RENDICIÓN DE CUENTAS

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, entregó en la noche de ayer el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a la Cámara de Diputados. El texto, de 227 páginas y 459 artículos -acompañado de una Exposición de Motivos de otras 186 carillas-, incluye un incremento en el gasto de US$ 226 millones para 2023.

La mayor parte de los fondos que implican incrementos en áreas puntuales van -como ya había adelantado el gobierno- para educación y seguridad, aunque también se atienden los reclamos que venía llevando adelante la comunidad científica. Además, el documento que se prevé se discuta en el Parlamento durante los próximos tres meses, incluye la recuperación salarial para los trabajadores públicos, luego de que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmara el convenio ayer en horas de la tarde. Los sindicatos docentes aceptaron un preacuerdo que deberá ser ratificado en asamblea.

El incremento presupuestal para los distintos organismos es de US$ 156 millones que se dividen de la siguiente manera: US$ 27 millones para seguridad (23 para el Ministerio del Interior, 2 para el de Defensa y otros 2 para la Fiscalía), US$ 45 millones para educación (30 para la ANEP, 7 para el MEC, 6 para el Plan Ceibal, 1 para el Ineed y 1 para la UTEC), US$ 26 millones para las áreas de ciencia, tecnología e innovación (12 para el ANUA, 10 para innovación y 4 para la ANII), US$ 26 millones para salud (25 para ASSE y 1 para el MSP) y otros US$ 31 millones que se reparten en menor medida entre otros organismos.

El ANUA es la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, que no existe pero se propone su creación con la ley. Se tratará de un ente no estatal de derecho privado, que sustituirá a la Institución Nacional de Cine y al Audiovisual del Uruguay (Incau). La Exposición de Motivos agrega que la nueva institución se encargaría de la “coordinación estratégica del ecosistema audiovisual en el marco de las industrias creativas”.

En tanto, los otros US$ 70 millones que incluye el proyecto son los que se desprenden de los convenios salariales con COFE y los sindicatos de la educación.

El gobierno presenta también en la Exposición de Motivos cuáles son sus planes a futuro, y esto de alguna manera explica sus decisiones en cuanto al gasto. Porque a lo primero que se refiere es a “continuar mejorando” en la lucha contra la delincuencia, advirtiendo que esto es una “prioridad”. Además del narcotráfico, que se identifica como un problema y se advierte que se seguirá por la senda del “ataque frontal”, se hace hincapié en el lavado de activos, y de hecho el proyecto incorpora un aumento de penas para quienes participen de este delito.

En el capítulo sobre “La mirada hacia el futuro”, el pilar es la transformación educativa. Allí se destaca la reforma de la gobernanza -que ya fue realizada al sacar la representación docente en Primaria, Secundaria y UTU-, la de la gestión de los centros, la de la currícula y la de la carrera docente. Para esta Rendición de Cuentas, sin embargo, aunque la ANEP había pedido US$ 49 millones, se le dio US$ 30 millones.

Con estos montos, de todas formas, según señaló el presidente de la ANEP, Robert Silva, a El País, habrá fondos para invertir en un nuevo plan de concursos para ascensos de grado de docentes, en fortalecer los equipos de dirección y de las inspecciones (con una mejora salarial que se llevaría adelante teniendo en cuenta los contextos de vulnerabilidad en que trabajan algunos), en nuevas instancias de investigación para docentes, en seguir trabajando en la reforma curricular y en completar antes del fin del período la creación de 60 centros educativos María Espínola (de tiempo completo) en secundaria y UTU, entre otras cuestiones.

El dinero que la ANEP no recibiría según este proyecto, iba a ser utilizado en mejorar los centros de UTU, en promover la extensión horaria de algunos funcionarios y también para la compra de equipamientos que son necesarios en varios centros educativos.

Por otro lado, la Exposición de Motivos hace hincapié en la determinación del gobierno de avanzar en la reforma de la seguridad social. En este sentido, se recordó que el Poder Ejecutivo ya está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley, con base en lo que fue recomendado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social y se advierte que “en las próximas semanas” habría novedades en este sentido.

El texto, además, recuerda que los expertos plantearon elevar la edad a razón de un año por generación. Y añade: “Se plantean dos opciones: iniciar el proceso a partir de las personas nacidas en 1967 o 1971. En el primer caso, los nacidos en 1967 pasarían a tener una edad mínima de retiro de 61 años, los nacidos en 1968 una edad mínima de 62 años y así sucesivamente hasta llegar a la edad de 65 años para los nacidos en 1971. En el segundo caso, la transición comenzaría para los nacidos en 1971”.