que uno de cada tres alumnos del primer ciclo de Primaria tuvo asistencia insuficiente.
La reforma educativa, que inició en Primaria en 2023, definió que las repeticiones solo podrán ocurrir en los siguientes grados: 2°, 4°, 6°, al fin de cada tramo. Esto desplomó el año pasado la repetición al mínimo histórico: 0,8%. Si bien no se puede comparar con años previos, en Primaria aguardan los datos de 2024 para ver si hubo cambios de desempeño en los tramos que sí se permite la repetición.
Otro desafío es atender la demanda creciente de más escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, que según la última Rendición de Cuentas de ANEP, llega al 21% de la matrícula, unos 68.000 estudiantes. Esto en un contexto de caída de la matrícula desde 2016, por la baja de la natalidad. La alta demanda por estos centros se ve en las instancias de inscripción, en todos los niveles.
En Secundaria, el porcentaje de egreso en 2023 se ubicó en 56,4%, 4,6 puntos porcentuales menos que en 2022; y fue la cifra más baja desde 2019, cuando el porcentaje llegó a 50,4%. Las autoridades indicaron que las subas desde 2020 incluyeron flexibilización de pasaje de grado, que se quitaron en 2023. La Encuesta Continua de Hogares de 2023 relevó que el 51,6% de los uruguayos entre 21 y 23 años egresó de la educación media.
En 2025 se harán de nuevo las pruebas PISA. En la edición 2022, Uruguay bajó su desempeño en Matemáticas frente a 2018; mejoró en Ciencias, y se mantuvo estable en Lectura. Ante estas evaluaciones, el informe PISA señaló las “inequidades persistentes” del sistema educativo uruguayo.
6% del PIB a educación y cambio SNIS
En las bases programáticas del Frente Amplio se habla de “retomar el compromiso histórico” de destinar 6% del PIB a Educación y 1% a Ciencia y Tecnología. Vinculado con la marcha educativa, el gobierno entrante buscará “un nuevo diseño del gobierno de la educación”, con la voluntad de reinstalar los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, que fueron eliminados con la Ley de Urgente Consideración (LUC). El senador Sebastián Sabini había dicho a El País que el FA “restablecerá la voz de los docentes” en los consejos desconcentrados. En las bases programáticas también se habla de convocar al Congreso Nacional de Educación, “cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes, sin desmedro de las autonomías constitucionalmente establecidas”.
“Aspiramos a un sistema de salud de carácter público, de acceso y cobertura universal, donde la salud sea un derecho al que se puede acceder de modo gratuito y garantizado por el Estado”, señala las bases programáticas en torno a las políticas de salud.
La senadora Cristina Lustemberg, posible ministra de Salud Pública con el arribo de Yamandú Orsi al poder, indicó a El País días atrás que el pago de tasas moderadoras (ticket y órdenes) en las mutualistas sea “de acuerdo al nivel de ingresos” de los usuarios. “No es lo mismo el ticket que pago yo como legisladora, que el que puede pagar un jubilado, o una de las 570.000 personas que cobran $ 25.000 o menos”, dijo.
Otra medida que está sobre la mesa es “reformular” la cápita que reciben las mutualistas por usuario. Hoy se paga por sexo y edad, y se busca incluir comorbilidades y otros aspectos. Además, Lustemberg se mostrado a favor de “fonasear” ASSE.
Datos: diferencias en salud y educación
Inasistencia escolar: más impacto en quintiles bajos
En 2023, los niños de Primaria con 140 asistencias o menos llegaron a 12,1% en escuelas del quintil 5 (más favorecido), mientras que la cifra se triplicó (36,3%) en las del quintil 1 (más desfavorecido), según cifras de Primaria.
Vaciamiento de las aulas: nueva caída en Inicial y Primaria
En la vuelta a clases 2024, hubo 9.602 estudiantes menos en las escuelas públicas frente a diciembre. Los argumentos de las autoridades educativas y estudios al respecto refieren a una pronunciada baja de natalidad.
Egreso liceal dispar: suba en el sistema privado
El egreso liceal en liceos oficiales (públicos) cayó en 2023 (56,4%), mientras que subió en los liceos habilitados (privados), pasando de 85,7% en 2022 a 86,7% el año pasado. Y se registró la mayor suba en la matrícula en privados desde 2016.
Acceso a fármacos caros: récord de juicios de amparo
Hubo unos 1.600 recursos de amparo en 2023 para acceder a medicamentos y tratamientos de alto costo, que no están garantizados por el sistema de salud. Se trata de una cifra récord, y un 50% más que en 2021.
Falta de médicos en interior: acceso dispar a especialistas
Persiste una brecha de especialistas en salud pública a nivel país. Por ejemplo, nueve departamentos tienen un solo oncólogo
en salud pública. En Montevideo hay un médico cada 126 personas y en el interior uno cada 476.