Redacción El País
El gobierno firmó este jueves el contrato con el Consorcio Aguas Montevideo para la puesta en marcha del conocido como proyecto Neptuno, que consiste en la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí (San José), para abastecer con agua potable a Montevideo y el área metropolitana.

Tras la firma, Presidencia emitió un comunicado en el que indicó que el contrato "permite iniciar las obras del proyecto Arazatí, la inversión más grande de la historia del país en infraestructura para agua potable", y celebró el acuerdo.

"De este manera se culmina un proceso que se inició en noviembre de 2022, cuando el gobierno anunció la realización de la obra para la construcción y operación de un sistema de potabilizacion y abastecimiento de agua potable, que permita tener una fuente alternativa ante problemas técnicos o fenómenos climáticos adversos", indicó Presidencia.

"En los años posteriores al anuncio oficial, se cumplieron todos los pasos requeridos en materia técnica y medio ambiental. El contrato se firmó en los términos originales establecidos en la licitación. En paralelo, se acordó adicionar un memorándum de entendimiento entre OSE y el consorcio para eventuales modificaciones que en un futuro se quieran realizar. Esto podría incluir, por ejemplo, alternativas para la localización del polder (reservorio de agua bruta)", agregó la publicación oficial.

Foto: Darwin Borrelli/El País

El gobierno añadió que "para dimensionar la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país en el 2023 y su impacto en la calidad del agua", y que el proyecto en Arazatí "garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana".

"La obra es un compromiso del gobierno para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace décadas, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer a más del 60% de la población del país", concluye el escrito.

El Consorcio Aguas Montevideo, que obtuvo la adjudicación en agosto de 2023, está integrado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y FAST. Por su parte, en la firma del contrato estuvo presidente Alejandro Ruibal, entre otros representantes. Del lado del gobierno participaron integrantes de Presidencia, como el secretario Rodrigo Ferrés; de UTE, como el presidente Raúl Montero; y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier.

A las afueras de la Torre Ejecutiva, donde se firmó el contrato, un grupo de unos 70 manifestantes cantaron, aplaudieron y gritaron contra el proyecto, por ejemplo cuando entró el ministro de Ambiente, Bouvier. Entre ellos había integrantes del sindicato de OSE.

Foto: Pamela Díaz/El País