El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) registro en 2024, el último año de gobierno completo de Luis Lacalle Pou, 15.203 vinculaciones a sus servicios de protección especial. Fueron 7.549 casos de mujeres y 7.654 de varones. Se trata de menores en centros de protección 24 horas o bajo el amparo de otros dispositivos a partir de derivaciones ordenadas por el Poder Judicial.

La cifra representa un aumento de 19% con respecto a las vinculaciones que se habían registrado en 2019, el último año de la administración de Tabaré Vázquez.

Estos datos surgen del último informe de gestión de las actuales autoridades del organismo, encabezadas por el presidente Guillermo Fossati que, junto al vice, Aldo Velázquez, comenzaron este miércoles la transición junto a sus sucesores, Claudia Romero y Mauricio Fuentes, respectivamente.

"El año 2024 estuvo marcado por un incremento significativo en la demanda de atención del INAU" reconoce el informe, firmado por Fossati y al que accedió El País.

A las cifras mencionadas anteriormente, se suma un crecimiento de la población atendida en los Centros de Tiempo Parcial, como Clubes de Niños, Centros Juveniles o programas de Primera Infancia, que registraron un aumento de 15% en la cantidad de niños atendidos. En total, 147.144 menores recibieron atención en algún programa del organismo, 2,6% más que en 2023.

Si se considera el período 2021-2024, las vinculaciones aumentaron 12%. Eso quiere decir que, en esos años, más de 23 mil niños pasaron a formar parte de alguno de los programas del INAU.

"Estos números son el reflejo de una realidad que se vuelve cada vez más desafiante", indicó Fossati en el informe. "Hay más niños y adolescentes que requieren protección, acompañamiento y apoyo para superar contextos de vulnerabilidad", sostuvo. En su visión, el aspecto clave es qué hará la sociedad para evitar que estos menores lleguen a situaciones que requieran una intervención del Estado.

Según el presidente del INAU, el sistema de protección social "continúa enfrentando desafíos estructurales, que requieren respuestas integrales y sostenidas en el tiempo". Así dijo, "la sensación de 'dejá vu' es inevitable", al repasar la sucesión de informes elaborados por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) o revisando los legajos de los menores derivados. "Muchas de las historias se repiten", dijo. "Maltrato, negligencia, desprotección y falta de oportunidades", mencionó. "Lo que cambia son los nombres y las fechas, pero las realidades siguen siendo las mismas", lamentó.

La Inddhh objetó varias veces la situación de los menores bajo el cuidado del Estado. Una de las más recientes fue en el caso de una chica de 16 años, que había estado en un centro de Rivera y que en julio del año pasado murió al dar a luz. En enero de este año, la misma institución advirtió que los menores internados en el INAU están "expuestos" a ser "captados" por explotadores sexuales.

Para Fossati, el incremento en la demanda de protección puede tener varias explicaciones. Una de las principales, las "intervenciones tardías o inadecuadas durante la infancia de estos jóvenes. "Los adolescentes de hoy son los niños de tiempo atrás", señaló.

Por otra parte, el presidente del INAU cuestionó la apuesta a la "institucionalización" y advirtió que el sistema de protección especial atiende a menores que provienen de entornos diversos y que, por ende, presentan necesidades de protección diversas. Eso, dijo, obligaría a contar con servicios que se adapten a cada situación específica. Sin embargo, remarcó, la realidad indica que en muchas ocasiones "terminan ubicados donde hay disponibilidad de cupos y no necesariamente donde mejor se podrían antender" esas necesidades.

"El gran desafío sigue siendo prevenir antes de intervenir", sostuvo. Fossati indicó que esto implicaría fortalecer factores de protección comunitarios y, en particular, consolidar redes de apoyo familiar que puedan sostener a los niños en sus entornos de origen. "A lo largo de los años, se evidenció que la falta de una estrategia coordinada de prevención lleva a que la respuesta se limite a la intervención cuando el daño ya está hecho", concluyó.

Fossati aseguró que uno de los objetivos centrales de la administración que está culminando fue pasar del modelo de protección familiar al basado en entornos familiares y comunitarios. Así, el número de menores bajo esta modalidad aumentó 89% desde 2020, llegando a 4.508 casos, a través de 2.187 unidades de acogimiento.

El Mecanismo de Recepción y Abordaje de Situaciones de Violencia Institucional (Meravi) del INAU registró el año pasado 474 denuncias, 51% más que en el año anterior. Estas denuncias -canalizadas a través de mecanismos internos o a partir de la Inddhh- se concentraron, como en otros años, en los centros de atención integral de 24 horas. Entre los principales motivos, se cuentan violencia física, psicológica o sexual hacia los adolescentes allí ingresados, privación o inadecuada atención ante cualquier derecho.

El informe señaló "abordajes inadecuados" ante situaciones de abuso sexual, y "abordajes disímiles" en cuanto a prácticas sexuales entre los menores. Al respecto, se repara en que no existe un protocolo específico.

El informe del INAU incluye un capítulo referido a las adopciones. Según se indicó, el año pasado hubo 141 procesos de integración, de los cuales seis fueron bajo el amparo de la última ley de Urgente Consideración (LUC), que implicó una mayor celeridad en dichos procesos. El informe detalló un descenso de 16% con respecto a 2023 en el total de integraciones, y de 50% mediante la LUC.

Unas 174 familias aspirantes a integrar el Registro Único de Aspirantes (RUA). De ellas, 27 fueron consideradas "no idóneas" y otras 32 solicitudes fueron archivadas. Por otra parte, un total de 290 fueron abordadas en proceso de seguimiento.